Tras negar la prórroga solicitada por el Ministerio de Salud bajo el argumento de la complejidad técnica de los datos, la Corte Constitucional mantiene abierto el incidente de desacato contra la cartera por el persistente incumplimiento en la entrega de la información sobre el reajuste de la UPC, hecho que aviva la disputa entre el Gobierno y el alto tribunal por definir el precio justo que se debe pagar por la salud de cada afiliado.
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La determinación se conoció mediante un auto firmado por el magistrado Carlos Camargo, quien desestimó los argumentos presentados por el Ministerio de Salud el pasado 16 de diciembre. La cartera pidió ampliar el plazo que vence este viernes 19 de diciembre para remitir la información exigida, tras alegar que los requerimientos de la Corte implicaban procesar un “volumen de información extremadamente alto” y realizar un “procesamiento técnico complejo y de gran magnitud” imposible de completar en 48 horas.
Sin embargo, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 fue tajante al señalar que no se trata de una solicitud sorpresiva. El tribunal consideró irrazonable extender los tiempos ante directrices emitidas de manera constante en el marco de una crisis estructural que persiste desde hace más de nueve años.
El magistrado Camargo recordó que el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 exige el cumplimiento inmediato de las órdenes judiciales y advirtió que conceder la prórroga durante la vacancia judicial habría supuesto una nueva mora injustificada en una situación que “no da espera”.
Esta pelea no es nueva, sino el estallido de todo un año de discusiones porque la plata de la salud no alcanza. Las órdenes cuyo incumplimiento derivó en este incidente de desacato se remontan al Auto 007 de enero de 2025, cuando la Corte ordenó revisar y reajustar la UPC de 2024 tras hallar que el aumento decretado por el Gobierno carecía de sustento técnico suficiente.
A pesar de las mesas técnicas y los plazos otorgados, el alto tribunal emitió el pasado 12 de diciembre el Auto 2049, en el cual declaró que “persiste el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC”. Esta conclusión, respaldada en el balance general de la Corte, desvirtuó la postura del Ministerio, que intentó calificar la situación como un “presunto incumplimiento”. Para los magistrados, la falta de datos sólidos no es una excusa válida para el rector del sistema, sino una omisión que pone en riesgo el goce efectivo del derecho a la salud.
¿Por qué el sistema está en crisis?
Para comprender el alcance de la decisión judicial de las últimas horas, es necesario revisar la cronología de una crisis que hizo metástasis en el actual Gobierno. El conflicto hunde sus raíces en la Sentencia T-760 de 2008, considerada la piedra angular del sistema, en la cual la Corte ordenó igualar los beneficios de los regímenes contributivo y subsidiado, y asegurar que la UPC fuera suficiente. A esto se sumó el Auto 411 de 2016, que estableció la regla de oro de la equidad: la UPC del Régimen Subsidiado no puede ser inferior en más de un 5-10 % a la del Contributivo.
El detonante ocurrió a finales de 2023, cuando el Ministerio fijó el aumento de la UPC para 2024. Pese a que gremios como ACEMI y la academia advirtieron que el cálculo ignoraba la inflación real y la siniestralidad, el Gobierno firmó el aumento bajo sus propios criterios. Esto dio paso a una escalada judicial durante 2024, año en el que la Corte emitió el Auto 2881, que declaró el incumplimiento en el pago de los “Presupuestos Máximos” y dio un plazo de 45 días para sanear deudas, una orden que el Ministerio cumplió con retrasos constantes.
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El 2025 marcó la intervención directa del tribunal. El 23 de enero, mediante el histórico Auto 007, la Corte declaró insuficiente la UPC de 2024 y ordenó un mecanismo de reajuste retroactivo. Aunque el Ministerio intentó cumplir convocando mesas técnicas, el tribunal las suspendió en marzo a través del Auto 504, al descubrir que carecían de participación real y rigor técnico. Tras meses de estancamiento entre julio y noviembre, donde las posiciones se radicalizaron, se llegó al escenario actual de diciembre.
A dos semanas de una decisión sobre la UPC
La tensión alcanzó su punto máximo entre el 8 y el 12 de diciembre de este año. La Andi y los gremios revelaron que la siniestralidad supera el 100 % —las EPS gastan más de lo que reciben— y advirtieron que se requiere un aumento de entre el 15 % y el 17 % en la UPC para 2026. Ante esto, la Corte expidió el Auto 2049, declaró el incumplimiento general y abrió la puerta al desacato si no se presentaban acciones concretas en 48 horas.
En un intento por mostrar gestión ante la presión judicial, el Ministerio expidió el lunes 15 de diciembre la Resolución 2605 de 2025, que ordenó equiparar a partir de 2026 el valor de la UPC del Régimen Subsidiado al 95 % del valor del Régimen Contributivo. Aunque el Gobierno presentó esta medida como un avance hacia la equidad, para los expertos y el tribunal, la resolución no resuelve el problema de fondo: la insuficiencia de recursos hoy.
La Corte advirtió que el plazo pedido por el Ministerio coincidía con la vacancia judicial, lo que dilataría aún más la entrega de información que la entidad ya debería tener a la mano y que es clave para avanzar, de una vez por todas, en la superación de la crisis.
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Con la negativa de la prórroga, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo quedó sin margen de maniobra. El funcionario debe entregar los soportes técnicos de inmediato o enfrentar las consecuencias legales del incidente de desacato, que podrían incluir sanciones disciplinarias e incluso compulsas de copias para investigaciones penales y fiscales.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué es un incidente de desacato?
- Es un proceso judicial que se abre cuando una autoridad incumple una orden de la Corte Constitucional y puede derivar en sanciones disciplinarias y penales.
- ¿Por qué la Corte considera insuficiente la UPC?
- Porque el aumento decretado por el Gobierno no tiene sustento técnico suficiente y no cubre los costos reales de atención.
- ¿Qué pasa si MinSalud no entrega la información?
- El ministro podría enfrentar sanciones personales, investigaciones disciplinarias y compulsas de copias a Fiscalía y Procuraduría.
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