Mientras el país entero seguía con horror el minuto a minuto del caso de Luis Andrés Colmenares, la Fiscalía no solo dio credibilidad a un relato de ficción, sino que además financió, con recursos públicos, la estadía, manutención y seguridad de José Wilmer Ayola Lerma, un vigilante de conjunto residencial que terminó convertido en símbolo de uno de los testimonios más escandalosamente falsos del proceso.
Según el expediente judicial, conocido por EL COLOMBIANO, Ayola fue condenado en 2015 a ocho años de prisión como autor de los delitos de falso testimonio, fraude procesal y fraude a subvenciones.
Durante la investigación, Ayola aseguró haber presenciado la supuesta agresión contra Colmenares en el parque El Virrey, en la noche del 31 de octubre de 2010.
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En 2012 rindió sus primeras declaraciones —que posteriormente se demostrarían falsas— ante el fiscal Antonio Luis González Navarro, Fiscal 11 Seccional de la Unidad de Vida, y ante la entonces fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Martha Lucía Zamora Ávila.
La Corte Suprema confirmó en 2024 la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que cerró la investigación contra el exfiscal González Navarro, investigado por supuestamente haber presentado los testigos falsos en el caso Colmenares. De acuerdo con la alta corte, no existen elementos que desvirtúen la inocencia de González.
En ese relato mendaz, el vigilante José Wilmer Ayola señaló falsamente a Carlos Cárdenas como uno de los agresores de Colmenares, induciendo en error a fiscales y jueces que llegaron incluso a ordenar capturas sustentadas en su versión.
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Sin embargo, en 2013, la propia Fiscalía, a través de la fiscal Patricia Feria Bello, estableció que Ayola en realidad se encontraba trabajando como vigilante en los conjuntos residenciales Bochica V y VI, ubicados cerca del lugar de los hechos, y que nunca presenció los acontecimientos que aseguró haber visto.
Junto a Ayola también fueron condenados Jonathan Andrés Martínez, a 7 años de cárcel por cargos similares tras aceptar su culpabilidad; y Jesús Alberto Martínez fue sentenciado a 7 años de prisión, una condena que no terminó de cumplir debido a que fue asesinado (presuntamente envenenado) en 2018 mientras se encontraba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.
El relato de fantasía de Ayola
El relato falso de José Wilmer Ayola Lerma, consignado en las actas de preacuerdo, en pruebas y en el escrito de acusación, describe una escena de violencia casi cinematográfica que, según quedó demostrado científicamente, nunca presenció.
En su declaración, Ayola afirmó encontrarse en el lugar de los hechos durante la madrugada del 31 de octubre de 2010. Según su versión, recogida en los documentos, “en la madrugada del 31 de octubre de 2010 a eso de las 2.30 de la mañana aproximadamente en compañía de Cristian por la orilla del caño del Virrey vio a un grupo de cinco (5) jóvenes en total, 4 hombres y una mujer que están reunidos al lado de una camioneta color oscura parqueada en sentido sur norte con las luces apagadas dentro de la cual había una persona del lado del conductor”.
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En su relato, describió también la supuesta aparición de Luis Andrés Colmenares y su supuesto estado de embriaguez: “estos jóvenes estaban discutiendo entre sí cuando de repente uno de ellos sale corriendo... esta persona que corría estaba vestido de negro y rojo, era la misma persona que presuntamente había visto horas antes y que con el tiempo supo se llama Luis Colmenares, casi no se podía sostener de pie, lo veía que estaba como borracho”.
Posteriormente, Ayola narró una presunta golpiza tras la caída de Colmenares: “no alcanzó a correr sino como unos 5 metros de donde estaba el grupo antes mencionado de la camioneta, se tropieza y cae al suelo, cuando se estaba levantando llegaron los otros que estaban con él ...lo levantaron a patadas en el suelo”.
Añadió incluso la supuesta participación de una mujer en la escena, al afirmar que “la mujer que estaba en la reunión se acercó, le quitó el celular de la mano y le dio una cachetada en la cara”.
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“Colmenares estaba arrodillado...trató como de hablar y la persona que estaba dentro de la camioneta se baja con una botella en la mano y le da un golpe en la cabeza, Colmenares estaba arrodillado en el sitio donde cayó primero de espalda a la camioneta”, se lee en el expediente.
Finalmente, relató cómo, según él, los supuestos agresores se llevaron a la víctima: “Luis Colmenares se desplomó. Cuando esto pasa comenzaron a mirarse entre ellos lo movieron con el pie y lo llamaban este no respondió, uno de los muchachos que estaba ahí lo cogió por el cuello lo levantaron, pero Luis Colmenares estaba desplomado, lo cogieron entre los que estaban ahí, lo alzaron y se lo llevaron hacia la camioneta para montarlo”.
Con el propósito de reforzar la apariencia de credibilidad de su testimonio, Ayola añadió otros elementos que posteriormente fueron desmentidos. Afirmó que “en el punto donde estaban los jóvenes había iluminación y se podía ver bien de donde él se encontraba”.
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Sostuvo igualmente que “le vio bien el rostro a la persona que señaló conducía la camioneta, bajó de la misma y propinó un golpe con una botella a Luis Andrés Colmenares”.
La Fiscalía lo tuvo como testigo protegido en un hotel
La farsa fue tal que en las carpetas judiciales del proceso se revela que Ayola logró ingresar, incluso, en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía bajo el pretexto de supuestas amenazas de muerte en su contra, algo nunca existió y era parte del libreto falso de este vigilante.
El costo de mantener viva su mentira no fue bajo: la Fiscalía incurrió en gastos totales por $6.080.486 destinados exclusivamente a su transporte y manutención como una supuesta ficha clave en el rompecabezas judicial del caso Colmenares, que el pasado 16 de abril tuvo una decisión final al dejar en firme la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero, como también le ocurrió a su amigo Carlos Cárdenas, en el 2014, al ratificarse su inocencia en el caso.
En una movida sin precedentes para un testigo de su calado, Ayola fue ubicado en tres sedes distintas de máxima seguridad durante el año 2012.
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Estas “casas de seguridad” fueron dotadas completamente con enseres y suministros necesarios para su supervivencia, todo a expensas del erario público, mientras él sostenía ante los fiscales que había visto a Carlos Cárdenas propinarle un supuesto botellazo en la cabeza a Colmenares en el parque El Virrey.
El periodo en el que Ayola permaneció en “casas de seguridad” como testigo protegido de la Fiscalía, se lee en el expediente al que accedó EL COLOMBIANO, se desarrolló de manera intermitente durante el año 2012, estructurándose en tres etapas principales marcadas por su exclusión y posterior reincorporación al programa debido a incumplimientos.
Según las actas administrativas del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, Ayola fue ubicado en sedes de seguridad en las siguientes fechas:
- Primera estancia: Ingresó el 8 de junio de 2012 (Acta 935) tras ser solicitada su protección por el Fiscal 11 de Vida. Fue excluido unilateralmente apenas dos semanas después, el 22 de junio de 2012 (Acta 964).
- Segunda estancia: Tras una reconsideración del fiscal, fue reincorporado el 28 de junio de 2012 (Acta 1087). Sin embargo, fue retirado nuevamente el 6 de julio de 2012 (Acta 1167).
- Existe un registro adicional de exclusión el 27 de agosto de 2012 (Acta 1593), lo que indica movimientos administrativos previos a su retiro definitivo de esa fase.
- Tercera estancia: En septiembre, los fiscales del caso Colmenares (Fiscal 11 y Fiscal 4) solicitaron con urgencia su reingreso. Se le otorgó protección inmediata el 1 de octubre de 2012 (Acta 1969), permaneciendo en el programa hasta su exclusión definitiva el 1 de noviembre de 2012 (Acta 2171).
Durante estos periodos, la Fiscalía dispuso de recursos significativos para garantizar la seguridad del testigo falso: fue ubicado en tres sedes distintas bajo condiciones de máxima seguridad, las cuales fueron dotadas completamente con enseres y suministros necesarios para su supervivencia como protegido.
Además de las casas de seguridad, los elementos probatorios que reposan en el proceso judicial ya terminado mencionan registros y facturas en el Hotel El Campín, lo que sugiere su paso por este establecimiento durante las etapas de declaración.
La coartada que siempre estuvo en los libros de minutas
El “testigo estrella” afirmaba que la madrugada del 31 de octubre de 2010 estaba en El Virrey. Sin embargo, la verdad era mucho más mundana y estaba registrada en papel.
Mientras Ayola describía una camioneta oscura y una golpiza brutal, él se encontraba cumpliendo su turno de vigilancia en los conjuntos residenciales Bochica V y VI, en la calle 80, en la capital colombiana.
Las minutas de puesto, firmadas de su puño y letra y que reposan en el expediente, confirmaron que Ayola estuvo en su puesto de trabajo desde las 06:00 de la tarde del 30 de octubre hasta las 06:00 a.m. del día siguiente.
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Pero no solo fue eso lo que terminó tumbando su falsa denuncia, sino que los dictámenes periciales posteriores demostraron que Ayola tenía problemas visuales que le habrían impedido percibir los detalles que narró con tanta precisión técnica ante la justicia. “No estaba en condiciones físicas de observar lo anteriormente relatado”, se lee en uno de los peritajes.
En ese proceso, el hoy condenado manifestó que no tenía “ningún problema visual”, afirmación que fue desvirtuada por los dictámenes practicados por la Universidad de La Salle, los cuales concluyeron que, debido a sus limitaciones físicas, “no estaba en condiciones físicas de observar lo anteriormente relatado”.
El preacuerdo
Cuando el peso de las pruebas técnicas (como la interceptación de sus comunicaciones y los registros del Hotel El Campín) se hizo insoportable, Ayola decidió negociar.
En diciembre de 2013, suscribió un preacuerdo aceptando los delitos de falso testimonio, fraude procesal y fraude a subvenciones . Para obtener la rebaja de pena, Ayola tuvo que reconocer que le robó al Estado.
El juez le exigió reintegrar el 50 % del incremento patrimonial percibido por los subsidios de protección, consignando la suma de $3.150.000 pesos a una cuenta de la Fiscalía.
Fue el precio que pagó, aunque mínimo, para que su condena quedara fijada en 8 años de prisión (96 meses) y una multa de más de 77 millones de pesos.
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El giro final de esta historia ocurrió en los estrados del Tribunal Superior de Bogotá. Inicialmente, un juez de primera instancia le había concedido el beneficio de prisión domiciliaria basándose en su falta de antecedentes.
Sin embargo, en un fallo el Tribunal revocó el beneficio el 14 de mayo de 2015. Los magistrados fueron implacables al calificar a Ayola como un “peligro para la sociedad” y fue enviado a prisión.
El fallo sentenció que su comportamiento “dista mucho del de una persona de bien”, acusándolo de aprovecharse “del dolor por la pérdida de un hijo” para obtener beneficios económicos y causar un estupor social innecesario.
De esta manera, el hombre que vivió meses en casas de seguridad pagadas por el Estado, fue recluido en una celda en La Picota, recordado no como un testigo, sino como el vigilante que intentó venderle una fantasía criminal a la justicia colombiana.
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