El rechazo y la tensión sigue creciendo en el país contra las actuaciones de las disidencias de las Farc. Particularmente tras el reciente asesinato de cuatro jóvenes indígenas en manos del frente Iván Mordisco, entre los departamentos del Caquetá y el Amazonas. La masacre ocurrió mientras estos intentaban escapar de sus filas, pues habrían sido reclutados de manera forzada el pasado 17 de mayo.
“Frente a los hechos ocurridos en el Putumayo, asumimos la responsabilidad de la muerte de los tres jóvenes (no fueron cuatro) que fueron ajusticiados, quienes tienen la edad que exigen el derecho internacional humanitario para el reclutamiento de combatientes, que en nuestro caso es de manera voluntaria”, dijeron en un comunicado.
El hecho llevó a que figuras como Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, pidieran al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa levantar la “tregua” con las disidencias, y a recuperar el control territorial, especialmente en el Valle del Cauca.
“Presidente @PetroGustavo y @mindefensa, @Ivan_Velasquez, las disidencias de las FARC en el Valle del Cauca siguen cometiendo delitos como si nada. Acá al igual que en otros departamentos, nunca respetaron el cese al fuego. Solicito se levante la tregua y se retome el control territorial y el orden público, por parte de nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional”, trinó la gobernadora Roldán.
La decisión de suspender el cese al fuego con el “Estado Mayor Central” de esta estructura armada, ya habría sido tomada por el presidente Gustavo Petro, en días anteriores, lo que llevó a la agrupación a enviar serias amenazas. “Se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros”.
La muerte de los tres jóvenes se conoció a través de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), quienes informaron que los hechos sucedieron cerca del resguardo indígena en Alto Predio Putumayo, entre los departamentos del Caquetá y Amazonas.
Además, la organización también entregó algunos detalles sobre la identidad de las víctimas, y las circunstancias en las que se habría dado su escape. El nombre de uno de ellos, era Luis Alberto Matías, quien habría sido reclutado de manera forzada el pasado 26 de marzo, fue asesinado mientras huían del grupo armado el 15 de mayo en compañía de otros dos jóvenes –todos pertenecientes al pueblo de Murui–, para después ser acribillados por sus captores, el 17 de mayo, dos días más tarde.
“Tras el escape, el día 17 de mayo del 2023, en horas de la tarde y tras la búsqueda por parte del grupo armado organizado a estos jóvenes, fueron encontrados en la comunidad “El Estrecho” límites entre Caquetá y Amazonas, causándoles así la muerte con arma de fuego”, dice el comunicado de la Opiac.
Finalmente, en la misiva, la OPIAC pidió a las “autoridades nacionales, territoriales; alcaldías y gobernaciones para que brinden las condiciones de seguridad (...) y cese la violencia de los distintos grupos armados ilegales, quienes asesinan, desplazan, confinan a los y reclutan forzosamente a nuestros compañeros indígenas”.
Según el más reciente boletín de alertas tempranas entregadas por la Defensoría del Pueblo, el registro de casos por reclutamiento forzado en departamentos como el Caquetá o el Guaviare ha aumentado considerablemente, y que el “Estado Mayor” de las disidencias de las Farc es responsable de por lo menos 50 violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DHI).
Además, el organismo habría alertado de la falta de claridad en el establecimiento de los protocolos del cese al fuego, y además de “la paulatina suspensión de los decretos pone en evidencia la inestabilidad de los procesos de negociación iniciados y con ello, el riesgo inminente del recrudecimiento de la violencia en el país”, agregó.
