La definición sobre si seis congresistas investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) serán enviados a juicio y eventualmente a prisión quedó ahora en manos de dos conjueces designados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de los juristas Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado, quienes deberán estudiar la ponencia que propone acusar formalmente a los implicados y definir, junto con los magistrados, si procede una medida de aseguramiento en su contra.
Los investigados son los congresistas Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique, Juan Pablo Gallo, así como el exrepresentante Juan Diego Muñoz.
La intervención de los conjueces se volvió necesaria después de que la Sala de Instrucción quedara empatada en la votación sobre la situación judicial de los congresistas. Ante la falta de mayoría, el reglamento obliga a llamar conjueces para destrabar la decisión, lo que convierte su voto en determinante para el rumbo del proceso.
¿Quiénes son los conjueces?
Javier Fernando Fonseca Alvarado es abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás y magíster en Derecho de la Universidad de los Andes. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como litigante, asesor y consultor en derecho penal y constitucional.mTambién ha tenido una amplia trayectoria académica. Ha sido decano de las facultades de Derecho de las universidades Católica de Colombia, Militar Nueva Granada, Cervantes San Agustín y Los Libertadores. En el ámbito docente ha dictado cátedras relacionadas con derecho probatorio, principios de la prueba judicial y sistema penal acusatorio en varias maestrías y especializaciones.
El otro conjuez, Alfredo Rey Córdoba, es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, con una carrera que combina experiencia judicial, académica y diplomática. Fue juez penal de plena competencia y juez penal del circuito, y ha sido docente en áreas de derecho penal general, derecho penal especial y derecho penal económico en universidades como Los Andes y la Javeriana de Cali.
En el ámbito público también ha ocupado cargos de alto nivel, fue viceministro de Comunicaciones, presidente de la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite y embajador alterno de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York. Así mismo, fue embajador en misión especial ante la comisión de utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos de la ONU.
Rey Córdoba ha sido previamente conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y ha publicado varios trabajos académicos, especialmente en derecho del espacio ultraterrestre.
La Sala de Instrucción volverá a discutir el caso la próxima semana. Sobre la mesa está la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que plantea llamar a juicio a seis aforados y ordenar su captura por el delito de cohecho impropio.
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El expediente reúne más de 50 documentos obtenidos mediante órdenes de policía judicial y al menos diez testimonios. De acuerdo con la ponencia, los implicados deberían responder en juicio por el delito de cohecho impropio, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de la entidad encargada de la gestión del riesgo en Colombia.
Con la llegada de los conjueces, la decisión que adopte la Sala será clave para determinar si el caso avanza hacia juicio con los implicados privados de la libertad o si continúan vinculados al proceso sin medida de aseguramiento.
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