El presidente entrante Abelardo De la Espriella recibió información privilegiada el lunes en la noche por parte de personas cercanas al gobierno Petro. Según fuentes, le anticiparon que en la Casa de Nariño planeaban suspender el proceso de empalme que apenas se había instalado hace algunos días.
De la Espriella conversó con el vicepresidente José Manuel Restrepo y se anticiparon.
Este martes en la mañana anunciaron que ellos decidían suspender las mesas de empalme en todos los ministerios y entidades estatales por la reiterada posición de Petro de desconocer, sin pruebas, los resultados electorales del pasado 21 de junio en los que perdió su candidato Iván Cepeda.
El presidente electo emitió en redes un video desde su despacho en Barranquilla y calificó al actual Ejecutivo como “el gobierno golpista de Petro” y acusó al mandatario y al senador Cepeda de querer armar un golpe de Estado.
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“Hay que cumplir el mandato legal del empalme a través de los mecanismos legales y tecnológicos que existen para recabar información. No podemos estar sentados en la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconocen al pueblo soberano en las urnas”, dijo con contundencia.
También recordó que el proceso de empalme no es requisito para la transición del poder. Es decir, que el 7 de agosto él se posesionará como nuevo presidente de la República.
Por parte del Gobierno la fractura generó la reacción del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien hace las veces de coordinador del empalme por parte del petrismo.
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El funcionario citó a una rueda de prensa y pidió acompañamiento de la Procuraduría y ordenó al Ejecutivo en pleno suspender también las mesas de empalme —aunque el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez incumplió y lo dejaron plantado—.
Ávila acusó a Carlos Alonso Lucio —polémico asesor de De la Espriella y pareja de la nueva ministra de Educación Viviane Morales— de ser el responsable del rompimiento tras su entrevista a Cambio el fin de semana (ver nota anexa).
“No olviden nunca que representamos a 12,7 millones de ciudadanos, y ustedes representan 12,9 millones de ciudadanos. No olviden nunca esa diferencia, ni que esos 12,7 millones que acompañaron al candidato Iván Cepeda y respaldan al gobierno, están ahí, no han desaparecido. Son actores de la vida nacional y merecen respeto y reconocimiento”, dijo Ávila —también exguerrillero del M-19 como Petro y Lucio— con molestia.
El presidente Petro, un par de horas después, publicó un extenso mensaje en la red social X, como es usual, y aclaró que reconoce “al pueblo real que votó por Abelardo y lo respeto” y que “el 20 de julio daré mi último discurso público como presidente de Colombia en el sur occidente de Bogotá para despedirme de las fuerzas armadas a las que acrecenté (sic) y lograron el récord mundial de un combate cada 20 horas y ser los mayores incautadores de cocaína en el mundo”.
Sin embargo, el resto del día se dedicó a desacreditar al nuevo gobierno y a lanzar acusaciones sin fundamento que se suman a las de Cepeda y su “desobediencia civil” y otras amenazas.
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El vicepresidente Restrepo fue insistente en señalar que solo volverían al proceso de empalme cuando el presidente Petro reconozca que Abelardo de la Espriella ganó las elecciones, lo que en teoría ya sucedió con el mensaje de hoy.
Por eso, más allá de la dinámica del empalme suspendido, que es más un protocolo deseable en una transición institucional, ¿Qué tan lejos pueden llegar Petro y Cepeda con su postura?
“Es rabia de haber perdido”
No es la primera vez que Petro actúa de esa manera y por eso ha sido calificado por la oposición como un mal perdedor. De entrada, no hay ninguna duda de que Abelardo De la Espriella tomará posesión el 7 de agosto.
Al respecto, Daniel Yepes Naranjo, politólogo experto en comunicación política, opina: “siempre nos hemos preguntado, ¿cuál sería el político que más respetaría las instituciones? Pero la pregunta real es cómo las instituciones y la separación de poderes van a actuar frente a cualquier tipo de político, de izquierda o derecha”.
EL COLOMBIANO también consultó a Alfonso Portela, exregistrador delegado en lo electoral y experto en derecho electoral, quien defendió la legitimidad de los resultados y las instituciones.
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Frente al comportamiento de Petro, dijo que “son posturas de un gobierno saliente. La gran mayoría de los ciudadanos lo miran como un coletazo de la derrota. Los resultados están ahí, las elecciones fueron transparentes y avaladas por organizaciones internacionales. Independientemente del resultado apretado, una elección se gana hasta por un voto. Es rabia de haber perdido”.
Con respecto a las tensiones que ha habido en el empalme que está suspendido, Portela dijo que “es normal que eso ocurra cuando son dos extremos irreconciliables, donde difícilmente se van a poner de acuerdo”.
Y reiteró que, jurídicamente, el presidente electo es De la Espriella. “Desde el punto de vista del derecho y la constitución, el presidente electo se llama Abelardo De la Espriella. Así lo decidieron los colombianos en las urnas y lo declaró el CNE. Eso es inobjetable”, sentenció.
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Imprecisiones del Pacto
El Pacto Histórico presentó cuatro argumentos para intentar tumbar la elección de De la Espriella, todos sin fundamento, según revisó este diario.
El primer cargo está relacionado con la ciudadanía gringa de De la Espriella, que consideran “incompatible” por el juramento de lealtad que se hace para acceder a ella.
La Constitución colombiana es clara: no hay ningún impedimento porque el nuevo presidente nació en Colombia y luego adquirió la nacionalidad gringa e italiana.
Lo segundo va por la misma línea: la supuesta injerencia de Estados Unidos en las elecciones, que no tiene que ver de ninguna manera con limitaciones a los electores pues los comicios se desarrollaron con transparencia y en normalidad.
Tercero, supuestas amenazas, hostigamiento, instigación a delinquir y apología del genocidio, que es difícil de probar.
Y cuarto, presuntas irregularidades en los escrutinios del exterior. En las mesas de afuera, De la Espriella sacó más de 170 mil de sus 250 mil votos de ventaja y el escrutinio arrojó que, en comparación con el preconteo, no hay prácticamente ninguna diferencia pues los resultados coinciden en un 99%.
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“Hablan de 20 mesas. Suponiendo que cada una tiene 400 y los hubiera obtenido solo un candidato, tampoco alteraría el resultado, serían como 8000 votos”, señala el exregistrador Portela.
Con respecto al tema de la nacionalidad y el hostigamiento, dijo que “son argumentos complejos de encuadrar en una de las causales de nulidad. Son hechos políticos”.
Además, las instituciones también blindan el proceso electoral y dan garantías. En lo que tiene que ver con la financiación está el CNE, la Comisión de Acusaciones, hasta la Fiscalía si los miembros de la campaña cometieron algo de corte penal. Pero, dijo Portela, “una actitud de soberbia o de rabia (como la de Petro) no es suficiente para deslegitimar una elección”.
“Difícilmente se puede pensar en que el resultado cambie porque se encuentren algún tipo de irregularidades”, agregó.
Los expertos consultados coinciden en el respeto por los resultados: “las autoridades deben actuar, eso se viene diciendo desde que empezó a deslegitimarse el proceso. Que son las autoridades conforme a la Constitución y la ley la que tienen la competencia para calificar cualquier situación que tenga que ver con el proceso electoral”.
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¿La posesión en una guarnición militar?
Por todo lo anterior, Petro y Cepeda no podrán llegar muy lejos e intentarán acciones parecidas en su repertorio de volver a ser oposición.
Por eso, el país ya está hablando de otros temas. Por ejemplo, si De la Espriella, en línea con lo que prometió en campaña, podría posesionarse en una guarnición militar. Es decir, rompería con la posesión habitual en la Plaza de Bolívar de Bogotá, ante el Congreso. Pero, ¿puede hacerlo?
Según el artículo 192 de la Constitución, el presidente de la República “tomará posesión de su destino ante el Congreso”. Sin embargo, no deja claro que sea en el Capitolio Nacional, y el artículo 140 dice que las cámaras del Congreso pueden ponerse de acuerdo para trasladar la sesión a otro lugar.
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Ximena Echavarría, abogada experta en derecho administrativo y electoral, dijo a este periódico que De la Espriella sí puede posesionarse en una guarnición militar. “El Congreso es el que decide dónde sesiona. En este caso, el presidente electo quiere la posesión en una guarnición militar. Tocaría hacer el análisis político de quién será el presidente de cada Cámara”, explicó.
“Todo el Congreso en pleno debe asistir a la posesión; según la Constitución, el presidente debe posesionarse ante el Congreso en pleno. No es potestad ir o no. Pero, por ejemplo, en 2014, la bancada del Centro Democrático no fue a la posesión de Santos”, agregó.
Con respecto a lo último, es poco probable que la bancada del Pacto Histórico asista a la posesión, incluso si fuera en la Plaza de Bolívar, ya que dicen que De la Espriella “es ilegítimo” y el candidato que perdedor, Iván Cepeda, ha dicho que se declarará en “desobediencia civil pacífica”.
En cuanto al análisis que menciona Echavarría de quién presidiría cada cámara, el escenario sería favorable para el gobierno entrante si el presidente del Senado fuera Alfredo Deluque, de La U, como reveló EL COLOMBIANO.
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Otros anuncios de De la Espriella
El tema con los militares va más allá. Ayer, De la Espriella le envió un mensaje a las Fuerzas Armadas para “que cumplan con su juramento de proteger la Constitución a la democracia, y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”.
Por otro lado, pidió ayuda a la comunidad internacional para garantizar la transición del poder. “Reitero la petición que hice durante la campaña. Les pido que estén vigilantes, atentos y respaldándonos hasta que haya cesado el intento de golpe de Estado que están dando Gustavo Petro e Iván Cepeda”.
¿Carlos Alonso Lucio es responsable de la ruptura?
El empalme quedó en vilo. Luego de que el presidente electo De la Espriella lo suspendiera, el coordinador de ese proceso, el ministro de Hacienda Germán Ávila, reaccionó a la decisión y dijo que la ruptura es responsabilidad del dirigente Carlos Alonso Lucio, cercano a De la Espriella.
De hecho, anunció una denuncia penal en su contra “con ocasión de las declaraciones que ofreció por considerar que dichas manifestaciones afectan la honra y el buen nombre” de Petro y de su equipo de gobierno. Por su parte, Petro dijo el lunes que De la Espriella y Lucio “fueron defensores de paramilitares”.
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Lucio dijo en una entrevista con Cambio hace un par de días que “Gustavo Petro debe ser juzgado (...) porque el cambio de época tiene que ponerle un límite a la impunidad”. A su vez, se refirió a la posibilidad de extraditar al presidente Petro.
Al respecto, Ávila reiteró que, en esa entrevista, Lucio “formuló graves señalamientos contra el señor presidente de la República y de su equipo de gobierno y además se sigue presentando públicamente este proceso como un supuesto empalme anticorrupción”.
Adicionalmente, dijo que “se han dado declaraciones recientes de los miembros del comité de empalme de forma intencional para impedir su proceso. Se han realizado acusaciones ofensivas contra el presidente y su equipo de gobierno, según las cuales se califica de criminales, se manipula la justicia, se pretenden extraditarnos, entre otras torpezas manifestadas”.
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Ante esto, el ministro reclamó que “una cosa es el debate democrático y otra muy distinta es utilizar un escenario institucional de transición para proyectar ante el país la idea de que el empalme parte de una presunción de responsabilidad respecto del gobierno saliente”.
Ávila también mencionó que “el empalme no es una investigación penal” ni un juicio o plataforma política, sino “un deber del Estado cuyo propósito es garantizar una transición ordenada, responsable y transparente entre administraciones”.
En ese sentido, invitó al procurador general Gregorio Eljach a disponer la participación de los procuradores delegados o de los funcionarios “que estime competentes” Por otro lado, mencionó que el Gobierno saliente no tiene “absolutamente nada que ocultar” y que es “de puertas abiertas”.
- ¿Qué consecuencias puede tener la suspensión del empalme entre dos gobiernos?
- La suspensión puede retrasar el acceso a información estratégica sobre el funcionamiento del Estado y dificultar la preparación del nuevo gobierno. Sin embargo, las obligaciones constitucionales relacionadas con la transmisión del poder permanecen vigentes y pueden continuar por otras vías institucionales.
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