Salud y política son dos palabras que solo deberían combinarse para hablar de política de salud, no de salud politizada. Esto último es lo que queda en el ambiente con un proyecto de decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro le entregará recursos para salud al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Esa organización, actualmente, tiene un vínculo con el Ejecutivo y el Pacto Histórico.
A finales de marzo, EL COLOMBIANO conoció que el Ministerio de Salud sacó un proyecto de acto administrativo que modifica un artículo del Decreto Ley 968 de 2024. Este último se expidió en agosto de ese año para implementar las normas para la operación del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (Sispi) para el territorio que conforma el Cric.
Esos actos administrativos hacen parte de la legislación que tiene Colombia desde los planes nacionales de desarrollo de 2010–2014 y 2014–2018, que abordaban la necesidad de construir e implementar un modelo de salud indígena para reconocerle a estas comunidades sus saberes ancestrales y conocimiento propios.
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A esos planes de desarrollo se sumaron el Decreto 1953 de 2014, un parágrafo de la Ley 1751 de 2015, el Decreto Ley 968, y el Decreto 0480 de 2025, que implementa el Sispi como política de Estado.
El punto es que el proyecto de decreto del Minsalud dispone hasta $300.000 millones “en favor del Territorio Indígena que conforma el Cric” para la transición de la entidad promotora de salud (EPS) Asociación Indígena del Cauca (AIC) hacia el Sispi. El documento fue enviado al Ministerio de Hacienda el pasado 23 de febrero.
Según le contó a EL COLOMBIANO una fuente de la cartera de salud, el documento está a la espera de la firma del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y esta semana hubo una comisión de contratistas en Popayán, “mientras se espera que el Cric se certifique”.
¿Cómo funciona la financiación y UPC de las EPS indígenas?
A las EPS indígenas (a las que se afilia esa población, en reconocimiento a la autonomía que el Estado le da a esas comunidades) también se les entrega, como a las del sistema general (regímenes contributivo y subsidiado), una unidad de pago por capitación (UPC). Esta se refiere a la plata que el Estado les da para garantizar la atención de los afiliados.
A las aseguradoras indígenas se les puede entregar más UPC: hasta un 50% por encima de la que reciben las demás. Como explica el economista de la salud de la Universidad del Rosario Paúl Rodríguez es así porque las comunidades indígenas están “en zonas dispersas y rurales, lo cual es tenido en cuenta para calcular la unidad en atención al gasto de transportes y desplazamientos”.
“Casi todas están dispersas y eso hace que sea más costosa la atención en salud y eso lleva a que esa UPC tenga más valor”, dice el investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Giovanni Jiménez.
Incrementos reconocidos para 2026 y en qué se usarían los recursos
La resolución del Ministerio de Salud que estableció el incremento de la unidad de pago para 2026, reconoció un 4,81% más de plata para las EPS indígenas, otro 26% más para “asegurar la transición” al Sispi y otro 11,47% más por dispersión geográfica.
En el proyecto de decreto, que está a la espera de la firma del ministerio de Hacienda, señala que los recursos —que pueden ser hasta $300.000 millones— se destinarán a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).
Estos son hospitales y clínicas, y proveedores con quienes la EPS AIC “tenga deudas o recursos pendientes de pago por la prestación de servicios” de su población afiliada que tenga reportadas y certificado ante la superintendencia del sector.
El documento especifica las condiciones del desembolso de recursos, del giro de estos por parte de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), de la verificación del plan para transitar al Sispi y del “pago de deudas posteriores al saneamiento”.
Como lo explica Jiménez, el fondo de ese borrador de decreto corresponde a un “saneamiento de esa EPS para convertirse e integrarse al Sispi, por medio de limpiar pasivos y deudas para hacer esa transición”. Así mismo, sostuvo que es un reconocimiento de que “la UPC es insuficiente o fue manejada ineficientemente”.
¿Hay contradicción con el discurso del Gobierno?
Esto último no es un detalle menor cuando se pone la situación en contexto.
El Gobierno Nacional y sus autoridades de salud han sido enfáticos, llevan más de tres años sosteniendo que la UPC es suficiente y que si no fuera porque las EPS han sido –según ellos– ineficientes en su uso (“se la roban”), esta les alcanzaría para sostener la demanda de servicios actual.
Estudios de distintos gremios del sector calculan que las aseguradoras actualmente gastan $109 por cada $100 que les ingresa por esa unidad.
Incluso, en septiembre de 2025, en una alocución, el presidente Petro lanzó una sentencia: “Las EPS seguirán quebrándose, no las voy a salvar, porque quiero salvar la salud de la gente”, en referencia a que no les entregaría los recursos que estas han pedido, salvo lo que el Minsalud establezca.
De manera que varias preguntas saltan a la vista con el movimiento que están haciendo con el borrador de decreto (que no está publicado en la página del ministerio):
¿Por qué a una EPS indígena le dispone hasta $300.000 millones para pagar sus deudas previo a una transición, pero a las del sistema general (llámese Sura, Sanitas, Famisanar, etc.) les niega un salvavidas financiero? Si hay recursos para una, ¿por qué no podría haber para las otras?
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De hecho, el pasado 13 de abril el país escuchó al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, comparecer ante la Corte Constitucional, que evaluaba el presunto desacato a las órdenes que ese alto tribunal ha expedido sobre el cálculo de la UPC, sobre la cual ha dicho que ha sido insuficiente.
Allí, el funcionario negó que el Gobierno esté desfinanciando el sistema, sosteniendo el mismo postulado de que no hay insuficiencia, sino ineficiencia en el uso de esa prima por parte de las EPS. Al parecer, el rasero está siendo distinto con las indígenas.
Vale mencionar otro detalle que deja algo de suspicacia: en Colombia, según datos del Ministerio del Interior, hay al menos 159 organizaciones y asociaciones indígenas, pero el sistema del Cric en el Cauca ha sido el único proyectado, según le contó una fuente del ministerio a este diario, para entregarle recursos con el fin de pagar deudas.
Contexto político
Esta semana, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, la senadora Aída Quilcué, estuvo en una gira de campaña llamada “Minga por Colombia”, en la que una de las ciudades que visitó fue la capital del Cauca, Popayán.
La congresista del MAIS ha pertenecido al Cric, en donde fue una destacada lideresa y la primera mujer en estar al frente de la Consejería Mayor de esa asociación (entre 2003 y 2009). Ese Consejo Regional la está apoyando en su aspiración junto a Cepeda para que el petrismo continúe en el poder.
EL COLOMBIANO envió un cuestionario al Ministerio de Salud preguntando si hay más proyectos de decreto con el mismo objetivo en comunidades indígenas de otros departamentos del país.
A su vez, por qué el borrador mencionado no está publicado en la página de la entidad en la parte dispuesta para tal fin; si ha habido más disposiciones de recursos del Presupuesto General de la Nación para la transición al Sispi destinadas a otras comunidades indígenas, además del Cric.
Luego, cuál fue el criterio que usaron para determinar el incremento del 26% de la UPC a la EPS Asociación Indígena del Cauca para la transición a Sispi, y, por último, si ha habido más decretos (después del 0480 de 2025) para reglamentar el sistema de esas comunidades.
Al cierre de esta edición, esa entidad no había respondido ninguna de las preguntas.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué es el Sispi?
- Sistema de salud indígena que reconoce prácticas y saberes propios de estas comunidades en Colombia.
- ¿Qué es la UPC?
- Es el pago que el Estado hace por cada afiliado a las EPS para cubrir su atención en salud.
- ¿Por qué genera debate este decreto?
- Porque asigna recursos a una EPS indígena mientras otras EPS denuncian falta de financiación.
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