El enfrentamiento judicial y político entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador Iván Cepeda Castro parece no tener tregua. A las batallas que ambos han librado durante más de una década se suma ahora una nueva denuncia.
Las víctimas reconocidas en el proceso contra Uribe anunciaron que demandarán al exmandatario, a sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe, así como a Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, y a otros miembros de esa colectividad por los presuntos delitos de injuria, calumnia, hostigamiento y amenazas.
En un comunicado, la bancada de víctimas recordó que Uribe fue condenado en primera instancia el pasado 1 de agosto por soborno en actuación penal y fraude procesal, y aseguró que desde entonces se ha desplegado una campaña “sistemática de persecución y difamación” en su contra.
Según la denuncia, militantes, líderes y simpatizantes del uribismo habrían difundido en redes sociales, medios de comunicación e incluso en escenarios internacionales mensajes que los vinculan falsamente con conductas delictivas.
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Uno de los puntos se refiere a los señalamientos directos contra Cepeda, a quien —afirman— han acusado de ser el “máximo jefe político de las Farc”, “el perfecto camarada de las Farc” y “determinador político del narcotráfico”. La bancada de víctimas considera que estas imputaciones “mendaces y calumniosas” ponen en riesgo la seguridad del senador y buscan minar su reputación.
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La denuncia también enlaza esta estrategia con episodios previos, como la actuación del abogado Diego Cadena, exdefensor de Uribe, quien, supuestamente, habría intentado vincular a Cepeda y al jurista Miguel Ángel del Río con el narcotráfico. Además, mencionan una demanda interpuesta ante el Consejo de Estado, con copia a la Corte Suprema, en la que se acusa a Cepeda de “lavado de activos provenientes del narcotráfico” y en la que, según la bancada, fue suplantado el abogado Óscar Armando Díaz Campos.
Con este nuevo capítulo, el ya prolongado litigio entre Uribe y Cepeda vuelve a tensarse y a extenderse más allá de los estrados judiciales, con denuncias cruzadas que reflejan un conflicto que sigue marcando la agenda política y jurídica del país.
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