El Juez 39 con función de Control de Garantías definirá en la mañana de este jueves si imparte o no legalidad al principio de oportunidad que busca el exfiscal de Anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, con la Fiscalía General de la Nación.
El fiscal tercero derogado ante la Corte Suprema de Justicia, Jaime Camacho, argumentó que de ser concedido el acuerdo entre ambas partes, y agregó que “cesará la acción penal en contra del señor Moreno Rivera por el término de un año”.
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En medio de la diligencia, el delegado de la Fiscalía aseguró que “desde el año 2013 el señor Moreno Rivera fue incorporado a una organización criminal que había sido liderada por Francisco Ricaurte y Leónidas Bustos, organización que funcionó por los contactos que tenían los dos antes mencionados, ellos buscaban clientes entre congresistas o gobernadores que tuvieran investigaciones en su contra”.
Según Camacho, para el manejo de estos procesos habrían contactado a los abogados Leonardo Luis Pinilla y Luis Ignacio Lyons, el objetivo era desaparecer o alterar las evidencias para obtener decisiones con audiencia de legalidad.
El fiscal del caso aseguró que, una vez Moreno es requerido por las autoridades, prendió el ventilador en varios casos.
Se trata de los congresistas Musa Besaile, a quien se le solicitaron 2000 millones de pesos; Álvaro Ashtom, que le exigieron 1200 millones; Julio Manzur, a quien se le pidieron 2000 millones de pesos; y al exgobernador Juan Carlos Abadía, investigado en la Fiscalía, donde se logró el archivo de dos investigaciones.
Con esta acusación, el fiscal aseguró que Moreno habría faltado a la ley en cuatro delitos. “Podría deducirse que el señor Luis Gustavo Moreno es responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particular y uso indebido de información privilegiada”.
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