El atentado sicarial contra cuatro funcionarios del Inpec en las afueras de la cárcel La Modelo, en Bogotá, volvió a hundir el dedo en la llaga sobre la vulnerabilidad que estos servidores públicos tienen y la amenaza latente que sobre ellos tienen los diferentes grupos de crimen organizado.
El director de la entidad, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, relató que el ataque sucedió a las 6:30 a.m. de este viernes, cuando “pasaron dos motocicletas con cuatro delincuentes, quienes impactan de manera indiscriminada a cuatro funcionarios penitenciarios, de los cuales uno falleció. Los otros tres están siendo atendidos en hospitales”.
El fallecido fue el dragoneante Daniel Muñoz Llano, de 26 años, quien al igual que sus compañeros heridos integraba el Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec.
Lo sucedido provocó múltiples reacciones. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se solidarizó con las familias de las víctimas y enfatizó que “no vamos a retroceder jamás ante la violencia”.
La Defensoría del Pueblo expidió un comunicado recalcando que “este hecho no puede ser tratado como un evento aislado. Se suma a una serie de agresiones en el marco del denominado ‘plan pistola’, que en los últimos tres años ha cobrado la vida de 30 integrantes del Cuerpo de Custodia en todo el país”.
La cárcel La Modelo ya había estado de luto recientemente. El 16 de mayo de 2024 otros sicarios acribillaron en su carro al director del establecimiento, el coronel (r) Elmer Fernández Velasco. Lo siguieron cuando salió de su despacho rumbo a su casa, y lo cazaron varias cuadras adelante.
¿De dónde vienen las balas?
En contra de los servidores del Inpec se registran, en promedio, 200 amenazas anuales, según el coronel Gutiérrez.
Las intimidaciones provienen de múltiples actores delincuenciales que están presos, y que pertenecen a grupos terroristas y de crimen organizado, como las disidencias de las Farc, el ELN, Clan del Golfo, “la Inmaculada”, “los Rastrojos Costeños”, la banda de “Satanás”, “la Oficina”, Tren de Aragua y Comandos de Frontera, entre otros.
Esto hace difícil para los investigadores identificar a los posibles autores de este último atentado.
Una de las pistas que siguen, según fuentes judiciales, tiene que ver justamente con el caso del exdirector Fernández. Por su muerte hay cuatro personas condenadas a 27 años de prisión, en calidad de coautores materiales: Anyelo Cárdenas Cuca, Juan David Beltrán Torres, Diego Alejandro Murillo Rivera y Sharon Juliet Martínez Roa.
Aunque todavía no se ha esclarecido quién los contrató, la hipótesis más fuerte es que la orden provino de la banda “la Inmaculada”, originaria de Tuluá, Valle. El grupo tenía amenazado al directivo por unas requisas a la celda de uno de sus cabecillas, Pedro Nel Caro Triana (“Pedro Pluma”).
“La Inmaculada” ha ejecutado a otros miembros del Inpec en diferentes ciudades. De hecho, las investigaciones judiciales detallan que hace años se inventó una identidad fachada para tratar de despistar a las agencias de seguridad: “Mago”, un acrónimo de la palabra “Muerte a Guardianes Opresores”.
A esta organización narcotraficante se le atribuye el homicidio del dragoneante Édinson Montenegro Cardona, acribillado afuera de la cárcel El Bosque de Tuluá, el 12 de abril de 2017.
También estaría vinculada al atentado que dejó herido al dragoneante Nicolás Torres Noreña, en esa misma ciudad, el 8 de abril de 2024; y de los asesinatos, perpetrados al día siguiente, del dragoneante Léider Romo Rojas, en Buga, y de Óscar Quevedo, el expresidente del sindicato Unión de Trabajadores Penitenciarios, en Palmira.
¿Será que “la Inmaculada”, o “Mago”, como también se hace llamar, tiene que ver con la incursión sicarial que mató al dragoneante Muñoz en Bogotá?
Su cabecilla, Andrés Felipe Marín Silva (“Pipe Tuluá”), fue precisamente objeto de una polémica la semana pasada. Está preso en la estación de Policía de Los Mártires, en la capital, y su defensa instauró una tutela para que fuera trasladado a La Picota.
El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Villanueva (La Guajira) aceptó la tutela y ordenó el traslado inmediato, el cual no fue autorizado por el Inpec, por lo que “Pipe Tuluá”, por medio de su defensa, señaló que esa entidad penitenciaria obstruía su cambio de celda.
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