La consulta con la que sectores de izquierda buscan escoger al sucesor de Gustavo Petro con miras a las elecciones presidenciales quedó ayer contra las cuerdas. A través de una resolución, la Registraduría no solo ratificó que la inhabilidad del exalcalde Daniel Quintero para ser candidato y medirse en el proceso, sino que dejó en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) la eventual participación de Iván Cepeda, nada menos que el favorito en las encuestas para llevar la posta del petrismo.
La medida se conoce a solo cinco semanas de que se celebren las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo y justo cuando los cinco partidos que conforman la alianza inscribieron la ahora denominada “Consulta del Frente por la Vida”. Allí tienen asiento, además de Cepeda, el exgobernador Camilo Romero y el exembajador Roy Barreras.
Aunque la Registraduría cerró de tajo la participación de Quintero –quien alcanzó a figurar en el tarjetón de la consulta del Pacto en octubre pasado–, el exalcalde de Medellín sorprendió con una jugada desesperada para mantener vigente su aspiración en el proceso: lanzó a su esposa, Diana Osorio, como candidata con el aval del Partido del Trabajo.
Mientras Osorio asegura que estudiará la invitación para participar en la consulta, en el petrismo la preocupación es otra: la filigrana política en el CNE que permitirá darle vía libre o no a Cepeda en el mecanismo. Justo hoy miércoles, la Sala Plena del organismo –que no deja de estar mediado por fuerzas políticas– está citada para responderle a la Procuraduría y a la Registraduría si el senador está habilitado para inscribirse en la consulta.
Lo que debe estudiar el CNE
A medida que se acerca el inicio formal de la campaña presidencial este próximo 31 de enero, la incertidumbre sigue entonces sobre la candidatura de Iván Cepeda, uno de los líderes más fuertes de la izquierda colombiana y el llamado a seguir las banderas del presidente Gustavo Petro, como lo han reconocido ambos en distintos escenarios públicos con sus palabras de apoyo a un programa “progresista”.
El senador, quien hoy ocupa el primer lugar en las encuestas, enfrenta un complejo embrollo jurídico que podría dejarlo fuera de la consulta del Frente Amplio programada para el 8 de marzo. El debate central gira en torno a si la consulta realizada por el Pacto Histórico el pasado 26 de octubre fue un proceso interno o una consulta interpartidista formal. Esta distinción es vital debido a las restricciones legales sobre la doble participación.
Ese día, Cepeda Castro resultó elegido con 1’286.859 votos (aproximadamente el 65% de la votación válida). Tras su victoria, se consolidó como el candidato oficial de este sector para la primera vuelta presidencial. Carolina Corcho quedó en el segundo puesto con 578.037 votos (cerca del 29%) y en tercer lugar Daniel Quintero con 110.486 votos (alrededor del 6%).
Fue precisamente esa consulta la que en días recientes generó cuestionamientos a su campaña. Como lo denunció el periodista y columnista de este diario Melquisedec Torres, una parte importante de las donaciones que recibieron Iván Cepeda y Carolina Corcho —$1.462 millones de $2.392 millones en total— para la consulta del Pacto Histórico, provenían de empresas sin reportes de actividades financieras o incluso lugares donde ya no funciona la actividad comercial que aparece en los papeles, como un restaurante de corrientazos.
Con esa consulta interna, en medio de señalamientos, lo primero que deberá analizar el CNE tiene que ver con la tesis del “pacto roto”. El exregistrador Juan Carlos Galindo, en declaraciones a EL COLOMBIANO, ha sostenido que que Cepeda ya fue reconocido como candidato en un certamen previo.
Según Galindo, el Artículo 7 de la Ley 1475 dicta que el resultado de las consultas es obligatorio, por lo que permitirle participar nuevamente “desconocería la voluntad de los ciudadanos” y podría viciar todo el proceso electoral. Contrario a ese argumento, el jurista Alfonso Portela ha dicho que el ejercicio de octubre fue un acto de “fortalecimiento de una colectividad política”.
Para Portela, restringir a Cepeda sería una vulneración de sus derechos constitucionales a elegir y ser elegido, los cuales deben prevalecer sobre interpretaciones técnicas restrictivas. Aunque la presión crece, el Consejo Nacional Electoral ha optado por el silencio estratégico para evitar recusaciones por prejuzgamiento.
Magistrados del CNE, consultados por EL COLOMBIANO bajo reserva, confirmaron que la discusión formal solo iniciará una vez que se materialice la inscripción de la candidatura este sábado. La decisión final no será meramente técnica. Al ser un organismo político, las posturas e ideologías jugarían un papel determinante en una Sala Plena donde, según fuentes internas, “no necesariamente todo es jurídico”. Es decir, más allá de un nombre en el tarjetón, el fallo del CNE sentará necesariamente un precedente para las elecciones de 2026.
La discusión alrededor de la participación de Cepeda no solo está mediada por consideraciones jurídicas. Al tratarse de un organismo cuyos magistrados son postulados por los partidos y elegidos por el Congreso, la última palabra frente a su presunta inhabilidad no estaría exenta de factores externos.
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Para que haya una decisión en firme se requiere un bloque de seis de los nueve magistrados –es decir, la mayoría absoluta–. Actualmente, en el organismo hay tres magistrados de línea petrista: Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velásquez.
En contraste, desde la oposición aparece el magistrado Álvaro Hernán Prada, mientras que con representación de partidos independientes figuran Maritza Martínez, Alfonso Campo, Cristian Quiroz, Benjamín Ortíz y Altus Baquero.
Aunque no deja de ser incierto qué posturas puedan asumir frente al caso de Cepeda, hay quienes consideran que permitirían su participación en la consulta “para no convertirlo en un mártir de la izquierda”, como dijo una fuente al interior del organismo.
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Con todo, un vistazo a cómo votaron semanas atrás los magistrados la decisión de sancionar a la campaña de Gustavo Petro en 2022 permite medir cómo están las fuerzas en el corazón del CNE. En noviembre pasado, tanto Prada como Ortíz –ponentes de la decisión en contra del petrismo– votaron a favor de la castigar a la campaña y fueron secundados por Altus Baquero, Alfonso Campo y Maritza Martínez. Solo Cristian Quiroz y Fabiola Márquez se opusieron.
Por su parte, Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velásquez no pudieron participar por conflicto de intereses y en su lugar votaron dos conjueces. Uno de ellos votó a favor de la sanción y el otro en contra.
La ‘jugadita’ de Quintero
En su resolución, la Registraduría puso punto final a la discusión alrededor de la participación de Quintero y le dio un portazo a su candidatura. ¿La razón? El organismo corroboró que el pasado 26 de septiembre –un mes antes de la consulta del Pacto Histórico en la que Iván Cepeda se impuso a Carolina Corcho–, el exalcalde de Medellín presentó un acuerdo de voluntad en el que se postulaba al mecanismo.
Aunque al final Quintero se bajó del proceso, con todo y que su nombre y foto alcanzaron a figurar en el tarjetón, la autoridad electoral determinó que el 3 de octubre, día en que vencía el plazo para la modificaciones, ninguna de las organizaciones político reportó novedades o cambios.
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“La Registraduría no recibió, antes de la realización de la consulta, comunicación alguna de los partidos que convocaron la consulta, sobre el retiro o renuncia del precandidato Daniel Quintero Calle”, determinó el organismo.
Así las cosas, la conclusión fue tajante: en lo formal, Quintero sí participó de la consulta del 26 de octubre y, como lo establece la ley, no podía participar en otra consulta dentro del mismo certamen. “Aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”, determinó la Registraduría.
La decisión se conoció este martes, justo cuando Quintero pretendía inscribir su candidatura luego de que a mediados de diciembre –en una cuestionada decisión–, el exalcalde sorprendió al anunciar que el partido de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) le había dado el aval para presentarse a la contienda. Según La Silla Vacía, quien habría propiciado este movimiento sería Roy Barreras, candidato del partido La Fuerza.
Previamente, consciente de una aparente inhabilidad, Quintero insistió en inscribir su comité de recolección de firmas y avalar así su candidatura a la Casa de Nariño. No obstante, la Registraduría dijo no a esa alternativa advirtiendo que estaba inhabilitado.
Ante el portazo de este martes, el exalcalde no se quedó con los brazos cruzados y, en otra de sus célebres ‘jugaditas’, habría impulsado la intempestiva candidatura de su esposa, Diana Osorio. Horas después de conocida la resolución, ayer se conoció un video en el que la denominada “gestora social de Medellín” en la época Quintero anunciaba la invitación del Partido del Trabajo para hacer parte de la consulta de la izquierda.
“Recibo esta invitación con mucha gratitud porque viene de quienes creen que la política debe ser para la gente y no para los poderosos de siempre. El establecimiento colombiano le ha negado una y otra vez la oportunidad a mi esposo, Daniel Quintero, el derecho fundamental a competir por la Presidencia de la República. No por falta de ideas, sino porque les incomodó cuando fue alcalde de Medellín”, declaró.
En el cuestionable mensaje, Osorio se declara una “mujer progresista” y asegura creer “en una democracia sin trampas, en una justicia sin privilegios y en una política que no se arrodilla ante los poderosos”.
En la invitación, ese partido destaca el trabajo de Osorio y reivindica su rol como mujer en la competencia por el poder de cara a las elecciones presidenciales de mayo próximo. Incluso, llegan a defender que su postulación, tras el revés de Quintero, sería un mensaje de que las mujeres “no se usan como adorno”.
La colectividad se define como una organización política de la clase obrera, concebida como destacamento de vanguardia y orientada por el marxismo-leninismo y el maoísmo. El partido otorgó también el aval a Camilo Romero para la consulta.
El máximo órgano del PTC está conformado por 90 delegados: 39 miembros permanentes del Comité Central, con derecho a voz y voto, y 51 delegados elegidos para garantizar representación regional y sectorial en departamentos como Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca.
El partido fundamenta su acción en la política de “frente único”, orientada a la articulación con trabajadores, campesinos e intelectuales. Su programa se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro.
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