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Presiones indebidas y certificados falsos: así operó el plan criminal en el caso de los helicópteros MI-17

Luego que este pasado martes se conocieran unos operativos que se realizaron en el Fuerte Militar de Tolemaida y se ejecutaran cinco órdenes de captura, el ente de control ya emitió la judicialización de algunos de los presuntos responsables.

  • Ninguno de los tres acusados aceptó los cargos. Foto: Colprensa/Fiscalía.
    Ninguno de los tres acusados aceptó los cargos. Foto: Colprensa/Fiscalía.
hace 4 horas
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La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa y a un coronel del Ejército Nacional por su presunta participación en irregularidades detectadas en un contrato de 32 millones de dólares para el mantenimiento de helicópteros rusos MI-17.

Los procesados son Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa; Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación, y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, integrante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército.

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Según la investigación adelantada, entre septiembre y octubre de 2024 el proceso contractual habría sido direccionado de manera irregular para favorecer a la empresa Vertol Systems Company, pese a que el comité evaluador del contrato habría descartado su propuesta.

De acuerdo con el ente de control, el coronel Rincón Ricaurte, en su calidad de gerente del proyecto, habría presentado “prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado sin soporte alguno que la compañía Vertol Systems Company contaba con experiencia e idoneidad técnica”.

Además, es acusado de intervenir en la modificación de los estudios financieros y de avalar condiciones que dificultaron comprobar la real capacidad económica del contratista.

Por su parte, Manrique Cabezas habría participado en la elaboración y evaluación del estudio económico previo, modificando requisitos financieros habilitantes y permitiendo la aprobación de una propuesta sin que se pudiera establecer indicadores clave como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional.

En cuanto a Mora Tamayo, la Fiscalía indicó que, pese a conocer las irregularidades del proceso, suscribió el contrato el 31 de diciembre de 2024 y posteriormente autorizó un cambio en la forma de pago, avalando un anticipo del 50 %, equivalente a más de 16 millones de dólares, consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.

Aunque el contrato no podía ejecutarse por incumplimientos del proveedor, el anticipo fue desembolsado el 15 de abril de 2025. Como ya había anticipado este diario, del total del contrato, solo se habrían ejecutado actividades por cerca de 2,6 millones de dólares, sin que hasta ahora se haya reintegrado al Ministerio de Defensa un saldo superior a 13 millones de dólares, tras la declaratoria de incumplimiento.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los tres, según su presunta responsabilidad, delitos como falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, prevaricato por acción, abuso de función pública, fraude procesal y peculado por apropiación.

Ninguno de los tres acusados aceptó los cargos. Este viernes se conocerá si serían enviados a prisión y hasta el momento no se descarta que haya otros implicados. La Fiscalía avanza en el proceso para identificar cuáles habrían sido los roles de los involucrados dentro de la organización criminal.

Lo que se sabe del caso

Colombia cuenta con 20 helicópteros MI-17 desde la década de los 80. Sin embargo, el uso de estas máquinas entró en crisis en 2022, debido a las sanciones que impusieron EE. UU. y Europa a Rusia, por su violenta invasión a Ucrania. Dichas restricciones bloquearon la comercialización y contratación de servicios militares rusos, incluyendo los acuerdos de mantenimiento que tenía Colombia para su flota aérea.

A principios de este año, la Aviación del Ejército solo tenía cinco de estos helicópteros en servicio, y la meta con el nuevo contratista era cerrar este año con 11 en funcionamiento.

Sin embargo, mientras iban pasando los meses aparecieron los problemas.

El pasado mes de octubre, la Contraloría emitió una alerta por el posible detrimento patrimonial en ese contrato, dado que el MinDefensa había girado el millonario anticipo de US$16 millones y los helicópteros seguían varados. El plazo del contrato se venció el pasado 15 de noviembre sin haber cumplido su objetivo.

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Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quiénes son los capturados por el caso de los helicópteros MI-17?
Los principales procesados son el coronel Julián Rincón, el exsecretario de MinDefensa Hugo Mora Tamayo y el exasesor Diego Manrique. Se les acusa de delitos como peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales en una licitación de US$32 millones.
¿Qué pasó con los 16 millones de dólares del anticipo?
El dinero fue consignado en una cuenta en Estados Unidos. Aunque se giró el 50% del contrato, solo se ejecutaron labores por US$2,6 millones. Tras el vencimiento del contrato el 15 de noviembre, hay un saldo de 13 millones de dólares no reintegrado.
¿Por qué están varados los helicópteros rusos en Colombia?
La flota entró en crisis por las sanciones a Rusia tras la invasión a Ucrania, lo que bloqueó los contratos originales de mantenimiento. El plan criminal aprovechó esta urgencia para direccionar irregularmente el nuevo contrato de reparación hacia una empresa no idónea.
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