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Entes de control ponen tatequieto a los corruptos
Indagaciones preliminares, investigaciones disciplinarias, fiscales y penales y suspensiones provisionales son algunas de las primeras decisiones.
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Los contratos de alimentos son los más vigilados por los entes de control en
el país.FOTO Carlos Velásquez
09 de mayo de 2020
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Diariamente aumentan los reportes que reciben la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía sobre presunto malos manejos de los recursos destinados a atender la emergencia provocada por la propagación del coronavirus y de la cuarentena para contrarrestarlo. Hasta el momento, esas entidades adelantan 1.250 procesos que vinculan a secretarios de despacho, alcaldes, gobernadores, directores de entidades descentralizadas y hasta ministros.
La práctica más común, identificada por los entes de control, es los sobrecostos en los contratos de entrega de mercados a la población más vulnerable.
La Procuraduría
El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, dijo que el órgano de control adelanta un total de 237 procesos disciplinarios y 670 preventivos, así como también evalúa otros 185 registros como parte de las acciones emprendidas en defensa de los derechos de los ciudadanos, las comunidades étnicas, trabajadores de la salud y la vigilancia de los recursos destinados para atender la emergencia en el país.
Carrillo Flórez resaltó que la entidad trabaja en cinco frentes para abordar la actual coyuntura, que son el alistamiento para la infraestructura médico-asistencial, la protección de los trabajadores, el control al acaparamiento, la protección de la población privada de la libertad y la vigilancia de los recursos públicos.
“La corrupción es un factor de violencia que tiene la capacidad de matar, es un atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre todo cuando viola el derecho a la salud o juega con la seguridad alimentaria o con ayudas vitales para la supervivencia de los colombianos”, aseveró el procurador.
Ante las observaciones de la Procuraduría, varias administraciones locales y regionales suspendieron algunos contratos, como ocurrió en Chocó, donde el jueves pasado el gobernador encargado, Jefferson Mena, lo hizo con el contrato 0126 por 130 millones de pesos, con el que se pretendía realizar estrategias de información en salud para prevención de la pandemia.
La Contraloría
A través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, la Contraloría ha emitido alertas tempranas sobre presuntos sobrecostos, ambigüedades e inconsistencias contractuales en 26 de las 32 Gobernaciones, así como en 67 alcaldías municipales y distritales, gracias a las competencias recientemente otorgadas por el legislativo ya avaladas por la Corte Constitucional. (Ver Paréntesis)
Tras estas alertas, en 21 contratos por el covid-19 los posibles sobrecostos se redujeron a $7.566 millones.
El contralor Carlos Felipe Córdoba explicó que, “de las alertas se han desprendido dos procesos de responsabilidad fiscal mencionados, uno en Sincelejo y otro en Arauca, ambos por presuntos sobrecostos en contrataciones para entrega de kits alimentarios a población vulnerable, que suman $2.246 millones.
Otro resultado de estas alertas es la apertura de varias indagaciones preliminares y la evaluación de distintos casos.
Así mismo, el contralor ha expedido 22 resoluciones que ordenan la intervención funcional de 132 contratos por valor total superior a los 297.755 millones de pesos.
La Fiscalía
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha realizado 125 iniciativas investigativas y 40 indagaciones, ha impartido 140 órdenes de Policía Judicial y revisado más de 3.000 contratos. En esa línea, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia adelantan 14 procesos contra aforados, entre ellos, un ministro y 11 gobernadores.
Uno de los procesos es el que implica al ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, cuya alerta fue puesta por la Contraloría, ya que los primeros recursos que se aprobaron en la línea Colombia Agro Produce, de Finagro, fueron a grandes clientes de los bancos por $213.566 mil millones, sin ningún control de su urgencia y verificación de su destino, y ninguna de las líneas de colocación fue la de producción.
“No es posible ni aceptable que cualquier funcionario de este país se quede con los recursos o se apropie, o los utilice de manera indebida, en ninguna circunstancia, y menos en la pandemia”, señaló el fiscal Francisco Barbosa.
Se requiere agilidad
Que esas tres instituciones del país estén trabajando de manera articulada era una de las solicitudes que la ciudadanía que le sigue la pista a la corrupción y veían cómo las decisiones disciplinarias, fiscales y penales llegaban muy tarde.
Por eso Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, celebró que en esta emergencia se haya logrado. “Hemos planteado desde el inicio que uno de los temas claves era que la fiscalización se pudiera hacer en tiempo real por los órganos de control, es que se pudiera hacer con información que estuviera disponible no solo para ellos sino para la ciudadanía, en la plataforma de contratación estatal, con el mayor detalle posible”, dijo.
Agregó que está bien que los anuncios se hagan, pero que hay que pasar rápidamente a los resultados, “respetando el debido proceso el fiscal, el contralor y el procurador deben ir entregando información muy precisa sobre el avance de las investigaciones, que es lo que nos va a permitir saber si esa salida tan pública que han tenido está llegando a resultados”.
Con la nueva declaratoria de emergencia las entidades deberán seguir atentas a las presuntas irregularidades que sigan presentándose durante y después de la emergencia.
6
funcionarios han sido suspendidos por tres meses por la Procuraduría.
1.204
presuntas violaciones a las medidas sanitarias han sido conocidas por la Fiscalía.
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