El Ejército Nacional rechazó este jueves un violento ataque del que fueron víctimas dos de sus integrantes en medio de una operación contra el narcotráfico en la vereda Siloé, zona rural de Villagarzón (Putumayo).
Según informó el coronel Erik Rodríguez, segundo comandante de la institución, un subteniente y un soldado profesional sufrieron graves quemaduras luego de que un individuo les arrojara una mezcla de gasolina y aceite para después prenderles fuego, mientras tropas realizaban un procedimiento de incautación de insumos para la producción de pasta a base de coca.
El subteniente resultó con quemaduras en el 75 % de su cuerpo y el soldado en un 30 %. Ambos fueron trasladados inicialmente a un centro asistencial en Florencia (Caquetá) y se espera su evacuación a Bogotá para recibir atención especializada. Actualmente se encuentran estables y bajo observación médica.
“El Ejército Nacional rechaza totalmente estos hechos de barbarie y de degradación de los valores de la población civil que atacan de esta manera tan cruel a nuestros hombres”, dijo a Caracol Radio Rodríguez, quien además enfatizó que las operaciones contra el narcotráfico en Putumayo continuarán.
De manera extraoficial trascendió que el grupo criminal Comandos de Frontera habría obligado a la población a participar en la asonada contra los uniformados, y que en medio de esos hechos dos personas vestidas de civil los habrían rociado con gasolina antes de prenderles fuego.
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Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo se pronunció rechazando de manera categórica los hechos ocurridos en la zona rural de Putumayo. “Expresamos nuestra solidaridad con los uniformados heridos y con sus familias. Estos hechos son intolerables”, señaló la entidad.
Según el reporte de la Defensoría, la comunidad que atacó a los militares estaba actuando “bajo presión y constreñimiento de los Comandos de la Frontera, una estructura criminal con fuerte presencia en la región y que hace parte de la denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”.
En ese sentido, la Defensoría pidió al Gobierno Nacional hacer una pausa en la mesa de diálogo de paz que se adelanta con este grupo armado ilegal, hasta tanto exista un compromiso claro de repudio a estos hechos y garantías de no repetición.
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Por su parte, las autoridades confirmaron que ya se cuenta con imágenes de uno de los presuntos responsables y que la Presidencia ofreció una recompensa de 200 millones de pesos para dar con su captura.
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