Los destrozos provocados por el narcotráfico, el conflicto armado y la inseguridad quedan tras tres décadas en las que el gobierno de Gustavo Petro desde su llegada al poder se ha rearmado que la Casa de Nariño no quiere ocultar: la producción potencial de cocaína hoy está en 3.001 toneladas métricas al año.
Al finalizar el tercer año de mandato, con sus programas y políticas a toda marcha, se esperaba resultados que mitigaran la violencia, pero las cifras son desalentadoras.
El Gobierno persiste en proyectos que no dan resultados y, al contrario, empoderan a los criminales —como la “paz total”— y en no erradicar de forma masiva cultivos ilícitos.
Narcotráfico desbordado
El tráfico de narcóticos fue el indicador que más afectó al índice general de gobierno Petro a nivel internacional, profundizando el deterioro de las relaciones con EE. UU., el principal socio comercial y de seguridad de Colombia en los últimos 50 años.
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Los cultivos de coca aumentaron de 253.000 a 262.000 hectáreas en 2023 y en 2024, la producción potencial de cocaína saltó de 2.664 a 3.001 toneladas métricas anuales, según datos del monitoreo de cultivos ilícitos de la Oficina de la ONU contra el Crimen Organizado (Unodc).
Esta cifra fue obtenida tras una caracterización, dado que el Gobierno ha bloqueado la publicación del informe completo, que usualmente se hace entre septiembre y octubre, aunque el presidente Petro considere que la ONU está influyendo zonas productivas que no han sido dañadas. Actualmente están conformados unas seiscientas brigadas de erradicación a ese estudio, llamado de manera preliminar “cocaína disponible”, pero el resultado puede tomar meses.
Entretanto, el Gobierno presume de ser el que más incauta cocaína en el mundo: en 2022 se decomisaron 659,1 toneladas, que subieron a 889,2 en 2024, y en lo corrido de 2025 se han incautado 829 toneladas.
La cifra es destacable, pero la lectura que implica para la Fuerza Pública, pero impacta es poco representativo en el mercado, pues apenas son el 30% de las 3.001 que se producen al año; es decir, cerca del 70% de la mercancía tiene el potencial de circular por el planeta.
El pago de la producción al alcalde empezó en 2014, cuando en los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc se anunciaron beneficios para los cultivadores de coca, que incentivaron el negocio, y además se canceló la fumigación aérea con glifosato; en ese entonces habían 69.000 hectáreas sembradas.
La situación se agravó con políticas de la actual administración, pues el jefe de Estado prohibió la judicialización de los cultivadores y cortó la lucha contra la erradicación a los cargamentos en punto de exportación.
2022 se erradicaron 68.893 hectáreas, una cifra que cayó a 9.403 en 2024; este año van 6.383 con corte a octubre 31.
Estos paupérrimos resultados, para erradicar los cultivos ilícitos, más allá de las razones políticas, al origen de la certificación a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, por parte de EE. UU., y el argumento que usó la Casa Blanca en la Lista Clinton.
Desbarajuste “total”
En materia de orden público, la política de “paz total” pasó de ser la principal apuesta del Gobierno a su dolor de cabeza.
De los 12 diálogos establecidos con grupos ilegales, apenas descala la violencia, el balance es el siguiente: hay seis activos, con el Clan del Golfo, las bandas del Valle de Aburrá y Quibdó, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Estado Mayor de Bloques y Frente, y Comuneros del Sur.
Hay tres suspendidos, con el ELN, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central; otro inactivo, con las bandas de Buenaventura; y dos anunciados, pero sin avances, con los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los Pachenka.
El fracaso está en que, a pesar de estos acercamientos, la violencia ligada al conflicto armado no cede. El desplazamiento forzado masivo e individual creció un 71%, al pasar de 54.138 en 2024 a 89.091 en 2025 (corte a dic. 4), según el Ministerio, un dato que no se registraba desde 1997.
Los actos de terrorismo crecieron 17%, de 1.082 a 1.271 en el último año; los casos de control criminal (indicadores que se refiere a toques de queda, carnetización ilegal, asistencia obligada a entierros de cabecillas, etc.) subieron de 36 a 67; es decir, 86% más.
El secuestro en el último año aumentó 17%, al pasar de 226 hechos a 568, siendo uno de los peores indicadores. Con corte al 31 de octubre, se registraron 1.324 homicidios, 3% más que los 1.036 en el mismo lapso de 2024; y las masacres (de tres muertos o más) pasaron de 72 a 75.
Según la ONG Indepaz, en lo corrido de 2025 mataron a 131 líderes sociales, mientras que el año anterior iban 173.
Los integrantes de Grupos Armados Organizados aumentaron un 15% entre diciembre del 2024 y julio de 2025, con 3.320 reclutados, según un reporte de las FF.MM. Eso implica que hay 25.278 criminales repartidos entre el Clan del Golfo, ELN y disidencias.
En materia de seguridad, los mejores resultados del Gobierno se relacionan con los indicadores del hurto: 7% cayó el robo a personas; 36% a comercio y 15% a las residencias.
También en el combate a la minería ilegal, en la que las intervenciones subieron 15%; las destrucciones de maquinaria 45% y las capturas 42%, pero en el vasto océano de inseguridad que ahoga a los colombianos, estos logros naufragan.
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