Los resultados de las revocatorias a alcaldes en este año envían un mensaje claro: a la gente no le convence este mecanismo y eso se refleja en que no asiste a las urnas en jornadas que le cuestan millones de pesos al Estado.
Esta conclusión se da solo usando las cifras. Para realizar la votación en los siete poblados donde se ha celebrado una consulta, según información de la Registraduría, se gastó cerca de 1.600 millones de pesos y la participación ciudadana promedio llegó solo al 16,1 % del censo electoral.
Por obvias razones, ninguno de estos concluyó con la salida del alcalde. Aún así, en un año de récord para la cantidad de iniciativas de este estilo que se han tramitado, aún hay 107 que esperan el visto bueno de la Registraduría para realizarse.
En la última consulta, realizada en El Palmito (Sucre) el pasado domingo 9 de julio para revocar a su alcalde, 1.586 ciudadanos acudieron a las urnas, lo que implica el 16 % de su censo electoral, muy por debajo del 40 % mínimo requerido que especifica la ley para que se hiciera efectiva.
Escenario idéntico se presentó en Barrancabermeja (Santander), Ocaña (Norte de Santander), Carmen de Bolívar (Bolívar), San Benito (Sucre), San Antonio de Palmito (Sucre), Icononzo (Tolima) y El Copey (Cesar).
Para el politólogo y experto en temas electorales, Jaime Alberto Carrión, la proliferación de convocatorias que “estamos viendo en todo el país está llevando a que este mecanismo pierda importancia”.
Agregó que este fenómeno, sumado al que está ocurriendo con consultas populares, “que se utilizan para todo últimamente, desde la minería hasta la corrupción”, está generando que los ciudadanos no se tomen en serio el mecanismo”.
La sola historia les pesa a los intentos de revocatoria que, en 23 años de existencia, no ha logrado nunca sacar a un mandatario de su puesto.
De 162 intentos registrados desde 2002, solo en 32 casos se ha superado el umbral mínimo de participación. Vale recordar la Ley 1757 del 2015 exige que para revocar a un alcalde o gobernador, a las urnas debe llegar por lo menos el 40 % de la votación válida del día que fue elegido y, por lo menos, la mitad de esta cifra más uno tiene que marcar el “Sí”.
No obstante, para Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, tan bajos niveles de votación también pueden explicarse con la falta de garantías para que los promotores puedan expresar sus motivaciones y obstrucciones administrativas de los alcaldes cuestionados el día de la votación.
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