Hay números que en seguridad nacional no admiten margen de error. Este es uno de ellos: 6,2 billones de pesos. Corresponde al valor total sobre el papel del Escudo Nacional Antidrones —la apuesta más ambiciosa del gobierno de Gustavo Petro para enfrentar la creciente amenaza de aeronaves no tripuladas en manos de grupos armados—, un proyecto que ya atrae a 117 empresas de 27 países dispuestas a disputar uno de los contratos más jugosos y sensibles del momento. La primera fase está tasada en 800.000 millones de pesos.
En la práctica, esos 7 billones de pesos no los tiene todavía MinDefensa. Así lo revela en exclusiva EL COLOMBIANO tras revisar documentación y consultar distintas fuentes, entre ellas dos empresarios que participan del proceso.
Estos apuntan que a pesar del impulso político y el avance del proceso —que del 25 de marzo al 17 de abril contará con pruebas de campo por parte de las empresas interesadas—, el Escudo Nacional Antidrones no tiene aún dinero en caja para su ejecución.
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¿Qué ha hecho el Gobierno para asegurar recursos?
Este diario pudo establecer en primicia que el Ministerio de Defensa le solicitó al Ministerio de Hacienda asegurar vigencias futuras para el periodo 2027–2030 con el fin de amarrar recursos a mediano plazo en esa cartera.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el propio ministro Pedro Sánchez lo confirmó: “Ya se ha solicitado al Ministerio de Hacienda la inclusión del proyecto en la programación presupuestal, priorizando la primera fase —Antidrones— por $800.000 millones en 2026”.
Esto traslada el peso de las decisiones y la ejecución total del proyecto al próximo gobierno, mientras en este el ministro Pedro Sánchez y la viceministra Angélica Verbel han viajado a distintos países a mirar tecnología que puedan traer para Colombia con la narrativa a la par de que el país avanza en el Escudo Antidrones.
Los viajes internacionales para buscar tecnología
Este año el jefe de la cartera ha ido a Washington, EE. UU., y a la Feria Internacional de defensa DIMDEX 2026 en Doha, Catar; y Verbel ha tomado aviones hacia destinos como Turquía y República Checa, ambas visitas en el marco de explorar tecnologías y avances en defensa y seguridad.
La ausencia de dinero en la chequera para la ejecución del proyecto queda también expuesta en un comunicado del Ministerio de Defensa emitido el pasado 19 de marzo, donde, pese a detallar cronogramas, fases técnicas y participación de empresas internacionales, no se menciona en ningún momento el valor del proyecto, como antes esa cartera lo venía comunicando en piezas gubernamentales y declaraciones del ministro.
“No hay estructuración”: advertencias de la Procuraduría
En diálogo exclusivo con EL COLOMBIANO, Marcio Melgosa, procurador delegado para la vigilancia preventiva de la función pública, confirmó los hallazgos de este diario: el proyecto de seguridad y defensa no cuenta con recursos asegurados. Explicó que, por ahora, las actividades que se adelantan —reuniones y pruebas con empresas interesadas— se financian con rubros destinados a investigación.
“Hace quince días tuve una reunión con el equipo completo, excepto los viceministros y el ministro. Allí explicaron que sí se va a contratar. Inicialmente, el presupuesto era de seis billones de pesos (exactamente 6,2), pero ahora se redujo a cerca de un billón (800.000 millones de pesos). Sin embargo, no les han entregado el PAC —Plan Anual de Adquisiciones—, que es básicamente la disponibilidad de recursos. No hay estructuración. Sin ese PAC no pueden avanzar en la contratación”, afirmó Melgosa.
Ante la pregunta de por qué se adelantan pruebas sin contar con financiación, el funcionario respondió que “lo que están haciendo es planear la contratación, lo cual sí pueden hacer”, y añadió que la Procuraduría mantiene vigilancia cercana sobre el proyecto.
Sobre eventuales acciones del Ministerio Público, Melgosa indicó que existe una vigilancia sobre el proceso, pero aclaró que por ahora no es “posible abrir una actuación de oficio sobre algo que todavía no se ha estructurado”, dado que está en fase preliminar.
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Actores clave en el proceso
El encuentro con delegados del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares se realizó el pasado 4 de marzo en el piso 32 del edificio Avianca, en el centro de Bogotá, donde históricamente han funcionado dependencias administrativas de la Procuraduría.
Entre los asistentes hubo figuras clave. Una de ellas fue Luis Gélves, coronel retirado de la Fuerza Aérea —a la que perteneció Pedro Sánchez—, quien actualmente coordina el grupo de drones y antidrones por encargo del ministro.
“Es quien avala las invitaciones y los ingresos a las reuniones”, le aseguró a EL COLOMBIANO un empresario que asistió al encuentro del 16 de enero pasado, cuando el proceso comenzó formalmente.
En la reunión en el edificio Avianca también participó el mayor Javier Arias Salazar, de la Policía, quien lidera el grupo SIART (Sistema Aéreo Remotamente Tripulado) adscrito a la Dirección de Antinarcóticos.
El ministro Pedro Sánchez le dijo a este diario: “Estamos culminando actividades exploratorias y de estructuración como soporte para la fase precontractual, las cuales no requieren financiamiento distinto al presupuesto ordinario de funcionamiento del Ministerio”.
Debate político y críticas en el Congreso
Cabe recordar que el gobierno del presidente Gustavo Petro elevó este sistema a la categoría de prioridad nacional. El 29 de diciembre del año pasado, durante una ceremonia de ascenso de la Fuerza Pública, el jefe de Estado le encomendó directamente la responsabilidad a Sánchez: “Usted asume la responsabilidad... la compra de antidrones”.
En el marco del proyecto Escudo Nacional Antidrones, la viceministra Angélica Verbel López desarrolló a comienzos de año una agenda técnica centrada en la revisión de capacidades de defensa en Europa y Asia Menor.
Desde el Ministerio de Defensa explicaron que las visitas a países como EE. UU., República Checa, Alemania, Francia y Catar son para conocer capacidades de “vanguardia”.
Durante la visita, Verbel recorrió empresas líderes del sector como MKE y Baykar, donde conoció el dron Bayraktar TB2, así como Otokar, donde revisó vehículos blindados Cobra II.
Casi a la par, el ministro Sánchez comparecía ante el Congreso en una sesión extraordinaria para financiar el proyecto.
Uno de los críticos fue el senador Carlos Fernando Motoa, quien cuestionó la coherencia financiera del Gobierno frente a la “guerra híbrida”.
¿Qué dice el Ministro Pedro Sánchez?
EL COLOMBIANO habló directo con el ministro Pedro Sánchez, quien respondió diferentes preguntas:
Se ha dicho que el Escudo Nacional Antidrones le costaría al país cerca de 6 billones de pesos, y que su primera fase estaría valorada en 800 mil millones. Sin embargo, hemos conocido que su cartera ya le pidió al Ministerio de Hacienda que este proyecto sea tenido en cuenta dentro de la programación presupuestal de las vigencias futuras entre 2027 y 2030. Con ese panorama ¿este le quedará entonces al próximo gobierno para materializarlo?
“El proyecto inicia este año. Por su magnitud estratégica, requiere una ejecución por fases y una planeación que trasciende los periodos de gobierno. Ya se ha solicitado al Ministerio de Hacienda la inclusión del proyecto en la programación presupuestal, priorizando la primera fase —Antidrones— por $800.000 millones en 2026.
La seguridad nacional es un tema de Estado y trasciende los gobiernos. En este año se prevé ejecutar la primera fase. Esta será la base para que futuros gobiernos continúen con las siguientes fases del proyecto, garantizando su continuidad y evitando vacíos que comprometan la defensa del país.
Mientras se define la financiación ¿cómo se está financiando hoy la fase precontractual del Escudo Nacional Antidrones? Porque el Ministerio de Defensa tenía expectativas de apalancar este proyecto con recursos asociados a la emergencia económica suspendida por la Corte. Entonces, ¿con qué recursos concretos está andando hoy este proceso? ¿O no hay dinero y están avanzando igual en la fase precontractual?
”Estamos culminando actividades exploratorias y de estructuración como soporte para la fase precontractual, las cuales no requieren financiamiento distinto al presupuesto ordinario de funcionamiento del Ministerio.
El Ministerio de Defensa no requiere contratar personal o estudios especializados en este proceso, ya que cuenta con personal idóneo y altamente experto para el proyecto. Esta fase corresponde a actividades técnicas: diagnóstico, definición de requisitos y análisis de mercado. El proceso avanza con plena capacidad institucional y conforme a la normatividad vigente. Los recursos serán asignados de acuerdo con se concluya el estudio de mercado”.
Hablando con varias empresas que participan en esta etapa precontractual, hay una preocupación reiterada: que, por la rapidez del cronograma, para ellos eso podría dar la impresión de que el negocio ya estuviera orientado hacia ciertas empresas o países. ¿Qué les responde a esas compañías que temen que este no sea un proceso realmente abierto y competitivo? ¿Cómo garantizar que no hay un direccionamiento previo?
“El proceso es transparente y se rige estrictamente por la ley. Fue anunciado en diciembre de 2025 y la firma del contrato está prevista para mayo, es decir, más de cuatro meses de desarrollo. Actualmente, hay más de 40 empresas interesadas en participar en las pruebas técnicas, lo que evidencia una libre concurrencia y garantiza una competencia objetiva.
La urgencia es evidente: cada día sin estas capacidades pone en riesgo las vidas de soldados, policías y civiles. Actuar con celeridad, cumpliendo los procedimientos legales y contractuales, informando oportunamente a los interesados y a la opinión pública, es cumplir una obligación con responsabilidad y transparencia, no una opción improvisada.
No hay ningún direccionamiento; es un proceso enfocado en la selección objetiva de la mejor opción para proteger vidas. Todas las soluciones serán evaluadas por un equipo multidisciplinario especializado e idóneo, conformado por miembros del Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, aplicando criterios verificables mediante pruebas objetivas y estandarizadas.
Cualquier insinuación contraria carece de sustento jurídico y lógico. A esas empresas les digo que la solución definitiva será la que cumpla con criterios estrictamente objetivos y basados en el rendimiento real de los equipos en terreno según el contexto colombiano.
Todas las empresas tienen acceso a la misma información y existe un único canal oficial de comunicación. El proceso será totalmente transparente y acorde con la normatividad vigente, el cual está a cargo de la Secretaría General y la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio, con el acompañamiento del grupo de transparencia”.
En el marco de este proyecto ha habido viajes oficiales a países como Qatar y Turquía. En ese contexto llama especialmente la atención la presencia en Turquía de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, quien figura en fotos junto a la viceministra Verbel y otros funcionarios, ¿Qué hacía el director de la UNP en esa comisión? ¿Qué papel cumple la UNP dentro del proyecto Escudo Nacional Antidrones, si esa entidad no depende del Ministerio de Defensa sino del Ministerio del Interior?
“Las capacidades antidron no son exclusivas del sector defensa; también son necesarias para otras entidades del Estado, como la UNP. La participación de su director fue una decisión autónoma de esa entidad, con el propósito de conocer las tecnologías disponibles y evaluar su aplicación en esquemas de protección.
Los procesos contractuales de la UNP son autónomos e independientes respecto al Ministerio de Defensa, pero ello no significa que no se pueda desarrollar un conocimiento colectivo o que se aprendan de las experiencias del Ministerio de Defensa para que la UNP decida qué tecnología le sirve según su misionalidad y amenazas”.
¿Y la empresa estatal turca MKE?
“Conocer el portafolio global de capacidades tecnológicas es una obligación del sector defensa. Las visitas internacionales responden a ese propósito y no se limitan únicamente a sistemas antidron.
Las visitas que funcionarios del Ministerio de Defensa han realizado a países como Estados Unidos, República Checa, Alemania, Francia, Catar, entre otros, son para conocer capacidades de vanguardia en esta y otras áreas, ya sean terrestres, aéreas, navales, espaciales o ciberespaciales.
La viceministra Verbel no tiene responsabilidades directas en el proceso contractual del proyecto del Escudo Nacional Antidrones, ni es ordenadora del gasto. Las decisiones recaen en equipos técnicos y comités multidisciplinarios, bajo las directrices y acompañamiento de la Secretaría General y la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa.
Que una empresa presente su portafolio no le otorga ventaja alguna. Es una práctica normal para conocer las opciones del mercado. No interactuar con las empresas para conocer la tecnología disponible va en contravía del deber de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que se debe ejecutar por parte del sector defensa.
El proyecto no está diseñado para un único proveedor. Se evaluarán múltiples soluciones bajo criterios objetivos como desempeño, costo-beneficio y transferencia tecnológica.
Ningún contacto previo sustituye el cumplimiento de los requisitos técnicos ni otorga una ventaja competitiva en la futura contratación. La decisión final será estrictamente técnica, considerando adicionalmente factores financieros y jurídicos”.
¿Y la reunión del 16 de enero?
“La reunión del 16 de enero no fue a puerta cerrada. Fue pública y abierta; de hecho, participaron representantes de la Procuraduría General de la Nación. Pero, más allá de eso, allí no se presentaron especificaciones técnicas de alguna índole, sino necesidades y criterios orientadores.
Recordemos que estamos culminando la fase exploratoria de este proyecto; no existen especificaciones técnicas definitivas. Es más, por tratarse de un tema de seguridad nacional, solo se han socializado aspectos técnicos mínimos para facilitar el desarrollo de las pruebas.
Las especificaciones técnicas definitivas se estructurarán en abril con la información recopilada en las pruebas reales de las tecnologías disponibles sobre el terreno. Estas especificaciones serán reservadas y solo las podrán conocer las empresas que lleguen a la fase precontractual bajo estrictos protocolos de confidencialidad.
La amenaza evoluciona rápidamente y el proceso técnico se ajusta a esa realidad. Cada cambio responde a validaciones técnicas realizadas por un grupo especializado de la Fuerza Pública.
Algo que hemos visto es que una cosa es lo que ofrecen las empresas en el papel, y otra lo que en realidad son capaces de hacer. Acá no nos podemos dar el lujo de creer todo lo que dicen o escriben algunas empresas.
Hay que comprobar previamente; de lo contrario, se pone en riesgo tanto las vidas como los recursos. Por ello, es clave adelantar las pruebas de verificación de las opciones tecnológicas a partir de la próxima semana. No hay decisiones discrecionales ni direccionadas. Este proyecto es un proceso técnico, riguroso, transparente y basado en evidencia”.
¿En qué estado se encuentra actualmente el estudio de mercado del Escudo Nacional Antidrones?
“El proyecto se encuentra en fase de estructuración técnica. En los próximos días iniciarán pruebas de campo para validar las tecnologías disponibles en el mercado y ajustar las especificaciones. Solo después de definir estas especificaciones técnicas se realizará el estudio de mercado, garantizando una estimación de costos precisa y responsable”.
Sobre la comisión creada para acompañar este proceso...
“Participan todas las Fuerzas —Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial y Policía Nacional— junto con equipos técnicos del Ministerio, incluyendo la Dirección de Contratación Estatal, la Dirección de Capacidades y el Grupo de Transparencia.
Se aplica estrictamente la Directiva Permanente 042 de 2025 contra el soborno y el cabildeo indebido. Toda la comunicación se centraliza por los canales oficiales y se ha informado a los interesados que se priorizará la contratación con empresas fabricantes, sin intermediarios.
El proceso cuenta con acompañamiento preventivo de la Procuraduría y la participación de embajadas de los países de origen de las empresas.
Este proyecto será un referente en transparencia, rigor técnico y uso responsable de los recursos públicos, así como un modelo en la implementación de medidas para garantizar la seguridad de la población civil y la Fuerza Pública frente a una amenaza cambiante y compleja”.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué es el Escudo Nacional Antidrones?
- Es un sistema de defensa para detectar y neutralizar drones usados por grupos armados, considerado prioritario por el Gobierno colombiano.
- ¿Cuánto cuesta el proyecto?
- Está estimado en 6,2 billones de pesos, aunque la primera fase se proyecta en 800.000 millones.
- ¿El proyecto ya tiene financiación?
- No. Actualmente no cuenta con recursos asegurados ni con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado.
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