Proyectos productivos, titulación de predios y educación: pedido de comunidades para dejar la coca

El Gobierno y la Policía dejaron a un lado la erradicación forzada. Comunidades piden más que eso.

El uso del glifosato y la erradicación forzada son dos de las estrategias que se dejaron a un lado por el gobierno Petro debido a sus afectaciones ambientales, de salud y de orden público. FOTO: COLPRENSA

El director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria Cely, dio por hecho en las últimas horas que la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito fue suspendida en el país, con lo que se confirmó un paso más del Gobierno Nacional para buscar alternativas frente al cultivo de coca.

Con esta medida se confirmó la voluntad del Gobierno de Gustavo Petro para evitar confrontaciones entre la fuerza pública y los cultivadores de coca, que se encamina a descartar por completo estrategias impositivas frente a las labores de cultivo que estas comunidades realizan.

Aunque podría ser un avance, esta medida no es suficiente para que las comunidades que se dedican a los cultivos de uso ilícito dejen de realizar esta actividad. En los últimos años, voceros de los cultivadores han planteado que no se trata solo de hacer erradicaciones, ya sea impuestas o voluntarias.

Al respecto, las comunidades han planteado la necesidad de que el Gobierno Nacional entregue las condiciones para dejar los cultivos ilícitos con métodos como la titulación de los predios, programas de educación y salud, así como proyectos productivos para la seguridad alimentaria.

“Los campesinos están en dos situaciones: enfrentar el hambre y la crisis alimentaria a la que los llevó arrancar los cultivos para vincularse a un plan de sustitución que no cumplió, o reincidir y volver a sembrar”, dijo recientemente Juan Carlos Quintero Sierra, de la Asociación Campesina del Catatumbo.

Una de las posibilidades que contempló el presidente Petro es permitir que los cultivos que sean sustituidos y que comiencen a producir en la región se puedan asociar con ayuda del Estado en procesos de agro industrialización por un valor mayor y que generen grandes ingresos.