Los habitantes de Subachoque (Cundinamarca) han visto crecer exponencialmente a la empresa de lácteos Dejamu, que tiene una planta ubicada en la vereda Canica Baja de ese municipio.
En su página web se definen como “una empresa productora de lácteos fundada en 2007 (...) creemos en una vida basada en la tranquilidad, la sencillez y la conexión con la naturaleza”. Pero esos valores que profesa no son compartidos por algunos de sus vecinos, quienes están al borde del desespero, pues han denunciado una serie de presuntas irregularidades cometidas por Dejamu.
EL COLOMBIANO investigó esas quejas por exceso de ruido, malos olores, daño sobre las vías veredales y supuesto vertimiento de suero lácteo a quebradas y pastizales. Además, este diario conoció los detalles de un lío sobre el uso del suelo y la falta de una licencia que tiene a la empresa enfrentando un proceso policivo.
A las quejas se suman tensiones entre los trabajadores de la empresa con otros habitantes y funcionarios municipales, pues argumentan que Dejamu estaría instrumentalizando a sus trabajadores con la defensa de la generación de empleo con mano local y la narrativa de que siguen siendo una empresa “artesanal”.
Sin embargo, se trata de una de las empresas de alimentos que más ha crecido en los últimos años y que está presente en grandes almacenes a nivel nacional como Tiendas D1 y Ara, entre otras cadenas de grandes superficies y en puntos de venta propios ubicados en centros comerciales, educativos y el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
En la actualidad, Dejamu tiene 600 empleados directos y ofrecen más de 120 referencias entre yogures, quesos, mantequillas, granolas y cereales. Ya no es una pequeña empresa, como en sus orígenes. Gracias a su éxito, el cascarón en la vereda Canica Baja se les estaría quedando pequeño y las consecuencias se empiezan a notar.
Quejas y líos
Este diario habló con varios habitantes de la zona cercana a Dejamu en Subachoque quienes exponen con videos y fotografías cómo la tranquilidad de una zona rural se estaría afectando por la presencia de una empresa que no para de crecer.
“El ruido que generan es insoportable. Supuestamente nos vinimos a vivir al campo para irnos de la ciudad pero aquí hemos encontrado lo mismo o peor. Esa empresa además transporta vehículos de carga pesada en las vías veredas y hay momentos del día en que literalmente no podemos transitar. Ni qué decir de la luz prendida las 24 horas del día pues estos reflectores son muy intensos. No es justo porque este es el último valle conservado de la Sabana de Bogotá”, dice un habitante del sector que prefiere no revelar su identidad.
Otro vecino asegura que la empresa estaría vertiendo suero lácteo en una quebrada aledaña y que luego de una queja radicada ante la CAR lo estarían haciendo ya no en el agua sino sobre unos pastizales. Dejamu no tendría el permiso de aguas residuales no domésticas y por eso estaría generando malos olores, según las denuncias.
En efecto, según las imágenes y videos, los caminos veredales no son los adecuados para ese tipo de vehículos “cisterna”, buses y camiones y los reflectores se ven a más de 300 metros de distancia.
Según querellas y una acción popular, en poder de este diario, desde abril de 2024 “se ha presentado un incremento considerable en el volumen de ruido y de manera permanente, lo cual afecta la tranquilidad de la vereda (...) Eso pone en riesgo nuestra salud y nuestro patrimonio. (...) El ruido que genera la maquinaria de la fábrica es permanente y se genera a toda hora del día, incluyendo la noche y la madrugada, afectando el descanso y el sueño que, como seres humanos, requieren todos los habitantes de los predios circundantes y vecinos del Predio El Palmar (sic)”, dice uno de los documentos radicados en la Inspección de Policía y en los Juzgados Administrativos del Circuito en Facatativá (Cundinamarca).
¿Sin licenciamiento?
Aparte de las quejas, uno de los hechos más notables es que por el crecimiento exponencial, Dejamu está adelantando varias construcciones al interior de su predio que no tienen licencia, según las autoridades. Y son 350 metros cuadrados que no cuentan tampoco con licenciamiento para adelantar las actividades agroindustriales en esa zona.
Así lo demuestran varios documentos, en poder de EL COLOMBIANO, que se abstiene a publicar en su totalidad por tener reserva legal, pero que detallan con fotografías y conceptos técnicos lo que encontraron en la inspección policial realizada el 4 de julio de este año. De hecho, la empresa no habría permitido la entrada de los funcionarios que adelantaron esa diligencia.
“Se constata que la construcción carece del permiso correspondiente, por lo que se sugiere la suspensión de la actividad”, dice uno de los documentos de la visita técnica.
A la fecha, sin embargo, no se ha radicado ninguna solicitud de licenciamiento. Esto es problemático porque Dejamu se debe considerar como una agroindustria por su tamaño y con uso del suelo “condicionado”, según la norma. Es decir, que tiene unos límites del área máxima construida (1.000m2) para usos específicos.
“Cuando se realizó el proceso de reconocimiento de edificaciones existentes y la licencia de construcción en la modalidad de ampliación y obra nueva, se superó por más de 350,45 m2 el área permitida en el uso condicionado. (...) según lo evidenciado en la visita de la Inspección de Policía estas construcciones están siendo usadas para uso administrativo (sic)”, señala un experto cercano al proceso.
Al revisar fotos áreas en Google Earth, tomadas en mayo de 2022, se ve a esta agroindustria de grandes dimensiones en medio de una zona rural. Dice el experto que “si se compara con el plano consignado en LC-080-2018 (la licencia con la que sí cuentan), es claro que se superó notoriamente las áreas aprobadas”.
Igualmente, este diario encontró que Dejamu pagó a principios de este año $1’237.600 pesos, lo que representaría un valor ínfimo para el tamaño y uso del predio. Pero otras fuentes aseguran que ese valor es el resultado de un acuerdo municipal que condonó el 90% del impuesto y que la actualización catastral se hizo hasta este año. Esto no sería responsabilidad de la empresa, sino de la administración municipal.
Adicionalmente, varios denunciantes aseguran que la estrategia de la empresa es que a través de los testimonios de sus empleados se difunda la idea de que cualquier actuación contraria hacia ellos es “en contra de la mano de obra local y el desarrollo de la región”.
Pero lo cierto es que empresas de tamaños similares y con la proyección de Dejamu, tienen sus fábricas e instalaciones en zonas francas como las que se encuentran en otros municipios de la Sabana de Occidente de Cundinamarca.
Este medio buscó a la CAR Cundinamarca —Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible, que es la autoridad ambiental— quienes aseguraron que a la fecha no han llegado quejas o denuncias sobre Dejamu, pero tienen registro de tres solicitudes. Una de 2022 en la que esa empresa les solicita permiso para excavar un pozo profundo y sacar agua de esa zona, que fue negado.
También hicieron dos visitas, en 2018 y 2022, para verificar denuncias de “Prosubachoque” sobre supuestos vertimientos de líquido “jabonoso y suero lácteo” en la quebrada aledaña al predio. En ambos casos la CAR archivó las denuncias porque en la visita realizada y las pruebas al agua no encontraron rastros de esos líquidos contaminados.
Y el tercer proceso del que tienen registro es la diligencia de la inspección de policía, a principios de junio de este año, en la que se le pidió a la CAR que hiciera visita sobre eventuales daños ambientales generados en el predio, pero según dicen, al preguntar por más detalles a la inspección para hacer la visita técnica, no recibieron respuesta a la fecha.
Señalan que de haber irregularidades, que estén dentro de sus competencias frente a daños en materia ambiental, iniciarían con las debidas investigaciones.
¿Qué responde Dejamu?
EL COLOMBIANO contactó a David Lemoine, propietario de la empresa Dejamu, para conocer su versión de los hechos. El empresario respondió a todos los puntos, por lo que nos permitimos copiar parte del cuestionario y sus respuestas a continuación:
EC: ¿Qué responde sobre las quejas de exceso de ruido, malos olores y afectaciones a las vías en zona rural que estarían siendo ocasionadas por Dejamu en la vereda Canica Baja?
“Para poner en contexto: La planta de procesamiento está en una hacienda de 13.2 hectareas, es decir que los vecinos más cercanos están a una distancia de más de 300 metros. Con respecto al exceso de ruido hemos hecho mediciones en los lugares donde más se escuchan en la vereda con resultados de picos de 53 decibeles, es decir dentro de los parámetros establecidos por la norma. Con respecto a los olores, en la finca tenemos a parte de la agroindustria, ganadería lechera ecológica, lo que significa que no usamos fertilizantes ni pesticidas químicos sintéticos para producir pasto, sino productos biológicos y compostaje que puede generar olores, los cuales son difíciles de precisar porque es algo muy subjetivo (sic)”.
EC: ¿Y sobre las afectaciones a las vías veredales y el tráfico que ocasionan esos vehículos en una zona rural?
“La carretera a la cual se refiere la denunciante es una vía terciaria destapada que históricamente ha estado deteriorada. Es claro que generamos un impacto sobre las carreteras, que hemos tratado de mitigar haciendo constantemente arreglos contratando retroexcavadora y llevando volquetas con recebo y piedra cuando se hacen huecos. Hemos contribuido aportando materiales, mano de obra y dinero para la construcción de las placas huellas que se han hecho y para la pavimentación hace unos años de un tramo entrando por la escuela de Canica Baja, sin embargo consideramos que la responsabilidad que nos endilgan está mal enfocada: el particular paga impuestos para que el gobierno haga las labores de mantenimiento y ampliación de las vías públicas de acuerdo al desarrollo y evolución de la actividad de la zona”.
EC: ¿Es cierto que está explorando el subsuelo de su terreno a través de un pozo profundo para recoger agua?
“No es cierto. Nosotros hace un par de años solicitamos a la CAR el PERMISO para hacer una exploración para un pozo profundo (sic). La CAR negó el permiso, nosotros acatamos la decisión y no seguimos adelante con la exploración. A los pocos meses la Coproración hizo una visita de control donde constató que no se había hecho la exploración y archivo el expediente. Nosotros nos olvidamos del asunto. Por otra parte para poner en contexto a los lectores, solicitar un permiso para pozo profundo no es ningún pecado, es una práctica común y habitual en espacios rurales para producción agropecuaria y agroindustrial”.
EC: ¿Por qué impidió la entrada de un procedimiento de inspección de policía durante dos o tres días, como dicen varias personas y luego sí permitió que las autoridades verificiaran el tamaño del lote en relación con una obra en construcción y carpas al interior?
“Los hechos ocurrieron de la siguiente manera: un viernes en la tarde cuando fue la inspección de policía a visitar el predio no estaba presente el representante legal para atender la visita y se pidió que se agendara para la siguiente semana. La inspectora haciendo caso omiso a la solicitud y acompañada por una persona que no hace parte de la administracion municipal volvió el lunes a primera hora e ingresó a la fuerza. En Colombia la entrada de la policia a una propiedad privada está regulada por la Constitución y otras leyes que protegen los derechos fundamentales de los particulares. No había quien recibiera la visita, ninguna situación de urgencia inminente para que la policía ingresara y tampoco ninguna orden judicial. Solo estábamos haciendo uso de los derechos que nos da la Constitución”.
EC: Pero, ¿No es cierto que se superó en 350 m2 el uso condicionado del predio construyendo sin licencia como lo demuestra un el reporte de la inspección?
“No sé exactamente a cuál reporte se refiere ya que no nos han sido entregados todos los informes de las visitas realizadas por la inspección a pesar de que los hemos solicitado en repetidas oportunidades. En todo caso, por tratarse de información sensible ya que está relacionada con un proceso activo, no me corresponde pronunciarme. Será en las audiencias que se controviertan las conclusiones de los informes practicados por la inspección de policía”.
EC: ¿Ha considerado la idea de trasladar su empresa a una zona industrial dado el crecimiento paulatino que ha tenido?
“Quiero hacer una precisión y es que nuestra compañía no tiene una actividad económica industrial sino agroindustrial. No fabricamos tornillos ni pinturas sino transformamos la leche de nuestro hato y de ganaderos de la región. Para responder a su pregunta, aunque no estamos obligados a trasladar la planta pues tenemos todo los permisos que la ley exige para operar en Subachoque, a raíz de los problemas con los vecinos (en su mayoría bogotanos propietarios de fincas de recreo de fin de semana, que pasan por alto que las personas de la región necesitan una fuente de trabajo) sí tenemos planes para trasladarla. Se compró un predio, se construyó todo el paqute técnico, arquitectónico, estructural, ambiental, geotécnico, etc y se radicaron las solicitudes de licencia para la construcción y traslado. Desafortunadamente en Colombia las licencias necesarias para poder desarrollar un predio para una planta de alimentos son además de muy dificles ( hay que atravesar un oceano normativo y de requerimientos) más demoradas de lo que a uno le gustaría. Sin embargo esperamos iniciar la construcción este año, dependemos de los tiempos de las instituciones para dar respuesta”.
