El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá admitió la tutela presentada por Ilex Acción Jurídica y otras organizaciones afrocolombianas en contra del Departamento Nacional de Estadística (DANE), en la que se argumentan vulneración de los derechos de la población afro por la forma en la que se aplicó el Censo de 2018. Aseguran que la metodología hizo que esta población se redujera de manera inexplicable en un 30.8%.
De acuerdo a los tutelantes, las fallas en la aplicación de la encuesta censal hicieron que esta pasara de tener 4’311.757 en 2005 a 2’982.224 en 2018, sin que se haya registro de hechos que expliquen tal reducción.
Los accionantes consideran que el subregistro de la población afrodescendiente vulnera sus derechos a la igualdad y la no discriminación, así como sus derechos económicos, sociales, culturales y a la información. Dicen que atenta contra el principio de protección de la diversidad étnica y cultural de la nación.
Una de las pretensiones de la tutela es que el DANE a través de la próxima Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV), que busca analizar las condiciones socioeconómicas de los hogares colombianos, incluya la misma pregunta de autorreconocimiento del Censo 2018, pero complementada con otros mecanismos de reconocimiento.
El objetivo de este mecanismo complementario sería suplir los vacíos de recolección de información que podrían surgir del uso exclusivo del autorreconocimiento como criterio para conocer la identidad étnico-racial de la población.
En la tutela se le solicita al Ministerio del Interior, al Ministerio de Hacienda y al Departamento Administrativo de la Presidencia interrumpir la utilización de los resultados del Censo 2018 para la población afrocolombiana en el diseño de las políticas públicas dirigidas a este grupo, hasta tanto no se subsanen los errores.
“Esta petición que hacemos en la tutela es importante porque a través de un proceso de sensibilización al personal del DANE se puede lograr que al interior de la institución se entienda la vitalidad de los datos de la composición étnica-racial del país para la asignación de recursos en la creación de políticas públicas y programas con enfoque. Es necesario que esta sensibilización sea de carácter permanente y así se lo solicitamos al tribunal”, señaló Gómez Mazo.
La tutela también hace énfasis en la necesidad de que el DANE realice un proceso de sensibilización a su personal, en especial a aquellos involucrados en la realización de encuestas, para evitar que asuman la pertenencia étnico-racial de la población afrodescendiente, marcando ‘ninguna de las anteriores’ o ‘ningún grupo étnico’.
Acompañaron esta acción la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), la Asociación Colombiana de Economistas Negras: Mano Cambiada, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN -Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros).
