Hay preocupación en el sector de educación privada en Colombia. Y todo es por los efectos que traería el Decreto 0173 de 2026 de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El documento establece un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, entre las que están las universidades privadas.
Las preocupaciones en torno al decreto las expuso la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), desde donde advirtieron que el impacto de ese tributo sería de aproximadamente $135.000 millones. “Con estos recursos se podrían financiar cerca de 15.000 cupos de educación superior y miles de becas para estudiantes de menores ingresos”, sostuvo la asociación.
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Así mismo, señalaron que gravar el patrimonio de estas instituciones significa, en términos prácticos, una disminución de los fondos que actualmente se destinan a becas y programas de permanencia estudiantil.
En ese sentido, las instituciones de educación superior estiman que esta medida impacte entre 75 a 80 universidades privadas en el país. Detallaron que el patrimonio de las universidades permite sostener subsidios internos y alivios financieros y que al reducir esta capacidad financiera, afectará directamente el cumplimiento de su objeto social y las oportunidades educativas de miles de jóvenes.
Como lo explicó el experto en proyectos educativos, Jaime García, estas universidades son entidades sin ánimo de lucro, es decir que la plata que generen o adquieran no pueden ser ganancias para sus dueños, sino que su excedentes (la plata que les quede) deben reinvertirla.
“Estas universidades están compuestas de edificios, computadores, instalaciones e infraestructura. Ese es el único activo que tiene, pero no generan lucro y los excedentes lo reinvierten en eso mismo”, aseguró el académico.
En ese contexto, añadió que “no funcionan como una empresa privada, por lo cual no pueden tener reservas, inversionistas ni una caja menor y el único activo (bien que genera ingresos) es la infraestructura que poseen”.
Para la Ascun la medida impacta para sostener proyectos de investigación, innovación y desarrollo científico de largo aliento, pues el tributo recae sobre activos como laboratorios, bibliotecas y hospitales universitario.
El llamado de las universidades
La asociación propuso que se revise la inclusión de las instituciones de educación superior (IES) privadas sin ánimo de lucro en la aplicación del impuesto al patrimonio, pues esto ignora su naturaleza y que pertenecen al Régimen Tributario Especial, por lo cual también reinvierten sus excedentes en funciones académicas e investigativas.
Al respecto, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para establecer espacios de diálogo que permitan evaluar detalladamente los efectos de la medida y encontrar soluciones que protejan la estabilidad del sistema educativo y el talento humano.
De hecho, García señala que el decreto “termina siendo una financiación implícita”, pues el impuesto al patrimonio —a diferencia del de renta— “se tiene que pagar sobre lo que una persona natural o jurídica tenga, así no esté produciendo”. De manera que los excedentes de una universidad dejarían de destinarse a reinvertirse, sino irían a pagar el mencionado impuesto.
“Les tocaría usarlos para pagar el impuesto, suponiendo tengan excedentes porque si no, les tocaría mirar de dónde sacarán la plata: como endeudarse”, añadió el experto.
Por su parte, Ascun propone que se considere la educación superior como un servicio público con función social (conforme a los artículos 67 y 69 de la Constitución), sugiriendo que las universidades no deben ser equiparadas a empresas comerciales con capital distribuible al momento de aplicar gravámenes sobre su patrimonio.
“Nuestro llamado es a promover un diálogo institucional que permita evaluar los efectos de esta medida y encontrar alternativas que no comprometan el acceso de miles de estudiantes a la educación superior ni la estabilidad de un sistema que resulta estratégico”, agregó la Asociación.
Los impuestos proyectados
Una estimación hecha por el Observatorio de la Universidad Colombiana señala que los impuestos proyectados a pagar por las instituciones oscilarían entre $3.000 millones y $23.000 millones.
La Universidad Externado tendría que pagar $23.500 millones; la Javeriana, $9.100 millones; la Pontificia Bolivariana, $8.200 millones; la de Los Andes, $8.100 millones; la de Medellín, $5.500 millones; la Santiago de Cali, $4.700 millones; la Santo Tomas, $4.600 millones; la Libre, $3.700 millones; la Católica, $3.200 millones, y la Eafit, $3.200.
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