La corrupción ha campeado por el país, no es un problema reciente y se ha convertido en uno de los aspectos que se deben percibir como prioritarios a encarar.
Así lo destaca la organización no gubernamental Transparencia por Colombia, que en el segundo informe de seguimiento de la acción pública del Gobierno Nacional en materia anticorrupción, titulado "La lucha contra la corrupción entre la protesta social y la emergencia sanitaria: de las medidas técnicas a la concentración del poder", encontró una serie de desafíos.
Pese a los riesgos de corrupción, Andrés Hernández, director de la organización, señala que "el informe identifica avances importantes en el fortalecimiento de instrumentos de carácter técnico y normativo en la lucha contra la corrupción, pero sigue habiendo retos para llegar a problemas más de fondo".
Por ello, el informe plantea algunas recomendaciones, especialmente en torno a reformar el sistema político, un nuevo estatuto de contratación pública, promover y proteger la denuncia ciudadana y fortalecimiento de la institucionalidad anticorrupción.
"En cuanto a la reforma política, asociada principalmente en seguir la transparencia, la rendición de cuentas de campañas y partidos políticos, la puesta en marcha de medidas más profundas para implementar la política criminal electoral", entre otras, destaca Hernández.
Camilo Enciso, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, sostiene que "hay que limpiar al sistema judicial de la corrupción". A su juicio, "si la corrupción nace desde las altas cortes y reina la impunidad, ningún colombiano podrá creer en el Estado de derecho, en la importancia de seguir la ley".
Sectores a mejorar
Hernández, además, plantea que se debe seguir fortaleciendo la lucha contra los abusos en la contratación pública, especialmente "porque lo que vivimos en 2020 en medio de la pandemia fue una alerta muy grande, por asuntos como sobre costos, asignación de recursos a contratistas no idóneos o la relación entre financiadores de las campañas de los actuales mandatarios".
El director de Transparencia también hace énfasis en que se deberá fortalecer la garantía a las libertades ciudadanas, como el acceso a la información, la libertad de expresión y el derecho a la vida.
“Lo que hemos visto es que las condiciones para que la ciudadanía se pueda expresar más libre hace que ese sistema de pesos y contrapesos esté afectado", asegura Hernández.
Por otra parte, el informe resalta la necesidad de fortalecer y proteger la denuncia ciudadana. Frente a esto, Enciso destacó que este desafío es de "especial relevancia" y recordó lo que sucedió con la denuncia sobre las directrices del Ejército que amenazaban con repetir los falsos positivos. "Los periodistas y los denunciantes son amenazados y hostigados permanentemente", manifestó Enciso.
Frente a la protección ciudadana, Beatriz Londoño, secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, le contestó por escrito a EL COLOMBIANO que "estamos convencidos que la protección es una de la maneras más efectivas para fomentar las denuncias, pues las personas en ocasiones renuncian a denunciar o atestiguar por temor a las represalias".
De igual manera, precisa que el barómetro Global de la Corrupción publicado en 2019 muestra que el 78 % de las personas cree que sufrirá represalias si denuncia actos de corrupción. "Para el 2018, en la encuesta Latinobarómetro se evidenció que el 50 % de las personas encuestadas prefieren guardar silencio y no denunciar ante la presencia de actos de corrupción".
Por esto, agrega la funcionaria, uno de los objetivos con el Proyecto de Ley 341 de 2020, radicado en el Congreso en octubre pasado, busca establecer la protección a los testigos de hechos de corrupción, tanto desde lo físico como lo laboral y su identidad.
¿Hacia dónde echar?
Al consultarles a los analistas hacia dónde debe tomar la lucha anticorrupción en el país, las respuestas son varias.
Sin embargo, vale la pena revisar las apuestas del Gobierno. Londoño plantea que con el proyecto radicado en el Congreso el año pasado se busca hacerle frente a diferentes líneas, como reforzar la transparencia, la prevención de la corrupción y la coordinación interinstitucional, además de impulsar el cumplimiento de compromisos internacionales que tiene el país sobre la materia.
"Sabemos que la corrupción es un fenómeno multidimensional en el que participan todos los agentes de la sociedad, afecta la eficiencia del gobierno, disminuye la confianza del ciudadano e impacta negativamente la capacidad de los funcionarios y directivos para resolver problemas públicos", aseguró Londoño.
Otro problema al que hay que hacerle frente, según los consultados, está en la cartelización de la contratación. Por ejemplo, la secretaria de Transparencia citó un informe de la Contraloría General en el que se evidenció que hay “concentración de contratos en ciertos contratistas".
Londoño, destacó que según la Contraloría, el 49 % del total de la contratación directa en el país estuvo concentrada en las mismas empresas, lo que representó alrededor de $81,3 billones, algo así como el 25,9 % de los 313,9 billones del Presupuesto General de la Nación aprobado para 2021.
