Mientras las rectificaciones por llamar “muñecas de la mafia” a las mujeres periodistas, vincular a Paloma Valencia con los falsos positivos y decir que las mujeres que “acompasan” su clítoris son grandes siguen esperando; el Consejo de Estado le ordenó a Petro y a Benedetti rectificar unas publicaciones que hicieron sobre el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez.
El Consejo de Estado volvió a ordenar al presidente Gustavo Petro rectificar declaraciones públicas—esta vez por unos señalamientos contra el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez—y abrió un nuevo capítulo en la lista de disculpas oficiales que el mandatario tiene pendientes de cumplir.
La decisión también cobija al ministro del Interior, Armando Benedetti, y da un plazo máximo de cinco días para que ambos corrijan afirmaciones en las que vincularon al funcionario con grupos armados ilegales.
Los hechos que dieron origen a la tutela ocurrieron el 21 de abril, durante un consejo de ministros televisado.
En esa transmisión, Petro cuestionó la posición del personero frente al decreto de conmoción interior en el Catatumbo: “¿Por qué quiere que se tumbe? Para que se emborrache de alegría el ELN”, dijo el mandatario, insinuando que Bohórquez actuaba en beneficio de esa guerrilla.
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Ese mismo día, Benedetti publicó un mensaje en X respondiéndole al personero que criticar “el enorme esfuerzo de nuestras Fuerzas Militares” durante el periodo del decreto era ser “sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país”.
Bohórquez le contestó públicamente: “Señor ministro del Interior, mi misión siempre será proteger los derechos humanos. Sus señalamientos son infundados y peligrosos”.
La Sección Tercera del alto tribunal determinó que el presidente debe rectificar en la “inmediata y siguiente alocución presidencial o intervención televisiva” posterior a la notificación del fallo.
Benedetti deberá hacerlo por escrito en su cuenta de X, etiquetando al personero y manteniendo el mensaje publicado durante tres meses. En ambos casos, las rectificaciones deben cumplir estándares de veracidad, objetividad y respeto, propios de quienes ejercen funciones públicas.
Según explicó Bohórquez, las afirmaciones de los funcionarios del Ejecutivo desataron un incremento en las amenazas en su contra.
En declaraciones a Blu Radio, aseguró que varias advertencias aludían a atentados similares al que acabó con la vida del senador Miguel Uribe Turbay. “Hago responsable al Gobierno Nacional de cualquier afectación a mí y a mis seres queridos”, afirmó entonces.
La nueva orden del Consejo de Estado llega cuando el presidente ya acumula otras dos rectificaciones pendientes.
La primera se remonta al 30 de agosto de 2024, cuando, durante la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, Petro calificó a las periodistas como “muñecas de la mafia”.
El abogado Germán Calderón España, en representación de la periodista María Andrea Nieto, pidió un proceso de desacato argumentando que el mandatario no ha cumplido con la orden de rectificar en el mismo formato en que emitió sus declaraciones.
Según el jurista, el plazo de cinco días fijado por el Consejo de Estado ya se venció, y el presidente podría enfrentar sanciones disciplinarias que incluyen hasta cinco días de arresto.
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La Corte Constitucional también reprochó esas afirmaciones al considerarlas violencia simbólica y discriminatoria hacia las comunicadoras.
La segunda rectificación incumplida ocurrió tras otra intervención televisada, el 17 de septiembre de 2025, cuando Petro afirmó: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”.
Colectivos feministas, académicas y ciudadanas rechazaron la frase por considerarla machista. Una tutela presentada por Tatiana Echavarría Arango llevó a un juzgado de Bogotá a ordenar al presidente retractarse y pedir disculpas públicas.
El juzgado consideró que el comentario reproducía estereotipos sexistas y vulneraba la dignidad de las mujeres. Voces como la de la académica Edna Bonilla Sebá lo calificaron de “profundamente ofensivo e irrespetuoso”, al reducir el valor de las mujeres a estereotipos, desconociendo sus luchas históricas y sus capacidades reales.
El fallo dio un plazo de cinco días; ha pasado más de un mes sin que el mandatario cumpla.
La tercera rectificación incumplida se remonta al 27 de octubre, cuando el Juzgado 46 Administrativo de Bogotá le ha ordenado al presidente Gustavo Petro retractarse de las acusaciones lanzadas en contra de la senadora Paloma Valencia donde la señaló de haber sido una “cómplice” de los falsos positivos a finales de septiembre.
El mandatario tenía cinco días para hacerlo, pero no lo cumplió.
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