El organismo electoral aplazó la decisión de fondo sobre una eventual inhabilidad de Iván Cepeda y conformó una comisión de tres magistrados para estudiar su caso y presentar ponencia.
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) no resolvió de fondo este miércoles si Iván Cepeda está inhabilitado o no para participar en la consulta de sectores de izquierda el próximo 8 de marzo. En su lugar, la autoridad electoral resolvió conformar una comisión para estudiar el caso y rendir ponencia.
La última palabra la tendrán los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, quienes fueron elegidos vía sorteo para integrar la comisión. Se trata de congresistas afines al Pacto Histórico y nominados por colectividades cercanas al petrismo para ocupar esas dignidades.
Se prevé que este mismo viernes 30 de enero los magistrados emitan su ponencia, que deberá ser estudiada y votada en Sala Plena. El senador, quien hoy ocupa el primer lugar en las encuestas, enfrenta un complejo embrollo jurídico que podría dejarlo fuera de la consulta del Frente Amplio.
El debate gira en torno a si la consulta realizada por el Pacto Histórico el pasado 26 de octubre fue un proceso interno o una consulta interpartidista formal. Esta distinción es vital debido a las restricciones legales sobre la doble participación. Lo anterior, teniendo en cuenta que las normas electorales prohíben que un mismo candidato en un mismo certamen participe en más de una consulta interpartidista. En ese caso, Cepeda no podría participar y se mediría directamente en primera vuelta.
En octubre pasado, en un proceso que fue calificado como una consulta interna, el congresista resultó elegido con 1’286.859 votos (aproximadamente el 65% de la votación válida). Tras su victoria, se consolidó como el candidato oficial de este sector para la primera vuelta presidencial. Carolina Corcho quedó en el segundo puesto con 578.037 votos (cerca del 29%) y en tercer lugar Daniel Quintero con 110.486 votos (alrededor del 6%).
Con esa consulta interna, en medio de señalamientos, lo primero que deberá analizar el CNE tiene que ver con la tesis del “pacto roto”. El exregistrador Juan Carlos Galindo, en declaraciones a EL COLOMBIANO, ha sostenido que que Cepeda ya fue reconocido como candidato en un certamen previo con naturaleza interpartidista.
Según Galindo, el Artículo 7 de la Ley 1475 dicta que el resultado de las consultas es obligatorio, por lo que permitirle participar nuevamente “desconocería la voluntad de los ciudadanos” y podría viciar todo el proceso electoral. Contrario a ese argumento, el jurista Alfonso Portela ha dicho que el ejercicio de octubre fue un acto de “fortalecimiento de una colectividad política”.
La discusión alrededor de la participación de Cepeda no solo está mediada por consideraciones jurídicas. Al tratarse de un organismo cuyos magistrados son postulados por los partidos y elegidos por el Congreso, la última palabra frente a su presunta inhabilidad no estaría exenta de factores externos.
Para que haya una decisión en firme se requiere un bloque de seis de los nueve magistrados –es decir, la mayoría absoluta–. Actualmente, en el organismo hay tres magistrados de línea petrista: Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velásquez.
En contraste, desde la oposición aparece el magistrado Álvaro Hernán Prada, mientras que con representación de partidos independientes figuran Maritza Martínez, Alfonso Campo, Cristian Quiroz, Benjamín Ortíz y Altus Baquero.
Aunque no deja de ser incierto qué posturas puedan asumir frente al caso de Cepeda, hay quienes consideran que permitirían su participación en la consulta “para no convertirlo en un mártir de la izquierda”, como dijo una fuente al interior del organismo.
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