Las fricciones entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con el presidente Gustavo Petro le preocupan a la bancada antioqueña en el Congreso. Los parlamentarios antioqueños aseguran que les inquieta que la consecuencia de este choque entre los gobiernos locales y el central sea que quede en el limbo el desarrollo de varios proyectos estratégicos del departamento.
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Y es que la disputa política por las elecciones de 2023 levantó ampollas que parecen difíciles de sanar y que, según Rendón y Gutiérrez, se ven reflejadas en el “desdén” y el “revanchismo” con los que consideran que el presidente trata a Antioquia y a su capital. Lo grave de estas tensiones es que podrían poner en juego la plata para proyectos como las autopistas 4G, el Tren del Río, el metro de la 80, entre otros.
Este diario consultó a congresistas antioqueños de seis partidos sobre estas fricciones y aunque coincidieron en que harán control político en el Capitolio para defender los intereses de Antioquia, no todos se pusieron de acuerdo en los proyectos que consideran que deberían ser prioridad para el departamento.
Preocupa futuro de megaobras
Entre los proyectos que están en medio de esta tensión sobresalen las autopistas 4G. El gobierno Petro dejó claro que estas obras no están entre sus prioridades en Antioquia, pese a que solo hacen falta unos 3 billones de pesos para terminarlas. El senador Juan Felipe Lemos, del Partido de la U, señaló que ante la negativa del Gobierno para priorizar esta inversión, la bancada antioqueña debe articularse para buscar salidas para concluir los tramos que van a quedar faltantes en la Conexión Pacífico 1 (Caldas-Bolombolo) y las obras que conectan al túnel Guillermo Gaviria Echeverri.
“El gobernador y el alcalde de Medellín tienen que defender los intereses del departamento junto a quienes integramos la bancada antioqueña, pero también tenemos la responsabilidad de no ahondar en las diferencias y buscar alternativas que permitan que Antioquia, por cuenta propia, termine estas obras tan importantes”, expuso Lemos.
Sobre la gestión para tratar de garantizar los recursos para concluir las 4G, la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, detalló que la bancada gestionó en 2023 reuniones con el ministro de Transporte, William Camargo, y el de Hacienda, Ricardo Bonilla, pero aclaró que no se lograron acuerdos porque el Gobierno dejó claro que no le inyectará más recursos a estas obras.
“Duele que digan que no hay recursos para las 4G porque, como lo hemos dicho la mayoría de los congresistas antioqueños, son autopistas que pasan por Antioquia, pero que le servirán a toda la Nación. Estamos en la obligación de buscar salidas para garantizar los recursos para estas obras”, apuntó la congresista.
Para el senador conservador Germán Blanco, al Gobierno le falta compromiso con el desarrollo de Antioquia. “Las políticas de Estado deben mantenerse en el tiempo por encima de las políticas de gobierno y esa premisa fundamental no la ha entendido el presidente Gustavo Petro. Las grandes obras benefician al país por completo y a su economía. Las 4G y los túneles acercan al país a la competitividad universal”, dijo Blanco.
Ante esta clara negativa de la Casa de Nariño por poner los recursos restantes para las 4G, el gobernador Rendón le aclaró a este diario que alista una salida con un proyecto de ley que espera presentarle a la bancada antioqueña. “Impulsaremos una modificación para que los faltantes 3 billones de pesos no tengan que salir del presupuesto de la Nación, sino que se puedan conseguir a través de una extensión en el tiempo de explotación de las concesiones”.
En esa línea, Lemos apuntó que se podría contemplar la modificación de la Ley de Asociaciones Público Privadas para permitir que los plazos de concesión de esas asociaciones puedan extenderse más en el tiempo y garantizar así los recursos faltantes. Y agregó que también se podría evaluar un cobro por valorización “que no esté administrado por la Nación, sino que sea el mismo departamento el que lo haga y la administre”.
Por su parte, el representante independiente Daniel Carvalho destacó que una vez se retome la agenda legislativa en febrero, desde la Comisión Sexta de la Cámara, que se ocupa de los temas de transporte, le pondrá la lupa a otras megaobras que considera que deberían estar entre las prioridades de Antioquia y, de paso, del gobierno de Petro.
“Además de seguir en la pelea por la plata para las 4G, tenemos que pensar en el metro de la 80 que tienen un desfinanciamiento de más de 1 billón de pesos. Necesitamos decisiones con respecto al Tren del Río. Y hay que hablar con urgencia del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, que necesita una segunda pista. Estos son proyectos que pueden tardar hasta seis años y, si no se toman decisiones ahora, se van a atrasar cada vez más”, advirtió Carvalho.
Diferencias en las prioridades
No todos los parlamentarios paisas están de acuerdo en que sea necesario concluir con urgencia las obras de las autopistas 4G. Ese es el caso de la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, quien defendió que el presidente Petro definió otros frentes de inversión para beneficiar a todas subregiones del departamento más allá de las grandes obras de infraestructura.
Por ejemplo, destacó que hay iniciativa para impulsar la construcción de vías terciarias, para gestionar la eliminación de los peajes de El Trapiche y Cabildo, ubicados al norte del Valle de Aburrá, y para fortalecer la restitución de tierras.
“A mí me ilusiona mucho la conectividad que se hará entre los municipios de Antioquia con la conectividad vial más allá del centro, o sea de Medellín. El gobierno del presidente Gustavo Petro tiene una apuesta decidida por fortalecer las vías terciarias que permitan que los municipios antioqueños tengan sus vías principales pavimentadas y los campesinos puedan sacar sus producciones agrícolas”, defendió la senadora Zuleta.
A su turno Holguín planteó que el presidente Petro ha dado señales de ser “antiminero y revanchista” con Antioquia con sus decisiones de poner trabas para entregar recursos para las obras, retirarle las facultades a la delegación minera al departamento y con la intervención en Savia Salud. “El gobierno fue arbitrario con la intervención en Savia Salud, que desmejoró la calidad en la atención en salud y nos quitaron una delegación minera con la que crecieron 40% las exportaciones de oro y minerales y que tuvo resultados muy destacados”, señaló.
Blanco señaló que la delegación minera “había demostrado por dos décadas que opera con responsabilidad y sostenibilidad en los territorios con el empresarismo, los inversionistas, los recursos naturales y la población. Buscando afianzar procesos de formalización protegiendo los mineros ancestrales y artesanales con buenas prácticas”.
Zuleta se mostró en desacuerdo y reclamó que en la Comisión Quinta del Senado hizo un debate sobre la delegación minera y “demostré cómo había allí unas situaciones muy graves en materia de protección de la vida, la integridad física de los mineros en nuestro departamento y toda la situación de salud y seguridad minera”.
En su caso, Carvalho manifestó su preocupación por el futuro del mecanismo de “Obras por impuestos”, ya que hay empresas antioqueñas que tienen 13 proyectos a cargo, por casi 200.000 millones de pesos, en materia de educación, infraestructura y salud, y estas iniciativas no han sido evaluadas por los ministerios de Educación, Minas, Transporte y la Dirección Nacional de Planeación, y el plazo límite es hasta el 15 de febrero.
Ante ese panorama, el representante Elkin Ospina, de la Alianza Verde, defendió que la bancada debe poner por encima los intereses del departamento y citar en febrero a una reunión privada con Petro “donde podamos sentarnos con él y entablar un diálogo para poder hablar de frente sobre estos puntos que han sido tan polémicos”, dijo Ospina.
Zuleta expuso que como integrante del Pacto Histórico está dispuesta a propiciar un canal de diálogo, pero resaltó que debe partir desde el respeto mutuo. “Con discursos incendiarios no podemos salir adelante porque las relaciones así son muy complicadas, pero hay total disposición de diálogo para que los proyectos del departamento avancen”, aseguró la senadora Zuleta.
La congresista del Pacto Histórico agregó que, como ocurrió con el exgobernador Aníbal Gaviria, tiene toda la voluntad por tener un diálogo fluido con el gobernador Rendón y aclaró que por encima de las diferencias ideológica priman los intereses del departamento de Antioquia.
“Siempre doy debates con altura sin sesgos políticos, como ocurrió cuando me negué a apoyar a Daniel Quintero, cuando pedía que Corantioquia no tuviese la competencia de las zonas rurales del Valle del Aburrá y reclamaba que la exdirectora, Ana Ligia Mora, era uribista. Para mí los asuntos ambientales y de interés de los antioqueños son sagrados”, agregó Zuleta.
En esa línea, Carvalho pidió que se pase la página de la confrontación política para que la bancada parlamentaria del departamento se encargue de tender puentes entre el gobernador y el presidente. “Me parece preocupante el tono que han mantenido el alcalde de Medellín y el gobernador. Las campañas ya se acabaron y ahora, nos guste o no, también dependemos de decisiones del Gobierno”, agregó. Holguín, Lemos y Blanco plantearon que el presidente no debe tener un trato diferencial con Medellín y Antioquia.
“Los fenómenos de inseguridad que están golpeando a todos los antioqueños. Y en eso el gobernador Andrés Julián Rendón tiene que seguir firme y actuando con determinación y exigiendo resultados de los entes de control, de fiscalización y de la Fuerza Pública”, agregó el senador Lemos.
En lo que sí coincidieron los seis congresistas es en que están a la espera de que el gobernador Rendón convoque a la bancada antioqueña en pleno a una primera reunión lo antes posible para definir las prioridades del departamento y debatir sobre la conveniencia de su propuesta para impulsar una mayor autonomía fiscal del departamento.
“La bancada antioqueña debe pronto ser convocada por los gobiernos de Antioquia y de Medellín para establecer estrategias por encima de los partidos y las ideologías, exclusivamente en defensa de los intereses del departamento que no afectan como tal el desarrollo nacional”, apuntó el senador Blanco.
