Hasta en el ocaso del periodo presidencial de Gustavo Petro se dan hechos en los que el mandatario benefició y casi que complació a los grupos criminales.
Las recientes revelaciones de la prensa, sobre una serie de privilegios ofrecidos por su comisionado de paz al Clan del Golfo a principios de su gobierno, pusieron el dedo en la llaga sobre una serie de órdenes que en su momento fueron cuestionadas por la sociedad, y que influyeron para que se convirtiera en el primer presidente de Colombia sancionado con la vergonzosa Lista Clinton de EE. UU.
Las concesiones hechas con algunos grupos delincuenciales rayan en una presunta complicidad, que provocó la agudización del conflicto armado, de la producción de narcóticos y el terrorismo en varias regiones. Entre ellas el Catatumbo, el Norte de Antioquia, sur de Bolívar, Guaviare, Caquetá, Cauca, Valle y las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Un sector de la oposición política ha enfatizado que por hechos menos comprometedores, en años pasados fueron judicializados decenas de funcionarios en el marco de las investigaciones de la llamada parapolítica. ¿Estamos ahora ante una nueva versión de ese fenómeno, en el que agentes del Estado y criminales se amangualaron?
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En este informe periodístico se reúnen 15 hechos en los que, de manera directa o indirecta, las decisiones del jefe de Estado terminaron favoreciendo a los ilegales.
Entre ellos se cuentan la laxitud del trato con algunas facciones mafiosas vinculadas al proyecto de “paz total”, a pesar de que siguieron delinquiendo; el debilitamiento del aparato de seguridad y el frenazo a la ofensiva de la Fuerza Pública; y la bonanza histórica de la producción de cocaína.
Algunos de esos hechos provocaron la apertura de investigaciones preliminares en la Procuraduría y la Fiscalía, aunque sin avances notorios hasta la fecha.
1. Las promesas al Clan del Golfo
El 2 de septiembre de 2022, un mes después de la llegada al poder de Gustavo Petro, hubo una reunión exploratoria entre el entonces alto comisionado de paz, Danilo Rueda, y el vocero político del Clan del Golfo, Luis Pérez Castañeda (“Bruno”).
En ella, según la grabación revelada por Noticias Caracol, el funcionario le prometió el cese de bombardeos y operaciones militares en su contra, la suspensión de extradiciones y una “decisión de limpieza en la inteligencia policial, la depuración es compleja, pero se está haciendo”, le dijo.
También le pidió a “Bruno” que si sabía de oficiales que no cesaran los operativos en su contra, le dijera quiénes eran “y yo hablo con el ministro (de Defensa) para aclarar y tomar decisiones”. Toda esta oferta era a cambio de que la organización criminal participara de la política de “paz total” de Petro.
2. Caravana de la UNP y gabelas a “Calarcá”
Un grave incidente que el Gobierno le perdonó a “Calarcá”, jefe de disidencias de las Farc, fue la polémica caravana de camionetas de la UNP que transportaba a 13 disidentes y fue interceptada en un puesto de control del Ejército en Antioquia, el 23 de julio de 2024.
Los disidentes aprovecharon el transporte oficial para llevar a un adolescente víctima de reclutamiento forzado, armas ilegales, oro y dinero en efectivo.
Entre los detenidos estuvieron “Calarcá” y varios lugartenientes, pero gracias a la presión de la Casa de Nariño y una resolución de la fiscal general, Luz Camargo, fueron dejados en libertad ocho de los involucrados, reconociendo su condición de negociadores de paz.
Después de eso, Petro le ha mantenido el estatus de protección a “Calarcá”, pese a que sus frentes han masacrado militares y policías en Guaviare, Antioquia y Caquetá; entre sus víctimas estuvo el periodista Mateo Pérez, en Briceño.
3. La suspensión de bombardeos
En agosto de 2022, recién llegado Petro al Palacio de Nariño, el Gobierno suspendió los bombardeos contra los grupos armados ilegales. La medida, teóricamente, solo aplicaba cuando la Fuerza Pública supiera que en los sitios atacables había menores de edad, pero en la práctica cesó toda clase de ataques aéreos.
Según fuentes de la Fiscalía, muchas operaciones que se venían planeando de tiempo atrás quedaron en el limbo, por la imposibilidad de lanzar este tipo de acciones ofensivas.
A raíz de la situación, los grupos criminales empezaron a salir de sus guaridas tradicionales; los campamentos guerrilleros, que antes eran construidos exclusivamente selva adentro, fueron instalados en la parte alta de las montañas, con una visión estratégica del terreno. Así ocurrió en el cañón del Micay, en Cauca, con los frentes de guerra del Estado Mayor Central, que comanda “Iván Mordisco”.
4. Ceses al fuego unilaterales del Gobierno
En la madrugada del 1° de enero de 2023, Petro lanzó un trino sorpresivo: “Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones. La paz total será una realidad”.
Los primeros en replicar fueron los propios guerrilleros del ELN, alegando que no habían pactado nada con el Gobierno.
El cese al fuego terminó siendo unilateral y apenas duró tres meses, porque los grupos criminales siguieron matando líderes sociales, secuestrando y cobrando extorsiones.
La Fuerza Pública disminuyó sus operaciones para no violar la orden del presidente Petro, lo que se convirtió en un incentivo para los criminales, que incrementaron su presencia territorial y el número de combatientes.
5. Barrida de oficiales por razones dudosas
En su primer mes de mandato, Petro celebró una barrida de 38 altos oficiales de la Fuerza Pública, que al final de su jefatura terminó en 80 despidos. El aparato castrense perdió a sus oficiales más experimentados, se retrasaron operaciones contra la mafia y se quedaron archivadas importantes investigaciones penales.
Aunque el Gobierno aseguró que los llamados a calificar servicios fueron por razones de derechos humanos y graves investigaciones en curso, la verdad fue que varios oficiales fueron expulsados porque no estaban de acuerdo con la “paz total”, porque sus acciones afectaron los intereses de miembros del gabinete o por encargos de los grupos criminales que estaban en mesas de negociación.
Aún retumba la salida del general Erick Rodríguez, subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas del Comando General de las FF.MM., solo por reconocer que las Farc carnetizaban a la gente en elecciones.
6. “Paz total” sin resultados ni marco legal
El Gobierno gestionó 12 mesas de paz con grupos ilegales de diversas índoles, pero ninguna terminó en desarme, confesiones de crímenes o reparaciones de víctimas.
Dichos diálogos sin final fueron con las bandas de Buenaventura, Quibdó y Valle de Aburrá; ELN, Estado Mayor Central, Comuneros del Sur, Estado Mayor de los Bloques y Frente, Segunda Marquetalia, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Clan del Golfo, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y hasta con los exjefes de las AUC.
La negociación más avanzada fue la de los Comuneros del Sur, una disidencia del ELN en Nariño, que concentraron 100 integrantes en una Zona de Ubicación Temporal, pero a dos meses de terminar el Gobierno, por lo que su futuro es incierto.
Nunca se aprobó una ley de sometimiento en el Congreso, así que siempre fueron diálogos en el limbo, que favorecieron la impunidad de las actividades ilegales.
7. Suspensión de las extradiciones y de las capturas
El Gobierno suspendió las extradiciones de los narcos involucrados en la “paz total”, y tres de ellas generaron disgusto en las autoridades de Estados Unidos.
La primera fue la de Geovany Andrés Rojas(“Araña”), líder de los Comandos de Frontera y negociador de paz dela Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Los otros fueron Willinton Henao Gutiérrez (“Mocho Olmedo”), cabecilla y negociador del Estado Mayor de los Bloques y Frente(EMBF); y Gabriel Yepes Mejía (‘HH’), de los Comuneros del Sur. Según los estadounidenses, durante las negociaciones participaron en la exportación de cocaína, pero fueron protegidos por Petro.
8. Los archivos de “Calarcá” que el presidente quiso ignorar
Uno de los hechos más graves fue destapado el 23 de noviembre de 2025 por Noticias Caracol, que hizo pública parte de la información decomisada por la Dijín en los dispositivos de almacenamiento de “Calarcá”, tras su detención temporal en la caravana de la UNP de 2024.
Aunque él quedó libre, las autoridades lograron legalizar en audiencia los aparatos incautados (memorias USB y celulares). En el análisis forense se recuperaron mensajes que daban cuenta de las presuntas conexiones del EMBF con funcionarios del Estado, que al parecer le filtraban información reservada de las operaciones en su contra.
Ahí resultaron salpicados el general Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), los cuales fueron suspendidos 3 meses por la Procuraduría.
Petro negó en un principio que la información fuera real, luego le dio el beneficio de la duda, pero al final respaldó a los dos funcionarios sospechosos, y tanto Huertas como Mejía continuaron en sus funciones. En el aire quedó la sensación de que en varias matanzas de militares ejecutadas por el EMBF fue clave esa información filtrada.
9. Favoreció la producción de cocaína
Durante el gobierno Petro, el narcotráfico llegó a niveles de producción nunca antes vistos. Esto se debe a dos fenómenos, principalmente: el crecimiento de la demanda global por esa droga, y una política de protección a los cultivadores de coca promovida por el jefe de Estado.
Petro, con la idea de descriminalizar al campesino, redujo la erradicación forzosa de cultivos de coca. Según datos del MinDefensa, en 2022 se erradicaron 68.893 hectáreas; en 2023, la cifra cayó a 20.325 hectáreas; en 2024 fueron 9.403 y en 2025, 8.051.
Aunque su idea era impulsar una erradicación consentida con el campesino, reemplazando el cultivo ilícito por uno legal, la verdad fue que la siembra de coca se disparó: de 230.000 hta en 2022, a 261.000 en 2024, según el monitoreo de la ONU.
En consecuencia, la producción potencial de cocaína saltó de 1.738 toneladas métricas anuales en 2022, a 3.001 ton en 2024. Los narcos hicieron fiesta, exportando más que nunca. La defensa del Gobierno fueron las grandes incautaciones, con un récord histórico de 985 ton en 2025, que no representan ni la mitad de lo que los narcos producen.
10. El manoseo a la Dirección de Inteligencia
La agencia responsable de la Inteligencia del Estado tuvo cuatro directores en el mandato de Petro, ninguno de ellos con experiencia en las tareas del cargo: Manuel Alberto Casanova, Carlos Ramón González (prófugo de la justicia por el escándalo de la UNGRD), Jorge Arturo Lemus y René Guarín, todos exmiembros de la guerrilla del M-19.
Funcionarios de la entidad contaron a este diario que el Gobierno mermó el presupuesto para misiones en el exterior y pago de informantes, y que destinó gran parte del tiempo y recursos de la entidad en “desmantelar” un golpe de Estado imaginario, depurar a la Fuerza Pública y diseñar cortinas de humo para mitigar los escándalos mediáticos de corrupción.
Los exguerrilleros también se enfocaron en acceder a los archivos del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para identificar a quienes los persiguieron durante sus días de subversivos en los 80 y los 90.
La agencia descuidó la lucha contra el crimen organizado transnacional, y la presencia de mafias y bandas extranjeras se multiplicó en Colombia, entre ellas el cartel de Los Balcanes, el Tren de Aragua y las redes de los narcos ecuatorianos.
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11. Pacto de La Picota y “tarimazo”: criminales empoderados
Durante la campaña presidencial de 2022, delegados del entonces candidato Petro, incluyendo su hermano Juan Fernando, se reunieron con varios peces gordos en La Picota (Bogotá) y otras cárceles del país.
Según denuncias que investiga la Fiscalía, les prometieron beneficios legales a cambio de apoyo para ganar la Presidencia, en lo que se conoció a nivel de los medios como “el Pacto de La Picota”.
Luego, el 21 de junio de 2025 en Medellín, Petro lideró un acto de proselitismo político en la plazoleta de La Alpujarra, el centro del poder administrativo de la ciudad.
En ese escenario, junto a su gabinete, compartió tarima con los jefes del crimen organizado del Valle de Aburrá, los cuales participaban del proceso de “paz total”.
De esta manera, el mandatario envió un mensaje de desafío a sus opositores, que no dudaron en rechazar lo ocurrido.
Ambos hechos terminaron empoderando a los jefes de la mafia. A esto se suma la parranda vallenata de la cárcel de Itagüí, el pasado 8 de abril, cuando Petro anunció que trasladaría de prisión a todos los voceros de las bandas involucrados, pero solo movieron a un cabecilla de menor rango y la mesa de paz urbana siguió como si nada.
12. Redujo presupuesto de defensa
Debido a la crisis fiscal y la desaprobación de la reforma tributaria en el Congreso, el Gobierno le recortó al presupuesto general $28,4 billones para 2025 (5,6% del total aprobado en 2024).
Según el MinHacienda, la reducción para el sector Defensa fue de $606.000 millones en gastos de funcionamiento, lo que afectó el pago de combustible, licencias de software, compra de arsenal, mantenimiento de helicópteros y financiación de grupos especiales (Dipol, Dijín, Dicar y Dirán) desplegados en regiones contra blancos estratégicos en 2024 y 2025. Según el Comando de las FF.MM. su déficit financiero rondaba los US$67 millones.
13. La sanción del Grupo Egmont
El Grupo Egmont, que reúne a 177 organismos de inteligencia financiera del mundo y coordina la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, suspendió a Colombia de su organización en septiembre de 2024.
La razón fue que Petro divulgó sin autorización un informe confidencial entregado a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
En una alocución televisada, el presidente leyó un reporte sobre la compra del software Pegasus (para interceptar comunicaciones) por parte del gobierno anterior, alegando que fue para interceptarlo a él y a otros miembros de la oposición.
La decisión, que se mantiene hasta hoy, favoreció a los lavadores de dinero y patrocinadores del crimen organizado.
14. Cuestionables ofertas de Jorge Lemus
En su rol de director de la DNI, Jorge Lemus sostuvo reuniones, con el aparente aval de Petro, en las que ofreció gabelas y solicitó favores a personajes del bajo mundo.
Se reunió dos veces con el abogado del contrabandista Diego Marín (“Papá Pitufo”), ofreciéndole retrasar su extradición desde Portugal y un trato preferencial de la Fiscalía, a cambio de que él delatara a sus socios.
También se reunió con el confeso narco Eduard Rincón (“Boyaco Sinaloa”), y le pidió que intercediera con congresistas amigos para que se aprobara la ley de sometimiento de bandas. Lemus fue cuestionado por presuntas extralimitaciones del cargo.
15. El humo de la Junta Directiva
Cuando le resultaba algún escándalo, el presidente se jugaba la carta de la víctima: decía que lo quería matar la Junta Directiva del Narcotráfico, una organización con tentáculos en Dubái.
Petro inventó que ese grupo regentaba al Clan del Golfo y a las disidencias de “Iván Mordisco”, y provocó un desgaste de las agencias de seguridad tratando de confirmar mentiras para lavar la imagen del mandatario.
Si bien es cierto que esta red existe, no es real que gobierne al Clan o a las disidencias, y tampoco se comprobó que pretendiera matar a Petro; aún así, se invirtieron recursos para investigarla, sin que a la fecha haya una sola captura. Mientras tanto, fiscales se quejaron porque los investigadores de la Policía no trabajaban sus casos contra otras mafias.
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