Una diferencia profunda en el balance de las protestas en Colombia que iniciaron el 28 de abril pasado fue lo que se evidenció tras la respuesta de Alicia Arango, embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas (ONU), a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Durante la instalación del 47º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de ONU, Bachelet se refirió a la situación en Colombia que desencadenó las jornadas de protestas. La también expresidenta de Chile manifestó que entre el 28 de abril y el 16 de junio se registraron 56 muertes en el marco de las protestas: 54 civiles y 2 agentes de la Policía. Además, que habría 49 víctimas de violencia sexual.
“Aunque la mayoría de manifestaciones fueron pacíficas, se registraron algunos episodios de violencia”, dijo en el discurso de instalación para el periodo de sesiones que irá hasta el 13 de julio.
Bachelet, sin embargo, también resaltó “el anuncio del Presidente (Iván Duque) de una política de cero tolerancia para los abusos perpetrados por la Fuerza Pública. Y urgió a las autoridades a que garanticen investigaciones prontas, eficaces e independientes”.
Las declaraciones de Bachelet no cayeron bien en el Gobierno Nacional. Por eso, Arango respondió precisando que, de las 54 muertes de civiles mencionadas por Bachelet, 24 están relacionadas con las protestas, 11 están en proceso de verificación y 19 no guardan ningún nexo con las manifestaciones.
“Desafortunadamente, en menos del 10 % de esos actos de protesta pacífica se registraron actos de violencia y vandalismo”, aseveró. Y recordó que, entre esos actos, se ha intentado “incinerar vivos a un grupo de policías, la violación de una policía, destrucción de los sistemas de transporte público”.
¿Cómo llegan a las cifras?
Aunque distintas organizaciones han buscado documentar las cifras de muertes en las protestas, el Gobierno Nacional ha acudido a las entidades oficiales para fundamentar sus informes y son en las que Arango hizo hincapié .
El Ministerio de Defensa los ha construido con base en lo dicho por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Con datos de ambas instituciones es que se habla de 13.610 actividades (concentraciones, marchas, bloqueos y movilizaciones) en 864 municipios de los 32 departamentos del país. Es, por ejemplo, con cifras de la Policía que habla de 2.479 lesionados: 1.113 civiles y 1.366 uniformados.
En cuanto a las personas reportadas como desaparecidas, habla, de acuerdo a la Fiscalía, de 423 casos: 335 personas que fueron ubicadas, 84 para las que se activó el mecanismo de búsqueda urgente y cuatro denuncias por desaparición forzada.
Sobre los informes de la ONU, Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la U. del Rosario, explica que, aunque sí tiene en cuenta lo que dicen las instituciones colombianas, no se queda solo allí.
“Desde noviembre de 1996, la alta comisionada para los Derechos Humanos tiene una oficina permanente en el país, entonces hacen trabajo en terreno. Lo que hacen es contrastar la información que recoge directamente de los territorios y de lo que dice el Estado”, explica.
Para Jorge Andrés Rico Zapata, docente investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de UPB, “la ONU debe ser más efectiva en su labor en la región y ser rigurosa ante asuntos que deben estar en el marco de su responsabilidad como órgano supraestatal”.
Las repercusiones
Dice Jaramillo que el episodio entre Bachelet y Arango es la continuación de otros momentos en los que el Gobierno dirigido por Iván Duque, ha “considerado que el ejercicio de organizaciones internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero también oenegés como Humans Right Watch, afectan la soberanía de la nación”.
Por su parte, César Niño, director de Investigación de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, recuerda que “se enfrentan dos discursos que son oficiales”. Y asegura que “con esa asimetría de cifras podría cambiar la imagen de Colombia frente a la comunidad internacional en cuanto a la responsabilidad del Estado en los derechos humanos”.
Rico, en ese sentido, señala que “es difícil indicar quién tiene la razón en las cifras, porque las debidas investigaciones deben llevar a esa respuesta, pero las diferencias entre la ONU y el Gobierno colombiano generarán una mayor división para la búsqueda de una solución a los problemas”.
Por eso, a su juicio, “la ONU puede ser más activa para que se dé una articulación, en donde se tengan en cuenta los datos enunciados ante la Fiscalía, y por supuesto ante los demás actores no gubernamentales que hablan de más cifras”.
En esa articulación, hay que recordar que a mediados de junio la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, se reunió en Europa con Michelle Bachelet. Y en esa ocasión, manifestó que el Gobierno hará lo necesario para que “las denuncias y quejas sean conocidas por las Naciones Unidas” y que está abierto “al escrutinio internacional”.
También insistió en que el país “respeta, avala, legitima y garantiza la protesta pacífica, pero rechaza todo tipo de violencia, bloqueos y violación de derechos humanos”.
En todo caso, y para concluir, César Niño augura que episodios similares podrían ocurrir en el corto plazo, sobre todo, después de que la CIDH entregue el informe de su visita para verificar lo ocurrido durante las protestas.
24
muertes han tenido relación con las protestas: Ministerio de Defensa y Fiscalía.
