Investigaciones formales y testimonios regionales describen patrullajes conjuntos, filtración de información y pactos informales entre uniformados y grupos al margen de la ley.
Las denuncias que hoy salpican a altos mandos del Ejército colombiano y funcionarios de inteligencia tienen un eco difícil de ignorar. Esta vez, el escándalo salpicó al general Juan Miguel Huertas, jefe de comando de personal del Ejército y a Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Sin embargo, una investigación de Vorágine recogió -desde antes que el país supiera los líos entre Huertas, Mejía y las disidencias de Calarcá- testimonios de líderes sociales en regiones que datan que hoy por hoy, presuntamente, no estamos ante un caso aislado.
Antes del escándalo de los archivos de Calarcá, se supo que dos generales estaban bajo la lupa por presuntos vínculos con organizaciones criminales surgidas tras la desmovilización de las Farc.
El primer caso involucra al general Federico Mejía Torres, actual director del Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército y hasta hace pocas semanas comandante de la Tercera División.
La Fiscalía lo investiga por un posible concierto para delinquir, una acusación que se remonta justamente al periodo en que lideró la operación Perseo, un despliegue militar sin precedentes contra el frente Carlos Patiño, del Estado Mayor Central, en el Cañón del Micay.
Videos y chats divulgados por la Revista Semana muestran a tropas patrullando junto a civiles armados, así como intercambios de información y coordinaciones operativas donde habría participado Mejía.
El oficial negó cualquier alianza, aunque admitió que al llegar a la unidad encontró militares con nexos con hombres de la Segunda Marquetalia, grupo que libra su propia guerra contra el Carlos Patiño.
Las autoridades buscan ahora establecer si, en plena operación, un sector de la fuerza terminó actuando de la mano de una disidencia para golpear a la otra.
El otro oficial investigado es el general Hernando Garzón Rey, hasta hace poco inspector del Ejército. El 10 de septiembre, el presidente Gustavo Petro anunció públicamente su retiro por “fuertes indicios” de vínculos con narcotraficantes y cultivos de coca. El caso está ya en manos de la Fiscalía.
La atención se centra en su finca en Guaviare, donde —según versiones conocidas por las autoridades— se habría grabado un video en el que aparece reunido con integrantes de una organización criminal. Garzón asegura que fue víctima de extorsión y que las imágenes no reflejan complicidad, sino un intento de protegerse. Las pruebas aún no se conocen.
Las revelaciones, sin embargo, no sorprendieron a quienes conviven con el conflicto: líderes sociales y defensores de derechos humanos aseguran que la cercanía entre militares y disidencias es un secreto a voces en varios territorios.
En Putumayo, uno de los territorios más golpeados por las disidencias, tres líderes comunitarios le contaron a Vorágine que la cercanía entre militares y los Comandos de Frontera —una poderosa estructura que hasta hace poco perteneció a la Segunda Marquetalia— es evidente. Según ellos, los propios jefes de ese grupo alardearon en reuniones de que recibían alertas de los operativos militares.
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Los testimonios también describen escenas inquietantes: soldados y hombres armados utilizando los mismos corredores fluviales, paros armados impuestos por los Comandos sin presencia alguna del Ejército y una expansión territorial que, aseguran, solo fue posible gracias a la permisividad estatal.
En ese contexto, recuerdan que el general Jorge Herrera Díaz, excomandante de la Sexta División, fue retirado tras conocerse sus presuntos vínculos con un grupo asociado a la Segunda Marquetalia.
En Nariño, donde disputas entre facciones disidentes han generado una nueva ola de terror, las denuncias apuntan al mismo patrón.
Líderes locales señalan que la Segunda Marquetalia opera sin temor a la Fuerza Pública e incluso habría recibido ventajas en medio de combates contra otras estructuras. La población habla de amenazas proferidas frente a militares y de una aparente selectividad en las operaciones.
La connivencia no se limitaría a la Segunda Marquetalia. En Arauca, la Fiscalía obtuvo chats entre alias Antonio Medina —jefe del EMC— y un mando del Bloque Occidental Jacobo Arenas, en los que pedían refuerzos desde Cauca. Un desmovilizado afirmó que viajó en vehículos conducidos por soldados, cargados incluso con explosivos destinados a las disidencias.
A eso se suma la captura de un teniente que filtraba información operativa al EMC y el desmantelamiento de una red de tráfico de armas integrada por militares que robaban fusiles y munición para venderlos a grupos armados en el sur y los Llanos.
El fenómeno no es exclusivo de las disidencias. En Buenaventura, un líder comunitario denunció que desde la llegada del Clan del Golfo en 2022 la Fuerza Pública ha actuado como espectadora de confinamientos, quemas de vehículos y celebraciones públicas organizadas por el grupo paramilitar, que mantiene una alianza con disidencias para enfrentar al ELN. En esa región, asegura, el control criminal es abierto y visible.
En Bolívar, la Fiscalía capturó en octubre al coronel retirado José Alejandro Castro, señalado de dirigir un frente del Clan del Golfo y de ordenar el asesinato del líder social Narciso Beleño, quien había denunciado la complicidad militar en la zona.
Aunque Vorágine solicitó respuesta al Ejército sobre los testimonios de líderes sociales que recogieron para la investigación, no hubo pronunciamiento.
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