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Tras un mes de las protestas en diversas ciudades del país, las conversaciones entre el Gobierno y el Comité del Paro parecen haber llegado a un punto muerto. El Gobierno dice que si no se levantan los bloqueos no hay condiciones para negociar el pliego de emergencia, que inicialmente consta de siete puntos; pero a su vez el Comité del Paro asegura que el ejercicio de la protesta debe generar traumatismos en el funcionamiento regular de la sociedad, y que son los bloqueos lo que le da sentido de urgencia a la negociación (ver Paréntesis).
La revisión del pliego no iniciará hasta que ambas partes se pongan de acuerdo en dos puntos: las garantías para la protesta pacífica y la condena a los bloqueos. En la noche del jueves las negociaciones se suspendieron sin acuerdo y la nueva cita será hoy. EL COLOMBIANO habló con el vocero del Gobierno, Emilio Archila sobre las salidas a la crisis.
¿Cómo avanza la negociación con el Comité del Paro?
“Estamos en la revisión de las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica, y en nuestra visión esa protesta tiene que ser pacífica para quienes protestan y pacífica para quienes no protestan. En las garantías para quienes protestan ya tenemos muy avanzado el trabajo, y desde el 16 de mayo les expresamos que también debería existir una garantía de no bloqueo para quienes no protestan. Lo que hicimos esta semana fue reiterar que necesitamos que en el documento esté esa garantía, y eso es lo que deberíamos estar mirando (hoy). Si esto sale bien, vamos a llevar un documento de metodología propuesta, para sentarnos en la mesa de negociación de los siete puntos del pliego”.
¿Cuáles son las perspectivas para la reunión de hoy?
“Nosotros señalamos que es indispensable que exista una posición única de todos, de condena a los bloqueos. Eso lo transmitimos como la posición del Gobierno, es lo que se necesita para que todos los colombianos tengan garantías y, en la medida en que esa es una petición no solamente legítima sino razonable, lo estamos esperando. Yo soy muy optimista sobre cómo deberíamos salir este domingo de la reunión”.
El Comité dice que no puede manifestarse en el andén, porque de hecho el bloqueo es el que le da sentido de urgencia a la negociación...
“El derecho a la legítima protesta nunca lo hemos puesto en duda y, al contrario, lo que hemos hecho es precisamente señalar cuáles son las condiciones para que quienes quieren salir a marchar y quieren estar expresando públicamente sus inconformidades lo puedan hacer, pero quienes no marchan también necesitan tener las garantías. La obstrucción de las vías de forma extendida siempre ha sido ilegal y no forma parte del legítimo y pacífico derecho a la protesta. Las consecuencias que tiene en cuanto al derecho a la salud, el derecho al trabajo, la afectación sobre nuestros empresarios, la manera como terminan dañándose los cultivos y los productos de nuestros campesinos, ninguna de esas consecuencias está dentro de la utilización legítima del derecho a la protesta”.
¿Para el Gobierno qué tan justos son los reclamos de la población que protesta?
“¿De cuáles?, porque hay mucha gente protestando”.
Digamos que del Comité con quien usted está
negociando.
“No hemos llegado todavía ahí, pero tenemos la mayor disposición de hacerlo, tanto así que hoy, si se dan las condiciones y tenemos un acuerdo sobre la condena a los bloqueos, presentaríamos una metodología de trabajo”.
En el Valle habían llegado a un acuerdo sobre corredores humanitarios, pero luego fueron desestimados por el Gobierno, ¿por qué?
“Entendemos que los bloqueos son ilegales y no forman parte del derecho a la pacífica protesta, en Colombia las autoridades son constituidas por la Constitución, la Ley, y que quienes tienen la representación del pueblo son elegidos mediante el voto, eso no habilita a que alguien distinto a esas autoridades puedan decidir quién tiene libertad de tránsito, cuáles productos pueden circular por el país, ni cuáles personas pueden tener derecho a la vida, eso no le da derecho a ninguna persona de aislar zonas del país y llevar a la quiebra a nuestros empresarios, eso no forma parte del derecho la protesta pacífica, es un exceso y es un abuso de ese derecho”.
¿El Gobierno está negociando con el Comité del Paro la renuncia a la facultad de declarar la conmoción interior?
“Falso”.
¿Los hechos ocurridos el viernes en Cali podrían cambiar el documento previo al que ustedes (Gobierno y Comité del Paro) han llegado, especialmente por la orden de militarizar la región?
“No”.
Para el Gobierno, ¿cuál es el nivel de representatividad que tiene el Comité el Paro?
“Nosotros trabajamos en escuchar las voces de los inconformes en todas partes, de acuerdo con su nivel de representatividad. En este momento hay más de 24 mesas en todo el país para escuchar a todas las organizaciones de los jóvenes, entiendo que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco llegó a un acuerdo con los transportadores, yo hice acuerdos con los representantes de las víctimas que son 9 millones de colombianos. Ayer tuvimos un acuerdo con uno de los movimientos que representaba a ocho municipios en el Pacífico nariñense, estamos trabajando en el Meta, en Norte de Santander, en Putumayo, en Catatumbo... estamos trabajando en muchos frentes con distintos niveles de representatividad y acorde con ello”.
Usted ha defendido el trabajo del Gobierno ante la comunidad internacional, por ejemplo, la implementación del Acuerdo de Paz. ¿Cree que esa confianza que nos han dado puede verse comprometida con los hechos ocurridos durante el último mes?
“La vicepresidenta y todo el cuerpo diplomático del país está muy activo explicando muchas de las circunstancias que pueden haber sido mal interpretadas tanto en Colombia como en el exterior. Es importante que todo el mundo tenga la información completa para que conozcan cómo el Gobierno ha actuado siempre dentro de los parámetros constitucionales, y que en los eventos en los cuales eso no haya ocurrido está nuestro interés de adelantar las investigaciones respectivas, que tengan las consecuencias que están previstas en la Ley”.
¿Por qué la negativa del Gobierno a que llegue al país una delegación de la CIDH?
“Lo que dijo la vicepresidenta, que ahora es nuestra canciller, es que vamos a tener la audiencia el 29 de junio y después de esa fecha vendrán los delegados a Colombia”.
Durante las protestas la gente está reclamando por incumplimientos a promesas anteriores, ¿cómo garantizar que ahora sí les cumplirán?
“En todos los temas en los cuales yo he participado siempre he tenido el cuidado de no prometer nada que no tenga la tranquilidad de que va a poder cumplirse, siempre hemos tenido en cuenta los tiempos en los cuales los propósitos que se consagren puedan cumplirse, siempre he insistido en que las repercusiones económicas, financieras y presupuestales sean tenidas en cuenta, siempre he insistido en que todo lo que se piense que se puede lograr tiene que hacerse dentro de los caminos de la legalidad, entendiendo que somos servidores públicos que no podemos hacer sino lo que nos es permitido por la ley”