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Por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, la Corte Suprema de Justicia ratificó en segunda instancia la condena al exgobernador de La Guajira José María Ballesteros, con una pena de 14 años y siete meses de prisión.
El exgobernador estuvo en la palestra pública por las irregularidades que se registraron durante un contrato que se llevó a cabo por 18.000 millones de pesos, que se celebró entre la Gobernación y la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud (Olfis).
Según dijo la Fiscalía en el momento de la investigación, el contrato se celebró pese a que la organización no contaba con la experiencia ni la capacidad operativa, administrativa y técnica para cumplir lo dispuesto en la adjudicación.
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En ese entonces, la Fiscalía señaló que el objeto del contrato era investigar y determinar la manera como se podría mitigar el riesgo de dengue en la península.
Para esto, según expuso el ente acusador, “Olfis destinó cerca de siete millones de pesos para la compra de baldes que, según las actas, fueron utilizados en la implementación de trampas y 151 millones más los invirtió, supuestamente, para el pago de personal que nunca desempeñó las labores para las que fue contratado”.
A lo largo del proceso también se estableció que “Ballesteros exigió una suma de dinero a los coestructuradores del proyecto Boris Corrales Higuera y Eduardo José Sierra Gutiérrez y, adicionalmente, por intermedio de su padre, le solicitó al representante legal de Olfis, Fredi Alexander Díaz Quijano, la suma de 200 millones de pesos como contraprestación por la adjudicación del contrato y el primer desembolso”.