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Caso Odebrecht: los bienes en los que tiene la lupa la Fiscalía

  • Los bienes de Otto Bula ya tienen medidas cautelares para extinción de dominio. FOTO: Colprensa
    Los bienes de Otto Bula ya tienen medidas cautelares para extinción de dominio. FOTO: Colprensa
06 de septiembre de 2017
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La Fiscalía General de la Nación invitó a la Procuraduría a trabajar juntos en los trámites de extinción de dominio de los bienes conseguidos de manera ilícita con los sobornos entregados por la firma brasilera Odebrecht en Colombia.

Lea aqui: Procuraduría pide extinción de dominio a bienes de Odebrecht

Ya el ente acusador ha avanzado ha adelantado acciones: en febrero de este año, fueron proferidas medidas cautelares sobre 34 inmuebles, 645 semovientes, cinco bienes muebles, dos sociedades, para un total de 686 bienes por valor de 52.415’422.646 de pesos aproximadamente, propiedad de Otto Nicolás Bula Bula. Igualmente, en marzo, decretó medidas cautelares sobre cinco bienes inmuebles, dos vehículos, y 4 millones de acciones de una empresa ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, por un valor aproximado de 4 millones de dólares que harían parte de los 6,5 millones de dólares que recibió el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales.

Así mismo, la Fiscalía le entregó a la Procuraduría una relación de los bienes de los concesionarios que podrían ser afectados. “sobre las cuentas bancarias y los dividendos obtenidos por las sociedades Concesionaria Ruta del Sol SAS, Constructora Norberto Odebrecht S.A; Odebrecht Latinvest Colombia SAS, Estudios y Proyectos del Sol SAS, y CSS Constructores S.A; así como sobre los bienes mencionados en la acción popular promovida por la Procuraduría, ya existen medidas cautelares proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio indicó que el plan de acción conjunto no puede extenderse a bienes que son hoy de entidades públicas, como aquellos que pertenecen a la Agencia Nacional de Infraestructura y que aparecen vinculados con el proceso de Odebrecht, con el fin de garantizar la protección y restablecimiento de los derechos colectivos, en defensa del interés público.

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