No hay acuerdo en la Corte Suprema sobre competencia de la JEP en caso Maza Márquez

Hace dos años el general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de Luis Carlos Galán. FOTO COLPRENSA

Un choque de trenes entre la primera y segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia se registró en la mañana de este miércoles, luego de que la Sala Especial de Juzgamiento remitió el proceso judicial del general (r) Miguel Maza Márquez a la Jurisdicción Especial para la Paz.

En este caso, la Sala Penal de la Corte ordenó que se remita el proceso nuevamente al alto tribunal debido a que la condena fue promovida por esa unidad. El documento considera que es la Sala Penal la que tiene que identificar si la JEP tiene competencia en los hechos por los que hoy está pagando 30 años de condena.

“La Sala Especial de Juzgamiento desconoció la competencia privativa y excluyente de la Sala de Casación Penal de la Corte para decidir sobre los procesos surtidos contra aforados constitucionales que se encuentran con sentencia ejecutoriada y la potestad de revisar sus propias decisiones”, dice el documento.

En este caso, la Sala Penal de la Corte Suprema es la que debe resolver todos los casos contra aforados toda vez que fue esta quien profirió las decisiones, por lo que se determinará si el hoy condenado cometió los hechos en el marco del conflicto armado y si su proceso debe estar en la justicia transicional.

Maza Márquez había promovido su sometimiento a la JEP como agente del Estado y no como miembro de la Fuerza Pública.

El exoficial fue condenado por la Sala Penal de la Corte el 24 de noviembre del año 2016 por los hechos que rodearon la muerte del dirigente liberal, así como del concejal Julio César Peñaloza Sánchez y del escolta Santiago Cuervo Jiménez, además de las lesiones recibidas por el escolta Pedro Nel Angulo Bonilla, el 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha (Cundinamarca).

La Corte Suprema de Justicia determinó que el entonces director del DAS hizo parte del plan para asesinar al entonces candidato presidencial, debilitando su seguridad, para lo cual nombró como jefe de escoltas a un hombre de su confianza.

Según la Corte, Maza se comprometió a esta tarea previamente con el paramilitar Henry de Jesús Pérez Durán, con quien mantenía estrechos vínculos, y a quien, a su vez, el denominado Cartel de Medellín le había encargado la ejecución del magnicidio.