La posibilidad de que las comunidades contraten directamente con el Estado y la flexibilización de los requisitos de la contratación estatal que se plantean en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, enfrentaron al presidente de la República y la procuradora general, Margarita Cabello.
La jefe del ministerio público se pronunció el jueves sobre lo que llamó “dos perlas” que están en el plan de desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, que son en otras palabras “micos” que tiene el proyecto que se viene votando por parte de las comisiones económicas del Congreso de la República.
En primer lugar Cabello se refiere a “la autorización para que celebren contratos directamente con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de lo que se denomina la economía popular y comunitaria, a través de unas asociaciones públicas; sin reglas específicas y normativas”.
La segunda “perla” es, para la jefe del Ministerio Público, “la forma de desviar la vigilancia y la regulación de muchos dineros públicos por medio de estas figuras, que permiten que haya una contratación directa y a dedo, porque no hay certeza de que se cumplan con los requisitos exigidos o la capacidad técnica para satisfacer las necesidades”.
Cabello considera que con estas modalidades de contratación se podrían estar desviando recursos con fines políticos o electorales.
Ante la afirmación de la procuradora general, el presidente Petro le respondió por Twitter, citando la teoría de la economista Mariana Mazzucato, en el sentido de defender los recursos públicos y su forma de descentralización.
En un mensaje, aseguró: “La procuradora critica la tesis de Mazzucato sobre la importancia de la contratación pública con acciones comunales y populares. Esta es la forma de democratizar la economía. ¿No se han cansado acaso se engordar grandes carteles de la contratación?”.
Este es el más reciente enfrentamiento entre el mandatario y la procuradora, quienes se habían distanciado, en particular por el interés del gobierno de querer acabar con muchas funciones de la Procuraduría, al incluirlo así en la reforma política.
El Plan de Desarrollo también ha sido cuestionado por la Fiscalía y varios partidos políticos, que cuestionan algunas funciones especiales que pidió el presidente Petro y que le permitirían tomar ciertas decisiones sin consultar al Congreso.
