En febrero de 2024, la Fiscalía General de la Nación expropió 45 bienes a Andrés Mauricio Vélez Hernández, alias Fortuna, señalados de provenir de actividades de narcotráfico y avaluados en cerca de 70.000 millones de pesos. Dos años después, uno de esos inmuebles volvió al centro de la agenda del alto Gobierno, luego de que al presidente Gustavo Petro le llegara la versión de que el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, habría buscado que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) cambiara el depositario de una de esas propiedades.
La alerta llegó al despacho presidencial a través de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección en medio de un ambiente marcado por tensiones internas y disputas entre distintos sectores del petrismo.
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“Conozco cosas del señor Idárraga que me hacen pensar que no están en la línea correcta, en la línea ética correcta, y por lo tanto se las hago saber al presidente (...) No quiero ahondar en esto porque ya implica, yo no tengo plenas pruebas, pero tengo algunos elementos que... algunas presiones que en la SAE ha habido ha hecho presiones, ya solamente puedo decir ha hecho presiones a la SAE”, señaló Rodríguez.
Según un informe de El Tiempo, las presiones de Idárraga al parecer estaban dirigidas a modificar la administración de un bien de lujo incautado a alias Fortuna y ubicado en el Valle del Cauca.
De acuerdo con las versiones conocidas, el ministro de Justicia habría sustentado la solicitud en razones de seguridad nacional. En chats y audios que también llegaron al presidente por distintas vías, Idárraga insistía en que el cambio de depositario permitiría acceder a información sensible relacionada con una supuesta caleta de armas y explosivos.
El Tiempo también reveló que el ministro habría señalado que esa información estaría vinculada con un presunto plan para atentar contra el presidente Petro durante los actos del 20 de julio pasado en Santa Marta. Bajo ese argumento, la petición fue presentada como una actuación necesaria para prevenir un riesgo contra la seguridad del jefe de Estado.
Idárraga, siempre según las mismas fuentes, aseguró que ese asunto fue informado a distintas instancias del Estado, entre ellas la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez; el entonces comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo; y funcionarios del CTI de la Fiscalía. Sin embargo, dentro de un sector del Gobierno la explicación no resultó suficiente y se interpretó como una gestión opaca, más aún cuando la SAE no accedió a modificar el depositario del inmueble.
El episodio se sumó a otros cuestionamientos que comenzaron a circular en la Casa de Nariño sobre el manejo del Ministerio de Justicia. Uno de ellos tiene que ver con cambios administrativos al interior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Entre el 25 de noviembre de 2025 y el 8 de enero de este año se realizaron once movimientos en direcciones de centros penitenciarios como La Tramacúa, Florencia, Medellín, Neiva y Puerto Triunfo.
En cuatro de esos casos, según el medio citado, fueron designadas personas con antecedentes o cercanías políticas con partidos tradicionales como La U, el Liberal y el Conservador. Sin embargo, el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, aseguró que el ministro Idárraga no le solicitó el nombramiento de ninguna persona en particular.
Las versiones sobre las gestiones alrededor del narcobien de alias Fortuna y los movimientos en el sistema carcelario se conocieron en un momento de alta tensión política dentro del Gobierno Petro. Hasta ahora no se ha anunciado ninguna investigación formal contra el ministro de Justicia, pero las alertas que llegaron al despacho presidencial abrieron un nuevo frente de inquietud en la Casa de Nariño.
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