La familia del fiscal paraguayo, asesinado en 2022 en Barú, demandó al Estado colombiano y a la cadena hotelera Decameron por presuntas fallas en su seguridad. Alegan que su ubicación fue filtrada, facilitando el ataque de los sicarios.
Una indemnización de $10.000 millones reclama la familia del fallecido fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien fue asesinado el 10 de mayo de 2022 en una playa de la isla de Barú, en Cartagena (Colombia), cuando disfrutaba de su luna de miel. Por estos hechos, advirtiendo presuntas omisiones graves, la familia demandó al Estado colombiano y a la cadena hotelera Decameron.
La demanda fue conocida por el diario El Tiempo y reposa ante el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá luego de que no prosperó la conciliación entre las partes. Por un lado, en la demanda se advierte por presuntas fallas de la Policía y otras autoridades a la hora de custodiar y proteger a una persona del calibre de Pecci, quien investigaba casos de narcotráfico y crimen organizado.
“La información sobre el alojamiento y ubicación fue filtrada y permitió que los delincuentes que participaron en los hechos conocieran que estaba alojado con su esposa y pudieran conocer sus movimientos”, señala el documento, en el que se reclama que “no se realizó el seguimiento de las actividades previas de coordinación, preparación y comisión del homicidio de la víctima”.
En la demanda se destacada que, dada su calidad de fiscal en su país, Pecci estaba al tanto de “temas tan delicados y relacionados con el narcotráfico”; sin embargo, se advierte que “no fue advertido razonablemente de los riesgos que se estaban materializando sobre su vida e integridad”.
A la fecha, la justicia de Colombia ha condenado a nueve personas por el magnicidio, las cuales estuvieron involucradas en las funciones operativas del crimen. Margareth Chacón (39 años y 10 meses de sentencia), su esposo Andrés Pérez Hoyos (25 años y 6 meses) y el hermano de éste, Ramón Pérez Hoyos (25 años y 6 meses), recibieron el dinero de parte de los autores intelectuales y se encargaron de contratar y financiar a los asesinos.
Francisco Correa fue el coordinador operativo, y quien a la postre terminó delatando a los demás, convirtiéndose en el testigo estrella del caso. Fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión por tráfico de armas y amenazas contra servidor público, y estaba esperando su “perdón judicial” por homicidio agravado y concierto para delinquir, gracias a su cooperación. No obstante, fue asesinado dentro de una celda en la cárcel La Picota de Bogotá.
El seguimiento a la víctima en Cartagena y Barú estuvo a cargo de Cristian Monsalve y su madre Marisol Londoño (ambos sentenciados a 23 años y 6 meses); el transportista fue Eiverson Arrieta (23 años y 6 meses) y el sicariato estuvo a cargo de los venezolanos Wendre Scott Carrillo (23 años y 6 meses) y Gabriel Salinas (detenido en su país natal).
En esa línea, en la demanda se advierte que los sicarios Wendre Scott Carrill y Gabriel Salinas, luego de permanecer en una moto acuática, llegaron hasta la playa donde estaba Pecci y lo acribillaron. “Estos pudieron arribar a la playa donde se encontraba el Dr. Marcelo Pecci, recibiendo apenas un simple llamado de atención por parte del personal de seguridad del Hotel Decameron”.
Además, se reseña que Cristian Camilo Monsalve Londoño y su mamá, Marisol Londoño, se hospedaron en el hotel y tenían un “contacto” dentro del mismo. “El señor Gabriel Carlos Salinas le comunicó a Francisco Luis Correa, que al interior del hotel, además de hospedarse Cristian Camilo Monsalve Londoño, se encontraba un contacto al interior del hotel Decamerón Barú, sin que Hoteles Decameron Colombia S.A.S. hubiera advertido algo al respecto”.
Los investigadores judiciales no han logrado establecer quién le entregó el dinero –presuntamente $2.000 millones– a los hermanos Pérez Hoyos para financiar el magnicidio. Una hipótesis apunta a que ellos trabajaban para una red de narcotráfico transnacional que resultó afectada por la “Operación A ultranza Py”, en la cual participó Marcelo Pecci, en cumplimiento de sus funciones como fiscal especializado contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
La operación fue lanzada en febrero de 2022 (tres meses antes del homicidio), entre la Secretaría Antidrogas de Paraguay (Senad), la DEA y Europol, destapando un enorme entramado de narcos, blanqueo de capitales y corrupción, con 40 capturas, millonarias incautaciones de bienes y hasta políticos salpicados.
El caso de Pecci conmovió a Colombia, Paraguay y la región no solo por la relevancia de su cargo, sino por la crudeza con la que fue asesinado al lado de su esposa, quien tenía varias semanas de embarazo.
