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El freno que mantuvo el macrocaso de secuestro en la Jurisdicción Especial para la Paz sin avances notables durante los últimos cuatro meses parece estar a punto de solucionarse. En diálogo con EL COLOMBIANO, fuentes de la JEP aseguraron que la Jurisdicción prepara la imputación de cargos en la que incluirá el delito de esclavitud pese a los reiterados reparos del exsecretariado de las Farc para reconocerlo.
Eso no es lo único. Según conoció este diario, el caso que involucra a ocho miembros del más alto mando de la extinta guerrilla pasará al Tribunal en un plazo máximo de seis meses, “aunque podría ser mucho menos”, aseguró una fuente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, encargada de tomar esa decisión.
Estando ante el Tribunal, los excomandantes avanzarán unos cuantos pasos del debido proceso hasta el momento definitivo, la sentencia, que además podría convertirse en la primera otorgada por la JEP desde su creación.
Una diferencia inconciliable separa a las extintas Farc de lo que le pide la Sala de Reconocimiento de la JEP. Pese a que hasta ese punto habían aceptado su responsabilidad en lo que la Jurisdicción les había imputado, el antiguo secretariado se niega a aceptar, al menos en este punto, que sus secuestrados fueron sometidos a esclavitud.
Pese a ello, reconocen un término muy similar ante la Ley llamado “trabajo forzado”, no como una política de la estructura subversiva, sino como un patrón que pudo repetirse en múltiples frentes sin la debida supervisión de los comandantes.
¿Cuál es el problema entonces? La respuesta es fácil: “Que la Sala considera que llamarlo trabajo forzado no basta y que tiene criterios diferentes a los de la defensa de las Farc para determinar si el delito de esclavitud se dio o no. Todo es cuestión de cómo se interprete la norma”, dice el funcionario de la JEP.
Para los imputados, por ejemplo, tendría que haberse configurado la intención de tratar a los secuestrados como propiedad privada para que eso pudiera considerarse como esclavitud.
Así lo apuntan en un documento de 25 páginas –que llegó a las puertas de la Jurisdicción el pasado 4 de febrero– en el que los excomandantes entregan sus observaciones sobre la imputación de esclavitud y le insisten a la Sala, una vez más, en que “no le corresponde en este punto imputar ese delito” y en que hacerlo “implicaría una violación al debido proceso”, aseguró Camilo Fagua, abogado de los comparecientes.
En todo caso, esa decisión de no aceptar que se cometió esclavitud no es permanente. Fagua insiste en que sus apoderados se niegan más que todo al modo en como se dieron las cosas e insiste en que será el Tribunal el encargado de agregar ese delito y de demostrarlo con pruebas, si es el caso. Allí, los exFarc podrían acogerse a ello y decidir, en esa instancia, que se acogerán a ese delito.
En términos sencillos –tal como lo explicó el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia–, la justicia especial funciona de maneras muy similares a la ordinaria. “En ese sentido, es la Sala la que imputa y será el tribunal el que juzgará si esos crímenes se cometieron”.
Por eso, lo que está haciendo la defensa de los excomandantes es bastante común en los procesos penales: “Esperar lo haría cualquiera porque ahí tienen la oportunidad de que el Tribunal de la JEP tenga que explicar cómo, a qué personas y por qué razones se les pida que reconozcan el delito”, dice Bernate, lo que les daría una gabela más para intentar que el Tribunal no los juzgue por ello o defenderse ante él con esa información que les presenten en su debido momento.
Así las cosas, los exlíderes de la entonces guerrilla de las Farc tienen otra oportunidad más para aceptar el cargo.
Por ahora, se sabe que retractarse de ese delito también sería una posibilidad para la JEP, pero no se espera que tome esa decisión.
En cuanto a las Farc, su reparto más grande para aceptar esclavitud no parece estar en el ámbito penal, sino en la preocupación por su reputación y por cómo son concebidos por la opinión pública, tal como interpretó la fuente en la Sala de Reconocimiento