El alto tribunal consideró que el jefe de Estado vulneró la honra y buen nombre de Joseba Grajales Jiméne sin sustento judicial. La compañía celebró el fallo y acusó una persecución del Gobierno.
Meses después de que el presidente Gustavo Petro enfiló contra el presidente de la compañía Keralty, Joseba Grajales Jiménez, a quien acusó de ser un “criminal” e incluso, sugirió que participó en un supuesto “crimen” frente a la financiación de campañas, este lunes se pronunció la organización, que celebró un fallo del Consejo de Estado que le ordenó al primer mandatario retractarse.
El caso se remonta a julio pasado, cuando durante una alocución el jefe de Estado empleó expresiones como “crimen” y “criminal” para hablar de Grajales. “Está prohibido que en una empresa como Keralty le pague a los políticos, el político que recibe ese dinero es un criminal,está atacando la vida de Colombia, y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros”, dijo Petro en ese entonces.
Ante ello, amparendo los derechos a la honra, buen nombre y presunción de inocencia, el Consejo de Estado le dio la razón a una tutela interpuesta con Grajales, presidente de Keralty, grupo al que pertenece la EPS Sanitas.
A través de un comunicado, la empresa reclamó que Desde hace más de tres años ha sido objeto de una persecución “inexplicable y persistente”. por parte del actual Gobierno Nacional.
“Esta situación, que ha sido afrontada por nuestra organización con entereza, transparencia y respeto institucional, alcanzó un punto crítico con las recientes declaraciones del señor presidente, que no solo carecían de sustento, sino que vulneraban flagrantemente varios derechos fundamentales, entre otros, nuestra honra y buen nombre”, explicaron.
De acuerdo con la organización, el fallo del Consejo de Estado ratificar que sus acciones han estado siempre “guiadas por el respeto a la ley” y, más importante aún, los principios éticos que caracterizan a nuestro actuar. Al final del camino, la verdad y la justicia se impone frente a la desinformación y la injuria”.
En esa línea, en referencia a Grajales, Keralty reivindicó el “esfuerzo, la integridad y el compromiso” de sus colaboradores,precisando que han seguido trabajando “con convicción a pesar del ambiente adverso que hemos enfrentado como organización”.
“Somos una compañía cuyos principios y valores no se negocian y son guías fundamentales en nuestro accionar.Ninguna campaña de desprestigio logrará desviar nuestro propósito superior: cuidar con la humanidad y construir bienestar real para millones de personas en el mundo que depositan su confianza y la de sus familias en nosotros”, agregaron.
De acuerdo con el Consejo de Estado, el uso del calificativo “criminal” y de la expresión “crimen” que empleó el presidente Petro “no se justifica con un señalamiento concreto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente el accionante habría cometido o cometió el ilícito”.
Tampoco se menciona la determinación, decisión o providencia de alguna autoridad administrativa o judicial que haya declarado responsable a Grajales Jiménez del ilícito de financiación de campañas políticas.
Para el alto tribunal, la emisión de opiniones por parte de autoridades del calibre de un jefe de Estado “debe estar soportada con una mínima carga de diligencia, que permita constatar la veracidad de los hechos en que se fundan”.
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