Una investigación por posible tráfico de influencias en la Fiscalía y Procuraduría, sumado a un escándalo por nepotismo, fueron las razones que llevaron a Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, a presentar su renuncia al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, pese a que su carta fue aceptada, la mujer todavía sigue firmando decretos del gobierno nacional, ¿por qué?
Este 26 de julio la oficina de la Presidencia hizo público el decreto 1250. En él, el gobierno nacional toma las primeras medidas para apoyar al departamento de La Guajira en la declaratoria de emergencia económica. Al final del documento aparece la firma de Irene Vélez junto a la de otros ministros como Gloria Inés Ramírez, de Trabajo.
“Quiero agradecer al presidente Gustavo Petro por su confianza, permitiéndome liderar un sector históricamente tecnocéntrico y patriarcal. Hoy, aunque la tarea no la damos por culminada, con profundo respeto por la institucionalidad decido apartarme del cargo de ministra para evitar que las investigaciones en mi contra interfieran con la ejecución del programa del Gobierno. Estaré siempre presta a responder a las autoridades cuando así lo requieran”, dijo Vélez en su carta de renuncia.
Su decisión de desistir en el cargó, dijo ella, empezaría aplicar desde el pasado 19 de julio. Entonces, ¿por qué su aparición en el reciente decreto? Básicamente, explicaron desde la Casa de Nariño, la funcionaria seguirá vinculada a su cargo hasta que la designación de Omar Andrés Camacho quede oficializada para ocupar esa cartera.
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¿Por qué salió Irene Vélez?
En una misma semana se ventilaron dos casos –de aparentes irregularidades– que involucraron a la todavía funcionaria.
Primero, se conoció que, en enero pasado, la mujer habría presionado a un funcionario de Migración Colombia para que dejara salir del país a su hijo menor de edad sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. Esa actuación valió para que la procuraduría le abriera una investigación disciplinaria y para que en la Fiscalía indagaran por su posible participación en el delito de tráfico de influencias.
Lo que terminó de tumbar a la ministra fue un aparente caso de nepotismo. Su esposo, el productor holandés Sjoerd Van Grootheest, recibió un contrato de 128 millones de pesos para coordinar las comunicaciones de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.