El procurador general, Gregorio Eljach, pidió a la CRC explicar el fundamento legal y la finalidad de su requerimiento, que ha generado preocupación entre medios, la Flip y la Defensoría del Pueblo por su posible impacto en la libertad de prensa.
La Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección del procurador Gregorio Eljach, abrió una acción preventiva para analizar la legalidad y las implicaciones constitucionales del requerimiento que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) envió recientemente a los medios de comunicación del país.
El documento de la CRC solicita información detallada sobre políticas internas, criterios editoriales, manuales de actuación y relatorías de comités de medios nacionales, con el argumento de evaluar la imparcialidad, objetividad y veracidad de la información que publican.
Sin embargo, la Procuraduría identificó riesgos jurídicos y constitucionales asociados al alcance de la solicitud. Entre ellos, advierte una posible extralimitación de funciones de la CRC, riesgo de censura indirecta, vulneración de derechos como la confidencialidad de las fuentes y el secreto profesional, ambigüedad en el uso de los datos y falta de claridad sobre la voluntariedad de la entrega de la información.
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En una carta dirigida a la directora de la CRC, Claudia Ximena Bustamante, el procurador Eljach señaló que, aunque el requerimiento formulado por la Comisión “se presenta como técnico, su redacción mantiene un tono formal y obligatorio”, lo que podría generar un efecto inhibitorio o de autocensura en los medios de comunicación.
El documento advierte que “persisten elementos susceptibles de comprometer la libertad de prensa y la autonomía editorial de los medios de comunicación”.
Además, el organismo de control observó que la solicitud podría comprometer la reserva de las fuentes, la confidencialidad de las deliberaciones internas y el secreto profesional del periodista.
El procurador aseguró que la entidad no permitirá prácticas que vulneren la libertad de prensa ni la autonomía editorial de los medios.
En consecuencia, exigió a la CRC que, en un plazo de tres días hábiles, remita el requerimiento original, el fundamento legal de su competencia, los protocolos de confidencialidad y una descripción del uso previsto de los datos solicitados.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y la Defensoría del Pueblo también manifestaron preocupación por la circular de la CRC, que pide actas y documentos internos de los medios.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, envió una carta en la que subrayó que las aclaraciones emitidas por la CRC no despejan la inquietud sobre la naturaleza de los documentos solicitados.
Por otro lado, Sofía Jaramillo, directora de la Flip, describió la solicitud como un “asomo de censura” y pidió su retiro: “Aunque la CRC aclaró que la entrega de la información es voluntaria, la mera solicitud genera efectos muy indeseados en el ejercicio periodístico”, señaló.
Jaramillo advirtió además que el requerimiento compromete discusiones internas sensibles y la independencia editorial de los medios.
Desde la CRC, la comisionada para asuntos audiovisuales Andrea Muñoz defendió la legalidad del requerimiento y afirmó que no se trata de una actuación sancionatoria.
En declaraciones a W Radio, explicó: “No estamos en ninguna actuación administrativa específica para establecer sanciones. La intención es promover un ambiente de colaboración y construcción del ecosistema mediático”.
No obstante, la redacción literal de la carta enviada por la CRC advierte sobre posibles sanciones en caso de incumplimiento y establece un plazo de diez días hábiles para entregar la información. Es este ultimátum lo que abrió las preocupaciones frente a las implicaciones que esta medida tendrá en la libertad de prensa.
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