Laura Sarabia, una de las mujeres más poderosas del Gobierno de Gustavo Petro, vuelve a quedar en el centro de la tormenta por el episodio que convirtió a su exniñera Marelbys Meza en el rostro de uno de los mayores escándalos de la Casa de Nariño.
Lo que comenzó con la desaparición de una maleta en la vivienda de quien entonces era la mano derecha del presidente terminó involucrando un polígrafo, organismos de inteligencia, interceptaciones ilegales, policías condenados y una investigación que, tres años después, está a punto de llevar a Sarabia ante un juez.
Sarabia, quien fue canciller, jefe de gabinete, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y embajadora de Colombia en el Reino Unido, deberá asistir el próximo 14 de septiembre a una audiencia en Bogotá.
Según se conoció este martes, la Fiscalía le imputará los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.
El ente acusador recordó que los hechos investigados ocurrieron entre el 27 y el 29 de enero de 2023, cuando Marelbys Meza, entonces niñera y empleada del servicio de Sarabia, habría sido obligada a someterse a una prueba de polígrafo después de la pérdida de una maleta de la entonces funcionaria, en la que había documentación y dinero.
Fabiola Perea es la otra exempleada del servicio doméstico de Sarabia que también fue interceptada ilegalmente —“chuzada”, como se dice popularmente— por la Policía en el año 2023. Pero el episodio del polígrafo fue apenas el comienzo de una trama que terminó involucrando a funcionarios de inteligencia y miembros de la Policía.
Por estos hechos, los policías Alfonso Quinchanegua (intendente de la Sijín), Dana Alejandra Canizales Bonilla (patrullera), Carlos Andrés Correa Loaiza (capitán) y Jhon Fredi Morales Cárdenas (patrullero) fueron condenados en primera instancia.
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El caso adquirió todavía mayor gravedad con la muerte del coronel Óscar Dávila, quien para entonces coordinaba el Grupo de Protección Anticipativa de la Presidencia y cuyo nombre apareció relacionado con las investigaciones por las interceptaciones ilegales.
El 9 de junio de 2023, Dávila murió de un disparo en la cabeza dentro de una camioneta de la Policía, en Bogotá. La Fiscalía estableció inicialmente que se trató de un suicidio.
Sin embargo, con el paso del tiempo han aparecido versiones que han puesto en duda esa hipótesis y planteado la posibilidad de que detrás de su muerte pudiera haber un homicidio.
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Mientras el expediente avanzaba, la defensa de Sarabia intentó evitar que el proceso llegara a la imputación.
Sus abogados, Mauricio Pava y Mario Iguarán, exploraron con la Fiscalía una salida mediante justicia restaurativa, que contemplaba una compensación económica a la víctima a cambio de evitar la continuación de la acción penal.
La propuesta, según fuentes cercanas al caso, habría sido presentada en varias oportunidades, pero no prosperó: ni Meza ni la Fiscalía aceptaron esa salida.
El fracaso de esa negociación marca uno de los puntos que ahora resulta clave reconstruir. ¿Cómo pasó este expediente de explorar una salida restaurativa a terminar con la Fiscalía solicitando la imputación de una de las funcionarias que más poder acumuló durante el Gobierno Petro?
La respuesta está en la trazabilidad de las decisiones adoptadas durante estos tres años, en los funcionarios que tuvieron el caso en sus manos y, especialmente, en las declaraciones y colaboraciones que pudieron modificar el rumbo de la investigación.
El caso Sarabia no puede entenderse de manera aislada. Durante el Gobierno Petro, su nombre quedó asociado a varios de los episodios que generaron mayor controversia alrededor de la Casa de Nariño: el escándalo del polígrafo y las interceptaciones a Marelbys Meza y Fabiola Perea; su enfrentamiento con Armando Benedetti; la crisis por los pasaportes; los cuestionamientos sobre su patrimonio; y el choque con el propio Petro por las hojas de vida de los interventores de las EPS.
Nada de eso, sin embargo, terminó apartándola definitivamente del poder. Sarabia logró sobrevivir a cada una de esas crisis y mantenerse cerca del presidente, primero como una de sus funcionarias más influyentes y posteriormente como embajadora de Colombia en el Reino Unido. Uno de los últimos enfrentamientos ocurrió precisamente con Petro.
A comienzos de este año, el mandatario la señaló públicamente de haber permitido o, al menos, canalizado hojas de vida de personas destinadas a ocupar interventorías de EPS que, según dijo, habrían llegado a “hacer business” (negocios) con recursos de la salud. Sarabia respondió mediante sus abogadas y pidió, entre otras actuaciones, la recolección de registros de las cámaras de seguridad de la Presidencia, en un intento por llevar la discusión al terreno de las pruebas.
En otro frente, Sarabia también ha negado los señalamientos que buscan relacionarla con Jaime Ramírez Cobo, hoy mencionado en las investigaciones por el escándalo de corrupción de la UNGRD y señalado como un supuesto enlace entre el Ejecutivo y el Congreso.
El expediente está relacionado con contratos por cerca de $92.000 millones destinados a proyectos en Carmen de Bolívar, Saravena y Cotorra.
Así, la eventual imputación por el caso Marelbys no llega al final de una historia aislada, sino en el cierre de un capítulo que durante años ha perseguido a una de las figuras más poderosas del petrismo.
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