Los dos preacuerdos que había logrado Carlos Mattos por el soborno a dos jueces se cayó. La Fiscalía decidió no renegociarlos tras conocerse el escándalo judicial en el que el empresario salió de La Picota a despachar desde su oficina sin permiso.
Los pactos que se habían concretado tenían de por medio que Mattos pagara 56 meses de prisión y una suma de dos millones de dólares para reparar a las víctimas: la Fiscalía y la Rama Judicial.
Ahora, sin los preacuerdos, el proceso penal en su contra será ante un juez, en un juicio con el cargo ya imputado: el de cohecho por presuntamente dar u ofrecer dádivas a los jueces Reinaldo Huertas y Ligia del Carmen Hernández.
Otro de los antecedentes al retiro de lo acordado es que el viernes pasado el Juzgado 30 de Bogotá hizo observaciones a uno de los preacuerdos, y procedió a tumbarlo. Según ese despacho, el ente acusador no calculó bien los años de pena en contra de Mattos, pues no le incluyó un cargo.
El paseo de Mattos
Al menos dos salidas sin permiso realizó el barranquillero Carlos Mattos a su oficina en Bogotá a pesar de estar detenido en La Picota. Ambas las realizó el mes pasado, y en ellas aprovechó permisos para ir al médico para desviarse –junto a dragoneantes del Inpec– a encuentros con su hermano y abogados.
El escándalo le costó el puesto al director del Inpec, general Mariano Botero, y a Wilmer Valencia, cuestionado director del centro penitenciario. En sus reemplazos entraron directivos que empezaron a reacomodar el orden de la entidad encargada de la custodia de presos en el país.
A Mattos lo pasaron a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, y a otros presos de alto calibre como Emilio Tapia y José Leonardo Muñoz –máximo jefe de La Terraza– los enviaron a La Picaleña, en Ibagué.
Tapia y Mattos: los socios
Durante la estadía del empresario de la Hyundai en La Picota, uno de los vínculos que creó que la amistad con el condenado Emilio Tapia, protagonista en el caso de Centros Poblados.
A finales del año pasado, ambos coincidieron en la Unidad de Medidas Especiales de dicho centro, el cual habrían acondicionado para darse comodidades estando presos.
En medio de las conversaciones, los dos crearon un lazo de amistad en el que se asesoraron legalmente, acordaron negocios y hasta Tapia le recomendó contratar a su abogado Alejandro Sánchez para que le ayudara a tramitar el preacuerdo que finalmente se cayó este miércoles.
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