La política de extradiciones entre los gobiernos de EE.UU. y Colombia sigue marchando sobre ruedas, a pesar de las nuevas directrices anunciadas por el presidente Gustavo Petro en relación a eventuales negociaciones con los narcos.
Esto a juzgar por las 19 extradiciones que el mandatario ha firmado en su primer mes de funciones y cuyo caso más polémico es el de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, una integrante del Pacto Histórico y aliada política de Petro.
Luego del respectivo aval de la Corte Suprema, Petro autorizó la petición judicial para que Córdoba responda por narcotráfico en el exterior.
El Departamento de Justicia estadounidense está analizando una propuesta de Colombia, anunciada por Petro, para que se suspenda la extradición de los narcos que pacten acuerdos de sometimiento en nuestro país. De momento no ha habido respuesta.
Los que viajan a EE.UU.
De los 19 presuntos delincuentes a los que se les autorizó la extradición desde la posesión presidencial (7 de agosto), doce van para Estados Unidos, cuatro para Brasil, dos para España y una para Argentina.
A dos procesados les cancelaron el trámite desde su país de origen. Se trata de Jamil Mantey Ghani y Luis Gonzaga Ramos López, investigados por presuntos delitos financieros en Brasil.
En dicha lista hay dos mujeres: Belcy Gómez Murcia, alias “la Señora”, solicitada por narcotráfico en EE.UU.; y Leidy Tatiana Montiel Ramírez, pedida por un juzgado argentino, bajo cargos de hurto y asociación para delinquir.
También figuran cuatro extranjeros (un rumano, un peruano y dos brasileros). El más “exótico” es el rumano Georgian Gorea, pedido por EE.UU., que lo acusa de integrar una banda de clonadores de tarjetas bancarias, mediante la instalación de dispositivos de espionaje en los cajeros electrónicos.
Los delitos por los que buscan a estas personas en el exterior están mayormente ligados al narcotráfico y conductas asociadas, como el lavado de activos. Tal es el caso de Albeiro Osorio Vallejo, mencionado en un expediente por blanqueo de capitales en España; y Luis Alexánder Barrera Forero, sospechoso del mismo delito en EE.UU.
En el grupo no hay grandes capos, como los famosos Dairo Úsuga (“Otoniel”) y Juan Valencia (“Falcon”), extraditados en el primer semestre del año, aunque aparece Frank Álvarez Espinal (“Tarzán”), presunto narco asociado a la organización criminal “la Oficina”.
Lo solicita una corte federal estadounidense y en septiembre de 2020 la Fiscalía colombiana les embargó a él y dos socios 555 bienes avaluados en $34.000 millones, ubicados en seis departamentos.
