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¿Por qué el gobierno insiste en “quitarle dientes” a la Procuraduría?

La Procuraduría, Defensoría y Fiscalía, de entrada, mostraron su desacuerdo con el concepto que presentó el gobierno en el Consejo Superior de Política Criminal.

  • El proyecto de acto legislativo, después de radicarse, tendría que surtir ocho debates en el Congreso. FOTO COLPRENSA
    El proyecto de acto legislativo, después de radicarse, tendría que surtir ocho debates en el Congreso. FOTO COLPRENSA
14 de septiembre de 2023
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Desde el Consejo Superior de Política Criminal se alistan para radicar ante el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo que, en esencia, busca reducir las facultades sancionatorias que tiene la Procuraduría sobre los funcionarios elegidos en urnas.

Es que desde la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, esta ha sido una de las principales rencillas con el Ministerio Público de Margarita Cabello. En el fondo, esta la discusión sobre si Colombia acata o no el fallo de la Corte IDH que le devolvió los derechos políticos al expresidente entonces alcalde de Bogotá cuando fue apartado de su cargo por el exprocurador Alejandro Ordoñez.

Lea más: Presidentes del Congreso dicen que la Corte IDH intenta repercutir en el Estado por caso Petro

Cuando la Corte IDH profirió el fallo a favor de Petro, también el señaló al Estado Colombiano que debía adelantar una reforma a la Procuraduría en la que, esa institución, perdiera la función sancionatoria sobre los funcionarios electos por voto popular.

La Corte Constitucional evaluó la posibilidad y finalmente determinó que la Procuraduría podía seguir manteniendo sus facultades sancionatorias.

El nuevo intento del gobierno por reformar la Procuraduría fue conocido por El Tiempo. Se sabe que consta de 15 páginas y que la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría se opusieron a él.

Entérese: Consejo de Estado anuló 3 destituciones que hizo la Procuraduría

“Su objetivo es ajustar las competencias constitucionales de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República a fin de proteger la democracia representativa, cumplir las obligaciones internacionales del Estado Colombiano en materia de derechos políticos y fortalecer la Rama Judicial del poder público”, dicta el concepto en mención.

El proyecto, en todo caso, dice que la Procuraduría es una autoridad administrativa y que, por tanto, no podría “tener los dientes” para imponer medidas como suspensiones, inhabilidades y destituciones de funcionarios elegidos en urnas.

El siguiente paso de esta discusión sería en el Congreso. En ese recinto el proyecto tendría que pasar por ocho debates, lo que exige la norma para los articulados que pretenden reformar la Constitución.

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