Lo que ha sucedido en las últimas horas respecto al uso de glifosato para fumigar en tierra los usos cultivos de uso ilícito —no por aire, como está prohibido desde 2015 a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional— evidencia una desarticulación entre miembros del alto Gobierno, empezando por el propio jefe de Estado.
Este jueves, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en la red social X que decía: “Así erradicamos el narcotráfico de Colombia. Con el apoyo voluntario del campesinado sustituyendo los cultivos de hoja de coca. Aquí campesinos de Renacer Catatumbo. Observen que es mejor arrancar la mata de raíz que fumigar. Si se fumiga vuelve a crecer”, señaló.
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Sin embargo, parece otro mensaje en contravía de lo firmado por el Ministerio de Defensa. Hay documentos ordenados y firmados por el entonces ministro Iván Velásquez para que la Policía Antinarcóticos adelante el proceso contractual por $7.700 millones para la ejecución del proyecto que incluye la compra de glifosato.
Incluso, la orden, que habría sido ejecutada por Velásquez el pasado 21 de febrero, tiene el visto bueno del Ministerio de Ambiente para su utilización.
Lo que vino después han sido cruce de versiones entre funcionarios. El mandatario señaló que no era cierto que el Gobierno había retomado el uso de glifosato (sin especificar que no era aéreo): “La política del Gobierno es el pago por erradicación voluntaria de cultivos de hoja y su sustitución por productos agroindustriales qué generen prosperidad en las comunidades”.
Horas después, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dijo que “lo que está prohibido es el de aspersión aérea. Desde ese contexto se va a dejar como última política (la aspersión terrestre) y la primordial es la sustitución voluntaria”.
Además, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue más allá y habló de cifras: “La idea es que de aquí a agosto existan unas 30 mil hectáreas ya erradicadas para completar en este año las 50 mil, o sea que con eso se cumpliría la meta con los Estados Unidos”.
Este último elemento es clave. Porque Colombia ha intentado evitar que Estados Unidos no certifique a nuestro país.
¿Qué significa? Se trata de un mecanismo implementado para evaluar la cooperación de países productores o de tránsito de drogas en la erradicación de cultivos ilícitos y el combate al narcotráfico. Si Colombia pierde esa certificación dejaría de recibir recursos económicos, incluso hasta del 50 % de la asistencia de EE. UU., pero también recibiría la oposición de ese país a préstamos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La razón por la que podrían descertificar a Colombia ya no solo es por el incremento del número de hectáreas de cultivos de uso ilícito, sino porque Petro no esté en sintonía de los intereses de Trump, que son volátiles.
¿En qué consiste el plan de aspersión terrestre con glifosato del Gobierno?
El documento, conocido por EL COLOMBIANO, cuenta con 76 páginas y en ellas se detalla que el suministro del agroquímico para la aspersión terrestre demandaría recursos por $7.700 millones ideados, entre otras, para adquirir 128 canecas de 200 litros del plaguicida y 695 bidones (recipientes) de 20 litros.
Se precisa también que podrán participar en el proceso de selección abreviada personas naturales o jurídicas de origen nacional o extranjero que “tenga dentro de su objeto social la distribución de bienes o servicios” relacionados con plaguicidas.
El herbicida será distribuido en comandos, batallones, brigadas y aeropuertos de municipios de Antioquia, Santander, Cesar, Valle del Cauca, Vichada, Nariño, Chocó, Caquetá, Tolima, Cauca, Boyacá, Guaviare, Arauca, Meta, Casanare y Putumayo.
Hay evidencia médica y científica, soportada en la sentencia de la Corte Constitucional de 2014, que demuestra que el glifosato afecta seriamente la salud, dejando secuelas graves para las personas que lo manipulan o se exponen a esa sustancia química.
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