Un episodio que ilustra el horror de lo ocurrido durante el conflicto armado colombiano, en especial con lo relacionado con la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, fue revelado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el anuncio de imputación a diez militares en retiro por crímenes de guerra y lesa humanidad ocurridos en Dabeiba e Ituango (Antioquia) entre el 2002 y 2006.
De acuerdo con lo detallado por el tribunal especial, fue tal el alcance de los crímenes perpetrados por la Fuerza Pública –investigados en el macrocaso 03–, que llegaron a asesinar a uno de sus compañeros durante una situación de combate con el fin de “generar terror”.
“El Subteniente Jesús Javier Suárez Caro fue víctima de un atentado que le costó la vida por parte de sus propias tropas, en el marco de una situación de combate y siendo uno de los propósitos del comandante generar terror en el seno del BCG-79 e intimidar a quienes quisieran oponerse o desvincularse de la empresa criminal”, relató la JEP.
Este episodio fue una de las motivaciones del tribunal especial para imputar a los otrora integrantes del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos (BCG 26) y del Batallón de Contraguerrillas No. 79 Sargento Viceprimero Hernando Cómbita Salazar (BGC79), así como al Comandante de la Brigada Móvil 11 (BRIM 11).
Lo anterior debido a que la JEP consideró que “son responsables por el asesinato y la desaparición forzada de 46 víctimas, asociadas en 23 hechos, relacionados con los cementerios de Dabeiba e Ituango. Adicionalmente, la Sala determinó verdad y responsabilidad acerca del asesinato del subteniente Suárez cometido por las propias tropas”.
El universo inicial de víctimas del caso corresponde, según el tribunal especial, con 508 necropsias obtenidas en el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Dabeiba, entre los años 1995 y 2008. “El 98% de las muertes fueron causadas con arma de fuego”, apuntó la magistratura.
