El gobierno del presidente Gustavo Petro está “protegiendo” a una de sus senadoras más cercanas y cuestionadas. Al menos esa es la sensación que queda después de que el Consejo de Estado requiriera nuevamente a la Presidencia de la República para que entregue la información relacionada con el ‘tarimazo’ en La Alpujarra de Medellín el pasado 21 de junio. La solicitud fue realizada en noviembre y es considerada determinante en el proceso de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Zuleta (Pacto Histórico).
El alto tribunal busca las resoluciones con las cuales se instaló la “Paz Urbana” en la capital de Antioquia y se designaron sus representantes. Pese a ese requerimiento, la Casa de Nariño no ha enviado la documentación, lo que obligó al alto tribunal a insistir por tercera vez en su entrega.
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“Urgente”: Consejo de Estado
Las resoluciones pedidas —la 138 de 2023, que puso en marcha la estrategia de “Paz Urbana”, y la 452 de 2024, que designó a los delegados del Ejecutivo en ese espacio— son piezas fundamentales para el estudio que hace el Consejo. El alto tribunal busca determinar si la senadora actuó dentro de las facultades que le otorgaba el Gobierno o si —como afirma una demanda en curso contra ella— intervino sin autorización en trámites reservados al coordinador de la mesa, Jorge Iván Mejía Martínez.
La controversia también se agrava por la naturaleza de los traslados que están en el centro del proceso: nueve cabecillas de estructuras criminales salieron de la cárcel La Paz de Itagüí para asistir a acto público con el presidente Petro en La Alpujarra. Eso fue presentado como un gesto simbólico de ese proceso para lograr la paz en las zonas urbanas, que terminó convertido en una tormenta jurídica y política.
En los requerimientos del alto tribunal se lee en mayúscula sostenida “URGENTE” el envío del documentos. Según fuentes, no hay antecedente en el Consejo de Estado de una actitud como la que ha tomado el equipo jurídico de la Casa de Nariño.
¿Por qué demandaron a Zuleta?
El demandante, William Quintero, aseguró que la congresista fue quien elevó las solicitudes ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), pese a que, según su lectura, cualquier movimiento de reclusos con condena debía contar no solo con el visto bueno del coordinador de la mesa, sino también con la autorización expresa de un juez de la República.
Entre las figuras que, según el expediente, habrían participado en ese encuentro están nombres de alto peso en el mundo criminal del Valle de Aburrá, como lo son José Leonardo Muñoz, alias ‘Douglas’; Freyner Ramírez, conocido como “Carlos Pesebre”; Juan Carlos Mesa (“Tom”), y Jorge de Jesús Vallejo (“Vallejo”).
La presencia de los criminales junto al mandatario detonó un debate nacional y avivó las sospechas sobre la forma en que se gestionaron los permisos para su salida.
De hecho, según conoció EL COLOMBIANO, aquella no fue la primera vez que se movilizaron a líderes de las bandas criminales detenidos para eventos realizados en el marco del proceso de “Paz Urbana” y de la “paz total” del Gobierno Petro. Han hecho, incluso, eventos deportivos.
El Consejo de Estado advirtió que solo podrá convocar a audiencia cuando cuente con todos los documentos requeridos y haya corrido traslado a las partes.
Entre tanto, la defensa de Zuleta, encabezada por el abogado Jaime Jurado Alvarán, insiste en que la congresista actuó dentro del marco del proceso de paz territorial del Gobierno y que el caso está siendo utilizado para cuestionar políticamente la estrategia.
Sin embargo, los magistrados consideran indispensable despejar cada duda: la decisión final podría determinar si la intervención de la senadora en el llamado ‘tarimazo’ configura, o no, una causal de pérdida de investidura.
Denuncia en la Corte
El “tarimazo” no es la única denuncia en curso contra la congresista Zuleta por temas relacionados con los jefes de las bandas del Valle de Aburrá.
El pasado 6 de junio, en el marco de una investigación de la Unidad de Lavado de Activos de la Ficalía, el Juzgado 71 Penal Municipal de Bogotá expidió seis órdenes de captura contra la estructura financiera de la organización criminal “la Terraza”.
Entre los requeridos estaban Diana Olaya Galeano y Daniel Muñoz Olaya, exesposa e hijo de “Douglas”; Juan Pablo Taborda Samora (“Yordi”), antiguo cabecilla de “La Terraza”, y su expareja Johanna Yepez Bedoya; y Vilma Granados Avendaño y Luisa Rojas Granados, viuda e hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro cabecilla asesinado en 2024. Los buscaban por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Antes de ejecutar el operativo, la orden de captura fue filtrada a los miembros de la mesa de paz en la cárcel de Itagüí, lo que desató la furia de “Douglas” y compañía.
Fuentes cercanas al caso contaron que hubo amenazas de desatar una oleada de violencia si las capturas se materializaban. Cuando la Policía allanó las viviendas, tres días después, el hijo de “Douglas” no estaba y su mujer esperaba a los uniformados con un abogado.
El alcalde Federico Gutiérrez declaró que la senadora Zuleta trató de obstruir las capturas. Ella lo negó, pero luego fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de tráfico de influencias y obstrucción de función pública.
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