El decreto 1275 de 2024 le otorgó a las comunidades indígenas el mismo poder de las autoridades ambientales. Esa facultad que entregó el presidente Gustavo Petro ya fue demandada ante el Consejo de Estado: piden la nulidad.
El recurso fue interpuesto por el exministro de Justicia, Wilson Ruiz. De acuerdo con el exfuncionario, el Gobierno habría excedido sus competencias, pues se saltó el Congreso al tomar una decisión que también, dice él, vinculaba al Legislativo.
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“Es preocupante la decisión de otorgar a los pueblos indígenas facultades como autoridades ambientales, ya que la medida resulta populista y genera conflictos con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que son las encargadas de proteger las áreas naturales y el presupuesto en cuestión”, señaló el exministro Ruiz en un comunicado.
El decreto 1275 de 2024 hizo parte de unos acuerdos a los que llegaron las comunidades indígenas y el Gobierno Nacional en la Mesa Permanente de Concertación en junio pasado.
Con la firma del presidente, el pasado 15 de octubre en la Casa de Nariño, quedaron reglamentadas las normas requeridas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y la coordinación que esos pueblos deberán tener con las demás autoridades y entidades del Estado que supervisan esta materia.
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Una vez se firmó el documento, las Corporaciones Autónomas Regionales emitieron un comunicado en el que manifestaban su preocupación por el conflicto de competencias que se podría generar con el eventual reclamo de jurisdicción de dos autoridades ambientales en un mismo territorio.
“Cabe resaltar que la distribución de competencias que propone el Gobierno Nacional con este decreto puede afectar la gestión ambiental, teniendo en cuenta la lucha de poder entre las CAR y los 115 pueblos indígenas”, añadió Ruiz.
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Mientras el Consejo de Estado decide, las autoridades indígenas mantienen su facultad para permitir o no que en sus territorios se ejecuten acciones humanas que generen afectaciones ambientales.
