En una decisión que estuvo pasada por algunas diferencias entre los magistrados de la Corte Constitucional, la Sala Plena determinó las reglas a tener en cuenta a la hora de otorgarle la nacionalidad colombiana a menores de edad venezolanos en condición de abandono.
La sentencia partió desde un caso particular en el que se revisó una tutela presentada por la defensora de familia Marisol Niño. En el escrito, la también abogada pidió que al menor de tres años que representaba se le protegieran derechos fundamentales como la vida digna, igualdad y tener una familia.
Esto porque había sido abandonado por una mujer que había asumido su cuidado y posteriormente desapareció sin dejar rastro alguno. Y como no hay vías diplomáticas con Venezuela, no podía contactarse a la familia. Además, una de las reglas para darlo en adopción es que sea colombiano, característica que no cumplía.
Frente a esa situación, el alto tribunal amparó dichos derechos y por eso le ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que le dé la nacionalidad colombiana, para que con ella pueda ser puesto en adopción.
Además, le pidió al ICBF que adelante todos los trámites necesarios para que le den su respectivo registro civil.
Lo novedoso de la sentencia, lo cual fue motivo de debate al interior de la Sala Plena, es que la decisión tiene efectos inter comunis. Esto significa que en casos similares al del niño en cuestión –en los que se pueda probar que un menor venezolano fue abandonado– también deberá entregarse la nacionalidad.
La reglamentación
Para otorgar la nacionalidad por adopción hay ciertos parámetros que se deben cumplir previamente. Por ejemplo, deberá comprobarse que se agotaron todas las vías para dar con el paradero de los familiares; y una vez eso pase, solo podrá solicitar la nacionalidad por adopción el defensor de familia a cargo.
Otra de las reglas es que se debe acreditar como mínimo es que el niño haya permanecido en Colombia por lo menos un año.
Así mismo, se entregará “siempre que no exista duda sobre las razones por las cuales se encuentran en territorio colombiano, o de que no han sido separados forzosa o delictivamente de sus padres o familiares”.
Proteger los derechos del niño por el que se puso la tutela no estuvo en discusión, puesto que los nueve magistrados de la Sala Plena estuvieron de acuerdo con ello. Sin embargo, la discordia de cuatro magistrados estuvo en aplicar esto para todos los niños como regla general.
En efecto, Diana Fajardo, Alejandro Linares, Natalia Ángel y Antonio José Lizarazo optaron por salvar voto frente al efecto inter comunis y en lo que respecta a los llamados que se le hizo al Gobierno nacional y al Congreso.
Estos fueron por parte de los otros cinco magistrados, y en aras de que el Ejecutivo diseñe un mecanismo para dar con los familiares de los niños que se encuentran en esta situación. De acuerdo a cifras del ICBF, son más de 1.200 menores los que tienen a cargo en la entidad sin definir su situación jurídica.
Ellos no podían ser adoptados debido a que no están documentados como personas regulares. Ahora, si se cumplen las reglas van a poder recibir su nacionalidad para entrar en adopción.
Algunos reparos a una medida así de general respecto a la adopción –no a la nacionalidad–, según conoció este diario, se deben a que debe analizarse caso por caso, ya que puede que esta no sea la mejor salida siempre.
Por ahora, el ICBF y el Gobierno no se han pronunciado, ya que la sentencia con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez aún no se ha revelado. Sin embargo, en el sentido de proteger a los niños venezolanos abandonados se estaba adelantando un proyecto de ley impulsado por el ejecutivo.
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