Aunque está a la espera de su primer debate, en la Comisión Primera del Senado ya fue radicada la ponencia para que en Colombia se permita la prisión perpetua a quienes cometan feminicidios.
Lo que busca es modificar el artículo 34 de la Constitución, que tipifica ya esta condena para violadores de menores de edad, agregándole: “De manera excepcional se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua cuando se trate de la comisión de la conducta punible de feminicidio”. Por ser una reforma constitucional, requiere de 8 debates en el Congreso y se espera que la próxima semana comience en forma el primero.
La motivación de esa iniciativa, cuenta a EL COLOMBIANO la senadora Esperanza Andrade, ponente del proyecto, es que —citando a Medicina Legal y al Observatorio Feminicidios Colombia— en el país hay “cifras preocupantes sobre este delito”.
En efecto, dice que el Observatorio reportó, durante 2019, 571 casos, y que para lo corrido de este 2020 ya se han registrado 508 feminicidios, de los cuales 64 ocurrieron en octubre pasado.
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Además, que entre julio de 2015 y junio de 2020 hubo 812 feminicidios, de acuerdo con Medicina Legal.
Esta radiografía, que la congresista usa de contexto para impulsar su proyecto de reforma constitucional, cobra relevancia hoy 25 de noviembre cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De hecho, con motivo de la fecha, este diario presenta la segunda parte del trabajo periodístico multimedia #EllasSoyYo, al que puede acceder aquí.
En cuando a la iniciativa legislativa, no tiene un camino sencillo en el Congreso. Para empezar, requiere cuatro debates en el Senado y cuatro más en la Cámara, y, como se dijo, hasta ahora se está definiendo si podría surtir el primero la próxima semana. Además, ya hay voces, como la del abogado penalista Francisco Bernate, que advierten que este tipo de propuestas no sirven para disminuir la criminalidad, porque a pesar de que se aumenten las penas los delitos se siguen cometiendo.
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Sin embargo, hay un antecedente importante. En junio pasado el Congreso, después de una larga discusión, aprobó la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. La senadora Andrade asegura que es a raíz de ese espaldarazo que planteó su propuesta.
¿Para qué?
“Si se examinan los tipos penales relacionados con la violencia y asesinato de mujeres se encontrará que, incluso con sus agravantes, resulta ser una pena muy baja frente al daño que se causa y las razones fútiles o abyectas que genera esta conducta”, señala la ponencia, al referirse a la condena actual por feminicidio que va de 20 a 41 años de prisión, o de 41 a 50 años si tiene agravantes, según la Ley 1761 de 2015 que tipificó precisamente el feminicidio como delito.
Andrade indica que “envía un mensaje fuerte a las personas que asesinan a las mujeres, para que le teman a la justicia”.
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En ese punto, aclara que es importante una precisión: aquí no se habla de cadena sino de prisión perpetua, porque es esa figura la que permite la revisión de la pena cada 25 años como se establece en el proyecto que está en análisis del Congreso. Para la senadora, “así se puede contemplar una posible resocialización del individuo.
Por eso, debemos modificar la Constitución para que sea una medida efectiva”.
Por último, Andrade explica que el acto legislativo depende de algo más que la voluntad del Congreso. Al estar directamente relacionado con la prisión perpetua para violadores de niños, necesita que la Corte Constitucional señale si esa modificación a la Carta es constitucional o no. Este trámite puede tardar hasta un año después de que una norma así es aprobada en el Capitolio.
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¿Sirve?
Pero en paralelo a la discusión legislativa, también hay voces que cuestionan la efectividad de un proyecto como este.
María Helena Luna Hernández, abogada penalista y docente universitaria, asegura que se trata de una medida que “no tiene eficacia, porque ya existen penas contra este tipo de conductos y lo que corresponde es que el sistema de justicia funcione y las aplique”.
En ese sentido, continúa la abogada, es necesario que el foco esté en un fortalecimiento del sistema penal con, por ejemplo, la preparación de los jueces, “y eso no se hace aumentando las condenas”.
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Para ella, lo que se debe hacer es “activar mecanismos preventivos”, como una educación temprana de respeto por la mujer y por su cuerpo.
Por su parte, Yamile Roncancio, fundadora y directora de la Fundación Feminicidios Colombia, asegura que la organización que dirige se opondrá a la aprobación de la propuesta, al considerar que “no hay ninguna justificación, lo vemos como populismo punitivo y no obtendrán réditos políticos de las víctimas”.
Añade que también se opondrán porque lo que se debe hacer es garantizar el cumplimiento de la ley 1761 de 2015, que tipificó el feminicidio como un delito, y que se apliquen las penas ya mencionadas que pueden ir hasta los 50 años de cárcel.
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“No tenemos un sistema integrado estadístico, hay un subregistro de feminicidios, los fiscales no investigan bien e, incluso, hemos detectado preacuerdos que van en contra de la Constitución y la ley.
Y, finalmente, a los hombres los pueden judicializar por violencia intrafamiliar, pero dentro de las cárceles no hay un ejercicio terapéutico para el desmonte de la violencia machista”, dice al respecto Roncancio.
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En todo caso, la congresista Adrade señala que el país debe abordar esta discusión de fondo como uno de los caminos legales que existen para, dice, intentar llegar a un fecha como la que se conmemora hoy con las cifras reducidas a su mínima expresión: “Lo que buscamos es acabar con los feminicidios”.
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