Colombia

Con permiso, habrá porte de armas

El Ministerio de Defensa quedó con la potestad de diseñar lineamientos para autorizarlo.

Desde el 2016 en Colombia está prohibido el porte de armas de fuego, como una medida para prevenir la violencia y disminuir los indicadores de homicidios. En 2019 se expedirán permisos especiales a personas que comprueben que las necesitan. FOTO Jaime Pérez

Olga Patricia Rendón Marulanda

27 de diciembre de 2018

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La Navidad trajo consigo un decreto según el cual en Colombia tampoco se podrá portar armas en 2019, esto siguiendo la línea establecida por el Gobierno de Juan Manuel Santos que lo prohibió desde 2016. Sin embargo, la directriz expedida por el presidente, Iván Duque, plantea algunas excepciones que abren la puerta al uso de armas que ya levantan ampolla. El debate está abierto.

El Ejecutivo tiene argumentos para mantener la prohibición. El principal, el monopolio de las armas debe estar en manos del Estado, como lo ordena la Constitución Política.

Segundo, la Corte Constitucional ha asegurado que sostener el porte de armas promueve la violencia, agrava las consecuencias de los enfrentamientos sociales e introduce un factor de desigualdad en las relaciones entre particulares, que no pocas veces es utilizado para fortalecer poderes económicos, políticos o sociales, por lo que el permiso debe ser “excepcional”,

El último argumento es que las estadísticas muestran la disminución de homicidios con armas de fuego desde la restricción. En 2015 hubo 9.007 homicidios con armas de fuego, mientras en 2016 fueron 8.591 y en 2017, 8.613.

Por eso, el primer artículo del decreto establece que las autoridades militares “adoptarán las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019”.

Diferencia en excepciones

Un parágrafo del artículo expresa: “el Ministerio de Defensa Nacional, durante la vigencia del presente Decreto, impartirá a las autoridades militares competentes los lineamientos y/o directrices para la expedición de las autorizaciones especiales que requieran los titulares por razones de urgencia o seguridad y de las excepciones que corresponda, teniendo en cuenta entre otros factores, las condiciones particulares de cada solicitud”.

Es ahí donde donde los críticos manifiestan su inconformidad, porque consideran que las excepciones hacen que no haya un efectivo monopolio de la fuerza y podría justificar el regreso del país a épocas más violentas.

Precisamente, un estudio de 2013, de American Journal of Medicine, desmiente la creencia de que entre más armas, más seguridad. Por el contrario, los países en los que hay mayor disponibilidad de armas son más inseguros y violentos, aunque sean legales.

Para llegar a esa conclusión, examinaron los datos de 27 países desarrollados, utilizando las cifras de propiedad de armas de la Small Arms Survey, y las muertes de la Organización Mundial de la Salud, el Centro Nacional de Estadísticas de Salud. También las tasas de criminalidad compiladas por la ONU.

El resultado: las armas significan más muertes. “Aunque la correlación no es lo mismo que la causalidad, parece concebible que la disponibilidad abundante de armas facilite las muertes relacionadas con armas de fuego. Por el contrario, las altas tasas de delincuencia pueden provocar una ansiedad y un temor generalizados, motivando así a las personas a armarse y dar lugar a un aumento de la posesión de armas, lo que a su vez, aumenta la disponibilidad”, un círculo vicioso que se lleva vidas por delante, señala el informe.

Por eso, el profesor Jaime Carrión, experto en Política de la Universidad Nacional, explicó que esas excepciones son “una grave equivocación. En un Estado Social de Derecho, el monopolio de las armas, aunque sean cortas, debe estar en cabeza del Estado”.

Agregó que “la experiencia colombiana en relación con civiles armados es nefasta y la historia lo ha demostrado. El Decreto eleva la inseguridad ciudadana, pues aumenta la probabilidad de que un ciudadano encuentre un arma por fuera del monopolio estatal en la calle. La existencia de cualquier arma es un riesgo para la seguridad de todos”.

¿Armas para quién?

Andrés Felipe Bernal, investigador de la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda, recordó que “en Colombia existía el derecho constitucional a la autodefensa, y léase bien, no la autodefensa desvirtuada en paramilitarismo, sino el derecho de los ciudadanos de bien de defender y salvaguardar su propiedad con el uso legítimo de las armas”.

Al ser consultado por quién puede ser considerado “de bien”, Bernal contestó que “desde Cesare Beccaria, uno de los grandes teóricos de la criminología, se ha utilizado la terminología del ciudadano de bien para referirse a los individuos que se acogen al imperio de la ley”.

El senador Armando Benedetti cuestionó que el decreto no es claro a la hora de definir quién ni cómo se establece si un caso amerita el permiso especial para el porte de armas. “Hay una rendija en la que se pueden colar que muchas más personas tengan armas, llegando a la conclusión de que va a haber más muertos”.

Para el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el asunto es más simple, al ser consultado acerca de las salvedades del Decreto explicó que: “El Ministerio de Defensa va a expedir directrices para que los permisos sean otorgados de manera objetiva, eliminando discrecionalidad de los funcionarios que tenían la oportunidad de crear permisos especiales. Los particulares no deben estar armados, pero reconocemos que puede haber un caso especial que será estudiado y que posiblemente puede haber un permiso”.

Pero, por ejemplo, los líderes sociales que vienen siendo amenazados, y muchos de ellos asesinados, no podrán usar armas para proteger su derecho a la vida. De acuerdo con el ministro Botero, la seguridad de estas personas están en manos de la Unidad Nacional de Protección.

8.613

personas fueron asesinadas con armas de fuego en Colombia durante 2017.