Aunque críticos han calificado la política de ‘Paz Total’, bandera de este Gobierno, como “fallida”, todavía persisten dudas sobre el costo de los diálogos. Según información conocida recientemente, entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 se habrían destinado más de $88.840 millones a negociaciones y acercamientos con estructuras criminales.
De acuerdo con información del Fondo de Programas Especiales para la Paz, el Gobierno Nacional ejecutó millonarios recursos en procesos de negociación con organizaciones armadas como el ELN, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y los Comuneros del Sur.
Las cifras las dio a conocer el concejal por Bogotá, Julián Uscátegui, quien cuestionó duramente la estrategia del Gobierno Nacional y aseguró que los recursos públicos terminaron favoreciendo a estructuras criminales.
Según el informe, en los diálogos con el ELN se habrían invertido más de $32.960 millones, de los cuales $6.889 millones correspondieron a honorarios, $7.521 millones a transporte aéreo y $4.748 millones a medidas de protección.
Justamente, esta mesa, que estaba llamada a ser la mesa central de la Paz Total, quedó con su proceso suspendido. Esto, desde septiembre de 2024, después de que esa guerrilla atacara una base militar en Arauca, causando dos muertos y 25 heridos.
En cuanto al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, el documento señala que se destinaron más de $34.601 millones, incluyendo gastos en honorarios, transporte aéreo, esquemas de protección y participación de la sociedad civil.
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Asimismo, el reporte asegura que a la Segunda Marquetalia —estructura criminal señalada por la Fiscalía de ser la autora del magnicidio al exsenador Miguel Uribe Turbay— se asignaron más de $13.106 millones, mientras que los Comuneros del Sur habrían recibido recursos superiores a los $8.172 millones.
Sobre esto, el concejal Uscátegui cuestionó esta política del Gobierno Petro, bastión desde que estaba en campaña antes de llegar a Casa de Nariño.
“La denominada ‘Paz Total’ no es una política de paz, sino una política de impunidad financiada con los recursos de todos los colombianos. Mientras el Gobierno entrega beneficios a manos llenas a los criminales, estos continúan asesinando, secuestrando y extorsionando colombianos sin consecuencia alguna. Es completamente inaceptable”, afirmó.
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